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Lo han dicho en más de una ocasión, desde el presidente Juan Manuel Santos hasta los jefes negociadores de Gobierno y Farc en La Habana: la firma de un acuerdo final representa tan sólo el fin de la confrontación armada y la paz será un proceso de construcción que tomará tiempo y que dependerá —en muy buena medida— de la adecuada implementación de lo pactado en la mesa de diálogos. Y con el reloj andando y la posibilidad cercana de que los diálogos de Cuba concluyan con éxito, es más que necesario comenzar a discutir sobre los retos que tendrán que asumir las partes y la sociedad colombiana de cara a lo que se viene en materia de posconflicto.
De ahí que ese haya sido el eje de los debates que se desarrollaron ayer en el marco del encuentro nacional “La creatividad para construir paz”, realizado por el proyecto periodístico Colombia 2020 de El Espectador, en asocio con la Unión Europea (UE), y cuya instalación contó con la participación del jefe de Estado y la embajadora de la UE en Colombia, Ana Paula Zacarías.
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“El fin del conflicto es una condición necesaria, pero no suficiente, para la construcción de la paz, que, además, no será perfecta. Nadie va a quedar 100 % satisfecho y no se van a resolver todos los problemas al día siguiente de la firma del acuerdo final, pero la paz es mejor que la guerra”, aseguró el presidente Santos durante su intervención en la apertura del evento.
Una postura con la que coincidió Rafael Grasa, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y primer presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz, quien insistió en la importancia de que los colombianos entiendan que la paz no supone la ausencia de conflictos, sino la ausencia de violencia criminal, y que por tanto la clave está en aprender a solucionar y gestionar las dificultades restantes. “La paz es técnicamente una finalidad de segundo orden; no se consigue sin resolver otros problemas. Esto requiere transformaciones para solucionar las incompatibilidades de fondo, porque no basta con un pacto superficial”, explicó, señalando que una vez las Farc salgan del escenario, la urgencia será lidiar con los muchos conflictos latentes, activos y potenciales.
De la resolución de dichos conflictos, en muchos casos también relacionados con la violencia criminal, dependerá también la viabilidad de la paz a futuro y su sostenibilidad tras la implementación de lo pactado con las Farc, como lo afirmó Manuel Oviedo, oficial de enlace para Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur): “Al firmarse el acuerdo de terminación del conflicto con las Farc no se está logrando todavía la paz. Hay que complementarla con otros procesos, como el del Eln y otros actores armados ilegales que también generan efectos humanitarios muy fuertes en la población”.
En esa vía, el trabajo por hacer es arduo y los caminos diversos. Para María Alejandra Villamizar, asesora de la Presidencia para la pedagogía de la paz, la prioridad está en reconstruir y consolidar la confianza en el proceso, las instituciones y el Estado. “Las estadísticas indican que los primeros 12 meses de la implementación son los definitivos para sembrarle confianza al acuerdo y, en la medida en que incremente cada punto porcentual de la implementación correcta, eso va a impedir que los grupos que han dejado las armas vuelvan a ellas”, manifestó.
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Por esa razón, la primera gran tarea del Gobierno será llegar rápidamente, con soluciones efectivas, a las zonas en las que históricamente ha habido déficit o ausencia de la presencia estatal y en las que las comunidades esperan ver de primera mano los beneficios que traerá el fin del conflicto. “Hay una ausencia que habrá que cubrir rápidamente, llegando con iniciativas y obras. Pero no es sólo la falta de presencia a lo que hay que ponerle cuidado, también a la falta de pactos sobre transparencia y eficiencia del gasto público, que está muy segmentado entre los diferentes programas de Estado. Debe haber una descentralización de la política pública, y esta es la oportunidad para repensar estos modelos de gobernabilidad en el país”, manifestó el director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Arnaud Peral.
El Gobierno es consciente de ello. Por eso, según explicó el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ya se está trabajando en un plan de respuesta inmediata para llegar a las regiones del país que necesitan atención. “Tenemos que cumplir nuestra parte de dar resultados rápidos en los territorios que muestren que está llegando la paz. También estamos proponiendo un gran plan macro que articule los esfuerzos de las instituciones, la sociedad y la cooperación internacional. Tenemos que fortalecer nuestra capacidad institucional y trabajar de la mano con gobernaciones y alcaldías, y mejorará la gestión en los territorios”, detalló.
Otro punto fundamental a tener en cuenta es la necesidad de realizar cambios profundos en la institucionalidad, empezando por la política misma. Una tarea que incluso está consignada en uno de los acuerdos alcanzados en La Habana —el referente a la participación política—, que plantea la reforma del sistema electoral y la creación del estatuto de la oposición, entre otras medidas, como formas de ampliar la democracia. “Me causa mucho interés ver cómo se ha dado la discusión en el país sobre la llegada de las Farc al Congreso. La política colombiana está muy descompuesta y el problema no es cómo van a llegar las Farc sino cómo limpiamos las costumbres existentes. El espectáculo de la política en Colombia es vergonzoso, las elecciones están consumidas por la corrupción, la compra y venta de votos, el crimen político y la utilización del presupuesto para fines particulares”, aseguró el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, al sostener que lo que se necesita para recuperar la confianza es una revolución democrática.
La necesidad de estos cambios estructurales también fue planteada por el senador Roy Barreras, de la U, quien fue más allá e incluso aseguró que eventualmente también será imperioso reformar la Constitución. “Seguramente habrá que crear una nueva casa constitucional y las condiciones de una nueva asamblea nacional constituyente en 2018. Para 2020 habría una nueva Constitución”, dijo, aclarando que no se tratará de una propuesta derivada de los acuerdos de La Habana, sino de la necesidad de construir unas nuevas normas constitucionales: “La legitimidad de las instituciones hay que construirlas, porque no la hay. Será una constituyente que deba reconstruir un sistema político legítimo y un sistema económico y social que establezca igualdad. La constituyente es indispensable”.
En cuanto a los preparativos que se han hecho para la implementación, existen algunas preocupaciones. De acuerdo con Iván Cepeda, hay un reto inmenso en la materia pues, a pesar de lo que ya se ha acordado, aún no se han dado pasos significativos para allanar el camino en varios puntos: “En el caso del acuerdo agrario, por ejemplo, no se ha dado un solo paso para hacerlo cumplir. Hay ocho meses de parálisis de institucionalidad agraria, y todavía no se sabe de dónde va a salir la primera de las hectáreas para cumplir ese acuerdo”, concluyó.