Yo estuve en el "slow track" de la JEP

En la Cámara de Representantes, la Justicia para la Paz fue aprobada sin tantos tropiezos como en el Senado. /Gustavo Torrijos - El Espectador.

En el ambiente había un olor a chantaje. Era la enésima vez que el Congreso intentaba aprobar en último debate la que siempre fue considerada la columna vertebral del Acuerdo Final con las Farc: la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Desde las primeras sesiones, durante el segundo período legislativo -que marchó con un estilo más slow que fast track- se volvió todo un reto mantener el quórum necesario para dar, si quiera, la discusión alrededor de la iniciativa. Y por eso el presidente de la corporación, Efraín Cepeda, en una especie de complicidad con el Gobierno, sacó el único “as bajo la manga” que le quedaba: el proyecto de doble instancia que beneficiaría a los congresistas.

La idea era persuadirlos con ese proyecto y obligarlos a que permanecieran en el recinto hasta el último minuto. El motivo era evidente. La iniciativa de doble instancia sería el salvavidas para los legisladores que quisieran controvertir las decisiones judiciales que se adoptaran en su contra, como condenas por delitos ordinarios o la declaratoria de muerte política. Luego de 10 años frustrados intentando sacar un proyecto de semejante magnitud, no se podía dejar pasar una oportunidad como esa. Y así, el proyecto del Ministerio de Justicia fue incluido en el orden del día, como el segundo punto a discutir luego de que fuera votada la JEP.

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La estrategia sirvió, al menos, para que con una votación precaria -pero suficiente- la JEP lograra dar luz verde y su texto fuera aprobado el jueves 30 de noviembre, justo el día en el que el procedimiento especial legislativo o fast track pasó a mejor vida. Era el aparente triunfo de un gobierno ya desgastado, sin fuerza en el Capitolio y con antiguos aliados que, al ver el ocaso de un presidente con una popularidad cada vez peor, decidieron darle la espalda. Al punto que, en una decisión absolutamente torpe, las mesas directivas de Senado y Cámara conformaron una comisión de conciliación -encargada de ajustar el texto final de la JEP- integrada mayoritariamente por los partidos que se opusieron al sistema de justicia transicional: dos congresistas de Cambio Radical, uno del Partido Conservador y uno del Partido Liberal.

Era de no creer. Pero, como dicen, toda situación es susceptible de ser peor y ese sería apenas uno de los tantos errores que el Gobierno cometería en desarrollo de la implementación de los textos de La Habana -como el que ocurrió después con las 16 curules de paz. ¿El resultado? Un certero golpe a los miembros que, en teoría, formarán parte de los distintos tribunales que tendrá la JEP. A raíz de esa subcomisión legislativa, quedaron establecidas unas condiciones tan particulares que parecían hechas por un sastre: justo a la medida para evitar que varios de los magistrados ya designados por el Comité de Escogencia se posesionaran.

Y a esa derrota le siguió la sombra de lo que significó para el Gobierno defender la participación en política de los exguerrilleros. La misma que estuvo a punto de hundirse esa última semana del mecanismo expedito para desarrollar jurídicamente lo pactado en Cuba. El principal partido opositor al gobierno Santos, el Centro Democrático, se fue convirtiendo en la más importante amenaza a la hora de tomar decisiones al respecto, especialmente, porque ya había comprobado el poder que tenía en el recinto cuando su voto fue decisivo a la hora de votar las inhabilidades para los magistrados de la JEP ya mencionadas.

Al final, como se sabe, el Gobierno terminó cediendo y decidió acoger una aclaración que condiciona dicha participación, impuesta por las colectividades que aún rechazan que 10 integrantes de la exguerrilla, como mínimo, tengan una curul garantizada el próximo año. Esa misma semana, de hecho, hubo varias reuniones en la Casa de Nariño, en donde el propio presidente Juan Manuel Santos, junto con sus más fieles alfiles, los ministros del Interior, Guillermo Rivera, y de Justicia, Enrique Gil Botero, pusieron sobre la mesa los distintos planes para salvar la paz: ¿Conmoción interior? ¿Emergencia social? ¿Asamblea nacional constituyente? “No se le olvide. Siempre habrá un plan b”, me dijo un alto funcionario del Estado.

Hoy esas derrotas del Gobierno están en manos de la Corte Constitucional, que se apresta a revisar en detalle el texto aprobado, tal y como quedó establecido en el Acto Legislativo para la Paz. Allí es a donde deben llegar los proyectos de la implementación del Acuerdo Final antes de que cobre vigencia. Y la estocada final podría darla ese alto tribunal próximamente. O, a lo mejor, termine salvando lo que el Gobierno no pudo en el Congreso.Ju