UNP deberá mejorar el esquema de protección de excombatiente de las Farc

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Así lo ordenó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en segunda instancia, después de que Martha Inés Zapata impusiera una tutela en la que alegaba que su vida corría riesgo por tener medidas precarias de seguridad. El togado ponente hizo un llamado a la entidad a cumplir con su trabajo sin excusas.

Desde que empezó su proceso de reincorporación a la vida civil, la violencia viene persiguiendo a Martha Inés Zapata, exguerrillera de las extintas Farc. El 25 de agosto de 2017, en el marco de sus funciones como lideresa al interior del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Aldemar Galán, en Patía (Cauca), fue víctima de un atentado. Un par de hombres armados le quisieron quitar la vida.

Después del episodio y, en medio de una turbulencia burocrática, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un esquema de seguridad compuesto por dos agentes a su cuidado y una camioneta blindada. Según Zapata, esto apenas era lo mínimo que reclamaba, pues constantemente se movilizaba por zonas con altos índices de inseguridad en los que pululan amenazas en contra de los líderes regionales y excombatientes.

“No es un secreto la situación de constante peligro que se vive en el Cauca. También como me movilizo bastante entre el estrecho y Nariño, la complejidad allá no cambia mucho y por eso sentí terror cuando hace casi un año me disminuyeron el esquema. Hubo días en los que motos de alto cilindraje con personas sospechosas rodeaban mi casa y nos amenazaban. Por suerte varios compañeros y vecinos me alertaron sobre todo esto. ¿Es qué cuántos excombatientes más deben morir para que entiendan que esto es un genocidio?”, dijo Zapata a este diario.

A pesar de ser coordinadora en el ETCR Aldemar Galán, miembro enlace territorial del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), presidenta de las asociaciones de Víctimas por la Paz y el Desarrollo (ASVIPAD) y Víctimas del Conflicto Social y Armado (ASOVICUR), vicepresidenta de la Cooperativa Cocendapaz e integrante de la dirección del partido político Comunes en Nariño, hace un año su seguridad se redujo a un agente de seguridad. Sobre el vehículo a su servicio, cuenta, le notificaron que no podía contar con él por estar en “mantenimiento técnico”.

El 27 de agosto de 2020, tres años después del primer atentado, la UNP comenzó a reevaluar el riesgo de Zapata, después de que ella hiciera una nueva solicitud ante las incesantes amenazas y el incremento de la violencia en el departamento. Según el partido Comunes, 42 firmantes del Acuerdo han sido asesinados en el Cauca. A pesar de eso, la entidad hasta hoy no le ha dado respuestas.

Por ese motivo, el pasado 14 de enero Zapata interpuso una tutela ante el Juzgado penal del circuito en Patía, para exigirle al Estado que le garantizara la protección de su vida que, por su actividad política y condición de exguerrillera, estaba en riesgo. Dijo que le estaban vulnerando sus derechos a la vida, seguridad personal y debido proceso.

La UNP confirmó, en respuesta al juzgado, que “dicho procedimiento está retrasado por el difícil contexto geográfico y político de la zona” donde vive Zapata y por los efectos de la pandemia. Sin embargo, se solicitó a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección priorizar su caso, en aras adoptar una decisión técnica de fondo.

Hasta el 6 de julio de 2020, según la UNP, Zapata tuvo completo su esquema de protección y el 23 de noviembre de del mismo año, fue asignado el escolta faltante, lo que descarta la trasgresión de derechos fundamentales. El juzgado le dio la razón a la entidad y negó la tutela, agregando que la UNP inició una reevaluación de su nivel de riesgo.

La exguerrillera alegó que eso no era verdad y pidió la revisión de su caso en segunda instancia, pues “señaló que los términos para la valoración del riesgo por parte de la Unidad Nacional Protección están más que vencidos, puesto que, desde el 27 de agosto de 2020, fue entrevistada sin obtener ninguna información con posterioridad, lo cual desconoce el alto riesgo al que está sometida por el ejercicio de su labor”, resaltó el Tribunal.

El Tribunal falló a su favor y señaló que a Zapata le fueron violados sus derechos fundamentales. Además resaltó las circunstancias “temporales e históricas”, como la firma de un Acuerdo de Paz, en la que se desarrollan los hechos. Por esas razones, le exigió a la Unidad de Protección elaborar, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, la evaluación y reevaluaciones de nivel riesgo, con el fin de garantizar la seguridad de la mujer.

“Tal retardo no justificado por la Unidad Nacional de Protección, en reevaluar el riesgo al que está sometido la señora Martha Inés Zapata Urrego, desconoce que aquella es una reconocida líder social en proceso de resocialización, quien desempeña sus labores en los departamentos del Cauca y Nariño, en zonas que la misma accionada calificó de delicado “contexto geográfico y político”; lo cual atenta contra su derecho fundamental a la vida”, explicó el magistrado Ary Bernardo Ortega.

Además, le hizo un llamado de atención a la entidad: “Ahora, si bien es cierto el mundo afronta una crisis generada por la pandemia COVID-19, ello no comporta excusa para que la Unidad Nacional de Protección, interrumpa la prestación de sus servicios o incumpla con el objetivo para el cual fue creada”. Y menos, dijo el Tribunal, cuando el 3 de abril de 2020, sacó un comunicado en el que informó que seguía cumpliendo con sus labores con éxito, a pesar de la emergencia sanitaria.

Ahora la entidad debe asignarle durante un año un vehículo blindado, un chaleco antibalas, dos hombres en función de escoltas y un dispositivo para comunicarse.

Para Zapata, la decisión es un alivio: “Constantemente me siento en peligro. Hay amenazas serias en contra de mi vida y de mis allegados y lo que menos quiero es quedarme callada y que nos maten. Confío en que esta tutela ya por fin nos traiga tranquilidad. Esperemos que la UNP se demore menos de los 30 días que propusieron porque en cualquier momento pueden volver a atentar contra mí. A menos de 15 minutos del ETCR hemos visto personas armadas, gente misteriosa que antes no se veía y que por las noches dan ronda en camionetas por las veredas. Una de ellas se parqueó una jornada completa al frente de mi casa. Puedo jurar que me estaban haciendo inteligencia”.

Según la Consejería para la Estabilización y Consolidación del posconflicto, actualmente hay 272 esquemas de seguridad para excombatientes que están trabajando de manera articulada con la Unidad Especial de la Fiscalía para establecer los asesinatos sistemáticos de los reincorporados, los cuales ya suman 254 desde la firma del Acuerdo de Paz.

Sin embargo, en el primer mes de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exigió una mayor y más efectiva implementación de medidas cautelares para que desde la Consejería de Estabilización y la misma UNP trabajen incesantemente por la seguridad de los firmantes de paz.

Concretamente, la jurisdicción le solicitó al director de la UNP, Alfonso Campo, la presentación de un plan de acción y una estrategia para evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo pendientes.

A esto se sumó el llamado del Parlamento Europeo, institución que solicitó al Gobierno Duque la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, por medio del cual se logre la contratación de 686 escoltas y 40 analistas necesarios para proteger la vida de los exguerrilleros con vida en transición.

Por lo pronto, mientras llega su esquema completo, Zapata cambia de rutina e intenta pasar desapercibida dentro de su comunidad para no ser un blanco fácil. Eso sí, advierte, no abandonará en ningún momento sus funciones como cabeza visible de sus diferentes campañas comunitarias de reincorporación.

Otros fallos de tutela a favor de la seguridad de los excombatientes

El 26 de enero de 2021, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán falló una tutela en la que le ordena a la UNP que dentro de las 48 horas siguientes complete el esquema de seguridad del exguerrillero Groelfi Rodríguez Moreno o Ramiro Cortéz, quien se encuentra haciendo su proceso de reincorporación en el espacio de reincorporación Aldemar Galán en El Bordo (Cauca). El excombatiente aseguró a que pese a que tiene asignado un esquema de protección de cuatro hombres, desde junio de 2020 solo ha contado con el servicio de tres escoltas.

En esa misma fecha, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto también le ordenó a la UNP implementar en cinco días hábiles las medidas de protección del excombatiente William Santamaría, coordinador de la nueva área de reincorporación en Tallambí (Nariño). Por las amenazas que recibió, la UNP decidió reforzar su esquema de seguridad en abril de 2020, sin embargo a la fecha no se ha hecho efectivo.

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