La propuesta de Cabal para modificar la restitución de tierras

La senadora María Fernanda Cabal afirma que hay una “tiranía de las causas justas” y asegura que está ley afecta derechos de propiedad de campesinos pobres.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, propone reformar la Ley de Víctimas y Restitución. / Óscar Pérez

No había pasado mucho tiempo luego de que, el pasado 5 de septiembre, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, radicara un proyecto de ley que proponía modificaciones a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y la polvareda estaba levantada. Desde diversos sectores políticos le llovieron críticas que decían que la iniciativa iba en contravía de la restitución. Por ejemplo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) calificó la propuesta como regresiva “en relación con el reconocimiento y la garantía del derecho a las víctimas de despojo y abandono forzado con ocasión del conflicto armado”.

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Semanas más tarde, una carta de diputados del Parlamento Europeo pedía al Congreso de la República el retiro del proyecto de Cabal, argumentando que podía convertirse en un obstáculo para el proceso de restitución. “Podría resultar contrario al buen desarrollo del proceso de paz, toda vez que negaría el legítimo derecho de las víctimas, para, en cambio, dar prioridad a proyectos agroindustriales e inversiones extranjeras en sectores extractivos, sobre tierras que han sido despojadas”, puntualizaron los eurodiputados.

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No había iniciado su primer debate y el proyecto ya tocaba fibras sensibles de la que se considera una de las leyes pilares en la construcción de paz. Cabal, por supuesto, ha argumentado que es una reforma necesaria, pues, según ella, hay un vacío jurídico que hoy estaría convirtiendo a víctimas en victimarios. La congresista hace referencia a los denominados segundos ocupantes, que adquirieron tierras que fueron despojadas en medio del conflicto armado, pero que terminaron en manos de campesinos. Ese es uno de los meollos del asunto, pues para la oposición, el proyecto de Cabal podría terminar beneficiando a particulares o empresarios que compraron tierras aprovechándose de la guerra.

“Se diseña una ley pensando en que hay una deuda y hay que reparar a miles de desplazados por guerrilleros o paramilitares, pero la filigrana de la ley, del contenido, se convierte en fundamentalista”, comenta Cabal, al criticar el artículo 77, que determina, según ella, que prácticamente toda la compraventa que se haya hecha durante un estadio de violencia generalizado, como el conflicto armado interno, es nula “porque es producto de una venta con vicios de consentimiento. Con esa premisa, magistrados que no conocen la realidad rural llevaron a la calle a miles de campesinos”. Incluso, contempla que el juez de restitución pueda ordenar que el reclamante sea compensado o reubicado “en un predio de similares características al solicitado, si se demuestra en el proceso que el actual propietario, tenedor o poseedor del predio objeto de restitución no ha tenido relación directa o indirecta con el despojo y no fue agente generador de violencia”.

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En síntesis, Cabal considera que hay una desigualdad entre las víctimas que reclaman tierras y las que poseen tierras que fueron adquiridas durante el conflicto. “Nadie se atreve a decir que esa ley está mal porque es un espacio que la izquierda siente que colonizó. Eso es, citando al filósofo Olavo de Carvalho, lo que se conoce como la tiranía de las causas justas”, argumenta Cabal y agrega: “Hubo campesinos que compraron, que sobrevivieron a la guerrilla, a los paras, al abandono del Estado y que no por comprar una parcela son delincuentes”.

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La senadora uribista resume su propuesta en que se garantice la debida notificación al sindicado y puedan defender y presentar pruebas desde la etapa administrativa del proceso de restitución y no solo en su etapa judicial, que, explica, tiene tiempos muy cortos para una defensa jurídica robusta. En segunda medida, propone que el juez que asume el caso en la etapa judicial pueda tomar una decisión y no se deba enviar la documentación del caso a un tribunal lejos de las zonas rurales. De esta manera, arguye, se garantiza también el derecho a una doble instancia. “El comprador se atrevió y se quedó allí. De pronto lo mataron, de pronto no, pero pretender que todo comprador es despojador es un prejuicio”, puntualiza la senadora, quien además dice que la sentencia de la Corte Constitucional sobre segundos ocupantes no es suficiente y que se hace necesaria una reforma a la ley.

El exministro Juan Fernando Cristo, quien fue el autor de la Ley de Víctimas en su paso por el Congreso, considera que la iniciativa de Cabal acaba con la restitución y que, además, hoy “la persona que es segunda ocupante y que está en una tierra tiene la oportunidad de defenderse en el proceso, tanto en la etapa administrativa como judicial, y demostrar que adquirió el terreno de buena fe y que no despojó. Hace trizas la restitución. Acaba con el principio de inversión de la carga de la prueba y hace imposible que se pueda devolver las tierras a los campesinos que fueron despojados. Si se llegara a aprobar el proyecto como está, simplemente olvidémonos de restituir una hectárea más”, apunta Cristo. Precisamente, sobre el principio de inversión de la carga de la prueba —que busca proteger a la parte más débil del proceso y define la imposición de probar al demandado y no al demandante—, Cabal rechaza que se le imponga la figura, que, según ella, es pensada para que los bienes de mafiosos despojadores sean recuperados pero se le aplica también a campesinos “pobres, por lo general ancianos y con una discapacidad”.

Aunque se previó que el proyecto tuviera un primer debate antes de que culminara el semestre legislativo, los tiempos no dieron. La oposición está alerta y radicó ponencia negativa —firmada, entre otros, por los senadores Gustavo Petro, Julián Gallo o Armando Benedetti— en la que advierten que el proyecto de Cabal “desvirtúa el proceso de restitución de tierras, introduciendo medidas regresivas y obstáculos a la celeridad del proceso”, pues según ellos, lo convierte en un proceso civil ordinario que no reconoce la vulnerabilidad ni las diferencias entre los sujetos y actores que hacen parte de dicho proceso, tergiversa el pronunciamiento de la Corte Constitucional, desnaturaliza la restitución al adicionar elementos, como el principio de confianza legítima, la doble instancia y la figura de la venta forzada.

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Germán Gómez Polo / @TresEnMil

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