En Bajo Cauca hay cuatro grupos disputando el territorio

Un conflicto marcado por la clandestinidad de los victimarios

El Cinep alertó sobre la situación de derechos humanos en Antioquia y los constantes ataques a líderes sociales de base. En Medellín preocupa el fortalecimiento de bandas asociadas al narcotráfico.

De acuerdo con la Corporación Jurídica Libertad, más de 5.000 efectivos de la fuerza pública han llegado al Bajo Cauca en los últimos dos años ./ AFP

Los cambios en la dinámica de la confrontación y disputa territorial por cuenta del reacomodamiento de los grupos ilegales, pero sobre todo la metamorfosis de la caracterización tanto de los victimarios como de las víctimas, son los ejes claves que muestran la forma en la que está evolucionando el conflicto armado en las distintas regiones del país.

La tesis la plantea el padre Javier Giraldo, investigador del equipo de derechos humanos del Cinep/PPP, al explicar que la información recolectada por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política y la revisión de los casos documentados en los últimos semestres, dan cuenta de una clara persecución y exterminio al liderazgo de base social representado en campesinos, afros, indígenas vinculados a grupos de víctimas, juntas de acción comunal o a iniciativas en favor de las comunidades.

Con un agravante: en la mayoría de los asesinatos el victimario nunca es identificado y el modus operandi se repite. Se trata casi siempre de encapuchados vestidos de civil que se movilizan en motos sin placas, disparan contra la víctima y huyen en cuestión de segundos. Ningún grupo armado se atribuye el crimen. “El nivel de clandestinidad es máximo y el victimario no se puede identificar y es completamente imposible de investigar. Recuerda uno el consejo que un general del Ejército le dio a un líder paramilitar hace muchos años, a finales de los 90 y que quedó consignado en una declaración ante la Fiscalía: “Están causando mucho escándalo con asesinatos muy masivos. Bájenle el tono y más bien maten de a poco”. Ahora parece que ese concepto se concreta y el objetivo ya no es matar a un líder muy destacado, sino a los de base, a los que están ejerciendo una tarea concreta que molesta al Estado o a las empresas. Matar sin reivindicar siquiera una identidad concreta”, dice el padre Giraldo.

Los efectos de esa reconfiguración del conflicto y de los cambios en la caracterización de víctimas y victimarios se ven claramente en departamentos en los que confluyen, además, intereses por las economías lícitas e ilícitas. El informe presentado este miércoles por el Cinep sobre la situación de derechos humanos en Antioquia, por ejemplo, da cuenta de cómo el interés de grupos paramilitares y el crimen transnacional por darle continuidad a toda la cadena de producción de cocaína ha convertido en objetivo militar a los líderes del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. De hecho, entre 2017-2018 han sido asesinados dieciséis líderes en el departamento por el solo hecho de pertenecer a dicho programa. Eso sin contar los cerca de 40 que han sido desplazados forzadamente de sus territorios.

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En general, en lo que va del año, el banco de datos ha documentado en Antioquia 1.184 casos de amenazas; tres delitos contra la libertad y la integridad sexual, dos desapariciones forzadas; 4.162 casos de desplazamiento forzado; 12 homicidios; cinco lesionados; una víctima de artefactos explosivos; un secuestro y un reclutamiento de menor.

En Medellín, puntualmente, la radiografía de la presencia de ilegales está más que documentada y por eso el llamado sigue siendo a adoptar las políticas que ataquen los problemas estructurales ya identificados. “En Medellín el 85 % de las organizaciones hacen parte de la Oficina del Valle de Aburrá, antes conocida como la de Envigado; el restante hace parte de las Autodefensas Gaitanistas, y hay comunas como la 8 en la que hay presencia de los Urabeños. Estos grupos implantan el control en el territorio de la economía legal e ilegal, e inciden en la cotidianidad de las personas. Controlan qué carros entran y salen, la leche, la basura, los huevos y todo está ligado al control del narcotráfico y el microtráfico”, sostiene Carolina Moreno, de la Corporación Jurídica Libertad.

El informe también alerta sobre la situación particular de la subregión del Bajo Cauca, en la que en los últimos dos años ha aumentado la presencia de estructuras de grupos armados ilegales como los Caparrapos, las Autodefensas Gaitanistas, el Eln y en los últimos meses las disidencias de las Farc a través de los frentes 36 y 18. Un complejo panorama al que habría que agregarle la presencia de carteles brasileros y mexicanos como Los Zetas, Sinaloa y Jalisco que, según el Cinep, desde 2013 están trabajando en municipios de la subregión con las estructuras paramilitares. “Estos carteles cumplen una función clave en la red del crimen transnacional. Esta recomposición y actual disputa territorial, ha generado el aumento de los homicidios y el desplazamiento forzado”, reza el documento.

Las cifras muestran que en 2018, se presentaron 399 asesinatos y en lo corrido de 2019 (mayo), 150. En lo que respecta al desplazamiento forzado en 2018, 12.006 personas tuvieron que abandonar sus casas y huir a otros municipios de Antioquia u otros departamentos. De acuerdo con Winston Gallego, de la Corporación Jurídica Libertad, los campesinos y los líderes comunitarios son las principales víctimas de las agresiones y en su mayoría se trata de personas que están en oposición al modelo extractivista o que están impulsando programas de sustitución de cultivos. “En el Bajo Cauca no solo los paramilitares matan a la gente; el desarrollo y el modelo extractivista también. Lo que estamos viendo es un ataque frontal al Acuerdo de Paz. Y llama la atención que ha habido un incremento de más de 5.000 efectivos de la fuerza pública en los municipios del Bajo Cauca en los últimos dos años y no han logrado retomar el control de la zona”, sostiene Gallego.

El problema de fondo, no solo es que exista un exterminio del liderazgo social de base sino que, además, el sistema de denuncia e investigación no es funcional. La sensación es que hay impunidad generalizada en los casos de asesinatos de líderes y que a pesar de las alertas, las amenazas y los ataques no cesan. “Todo esto nos muestra que va ganando la impunidad con esta característica de clandestinidad del victimario. La impunidad va agarrando más casos porque la justicia sigue aferrada a los métodos clásicos de investigación, llamar a testigos para que den testimonio o hagan retratos hablados, y eso ya no funciona”, enfatiza el padre Giraldo.

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Marcela Osorio Granados - @marcelaosorio24

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