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Al soldado profesional Darío Alfaro le tomó casi quince años reconocer que era una víctima del conflicto. Cómo podía serlo, si le habían enseñado que él era un “héroe de la patria”, que los militares no son víctimas. Durante los años que estuvo en la institución, nunca pudo resolver esa dicotomía: ¿era un héroe o una víctima?
El 8 de julio de 1999, Alfaro prestaba servicio militar en Gutiérrez (Cundinamarca), adscrito al batallón de artillería Fernando Landazábal Reyes. Esa madrugada, dos frentes y una columna móvil de las Farc se tomaron el municipio en una acción que dejó 36 soldados muertos. El ataque fue considerado como una infracción al derecho internacional humanitario (DIH) por haber usado armas no convencionales y por el estado de indefensión en el que quedaron los militares. Quienes allí murieron apenas prestaban el servicio militar y no tenían más de veinte años. Alfaro acababa de cumplir los 18. Días después del ataque, él, que sobrevivió al hecho, se reintegró a las Fuerzas Militares. El horror que vivió ese día se lo guardó en el pecho y siguió adelante, como si nada.
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Por décadas, quienes han pertenecido al Ejército y han sido víctimas del conflicto, igual que el soldado Darío Alfaro, se han callado las secuelas que les dejó la guerra. Pero la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc les abrió una ventana también a ellos, para que fueran reconocidos como víctimas en el marco del sistema de justicia transicional, aunque ya lo fueran en el ámbito jurídico en la ley 1448 de 2011. Así lo entendió la organización Mil Víctimas, que desde hace dos años tomó la batuta en la lucha por el reconocimiento de los militares como víctimas del conflicto.
“Para el militar, la palabra ‘víctima’ sigue siendo algo que lo despoja de su honor”, explica Mónica Ñañez, psicóloga y directora de Mil Víctimas. Según dice, ese ha sido el principal obstáculo para llegar a los militares que sufrieron el impacto de la guerra. Por eso, desde que se crearon como organización, en septiembre de 2017, se dieron a la búsqueda de todos aquellos militares víctimas, quienes en muchos casos no sabían ni siquiera que lo eran.
Empezaron a ir a encuentros regionales de víctimas, a contactar pequeños grupos de militares y sus familiares que empezaron a juntarse, acudir a foros, encuentros y eventos. Pero la tarea luego era de pedagogía misma y enseñar sobre el sistema de justicia transicional, derivado del proceso de paz. “Estamos hablando de militares que tenían secuelas por hechos ocurridos hace más de veinte años. Muchos de ellos no saben qué es la Comisión de la Verdad, qué es la Jurisdicción Especial para la Paz y a veces ni que existe la Ley de Víctimas 1448”. Y no lo saben porque cuando se acercaron a las instituciones, a veces por el mismo desconocimiento de los funcionarios, les dijeron que los militares no eran víctimas del conflicto.
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Pero también se han tenido que tomar espacios incluso dentro del mismo Ejército, donde se invisibilizaba muchas veces a sus víctimas. “La tarea de Mil Víctimas también está en asistir a los cursos de ascenso de coroneles a generales, de mayores a tenientes coroneles, en donde se muestre que hay una organización que acoge a las víctimas militares y acabar con eso de que o somos héroes o somos víctimas. Nuestros miembros tienen que ser visibilizados no solo hacia afuera sino también al interior de la institución”, dice el coronel en la reserva Carlos Arturo Velásquez, perteneciente a la organización.
Desde Mil Víctimas resaltan la legitimidad del sistema de justicia transicional en su conjunto y lo reconocen como un escenario histórico para darles un lugar digno a los integrantes de las Fuerzas Militares víctimas del conflicto. De hecho, su creación misma es un esfuerzo en ese sentido. Cuando se consolidaron entidades como la Comisión de la Verdad o la JEP, entendieron que debían agruparse para empezar a llevar a esas entidades las verdades que, dicen, no han sido escuchadas.
En ese camino, por ejemplo, encontraron a las víctimas de la toma de Gutiérrez, donde se cruzaron con el soldado Alfaro. Allí su labor ha estado enfocada en trabajar con las madres de quienes murieron ese día y empezar a juntarlas. Sin embargo, encontrarlas ha sido difícil. Alfaro cuenta que, en lo que corresponde a los sobrevivientes, de doce que lograron vivir después de la acción, solo han encontrado a seis. La búsqueda sigue.
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Encontraron también a algunas víctimas de la toma a la base militar Las Delicias, en Putumayo, ocurrida en agosto de 1996. “Los encontramos en una precariedad absoluta”, lamenta Mónica Ñañez. Según cuenta, quienes estuvieron secuestrados después de ese ataque poco han hablado de lo que sufrieron durante el cautiverio. Muchos de ellos hoy viven con adicción a sustancias psicoactivas, que les ayudaron a hacer más llevaderos los efectos del estrés postraumático. Otros viven del rebusque. Y como ellos, están también las víctimas de la toma a la base de Miraflores (Guaviare). Y las de tantas otras acciones de la insurgencia que los marcaron y les dejaron traumas que nunca les atendieron, porque no hubo una ruta clara para ello.
Por eso hoy desde Mil Víctimas quieren revertir la deuda histórica que el Estado tiene con ellos. Su principal apuesta es conseguir para estas víctimas una reparación integral que las dignifique. Hasta ahora, han logrado alcanzar a unas 400 personas entre víctimas directas y familiares. Uno de sus principales logros, el informe que entregaron a la JEP, titulado “La devastación de un pueblo: medios y métodos de guerra ilícitos empleados por las Farc”, en el que documentaron más de 7.000 casos de militares víctimas de minas antipersonales y otros 2.000 casos de civiles.
Creen en la justicia restaurativa. Por eso, hacen acompañamiento desde el otro lado, a los militares que están acudiendo a la JEP como responsables de graves delitos cometidos durante el conflicto, principalmente, los que están compareciendo en el caso 003, sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. La idea para el próximo año es que desde Mil Víctimas acompañen el encuentro de esos comparecientes con sus víctimas. “Lo que hay que hacer es conocer las expectativas de reparación que tienen esas víctimas, qué esperan ellos, qué quieren, qué consideran que les repara el daño causado por una muerte ilegítima a manos de un agente del Estado. Eso no es fácil, hay que ir rompiendo la desconfianza”, asegura John Vásquez, quien está al frente del acercamiento de los comparecientes a la JEP en el marco de la Defensoría Militar.
El año entrante también quieren promover semilleros de investigación en universidades, fortalecer el acompañamiento psicosocial a estas víctimas y preparar otros informes para la JEP y la Comisión de la Verdad. Una de sus principales apuestas es que la JEP abra un caso específico para indagar sobre las afectaciones de los militares víctimas del conflicto armado.