Protocolos al Eln: ¿aplicables o no?

El gobierno Duque insiste en solicitarle al de Cuba la captura de los delegados de paz del Eln que están en su territorio, tras la ruptura de negociaciones de paz. Dice que reglas del gobierno anterior nunca fueron reconocidas y no obligan.

El canciller Carlos Holmes Trujillo. Presidencia

Amparado en una sentencia de la Corte Constitucional sobre la ley que avaló la realización del referendo de octubre de 2016, con el que el entonces presidente Santos intentó refrendar el Acuerdo de Paz con las Farc, y en el comunicado del Consejo de Seguridad de la ONU condenando el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, en el que se subraya “la necesidad de llevar ante la justicia a los perpetradores, organizadores, financiadores y patrocinadores” y se insta a todos los Estados miembros a “cooperar activamente” con Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque sigue firme en su postura de no hacer efectivos los protocolos para el regreso de los negociadores del Eln al país, una vez rotos los diálogos entre las partes. Una decisión que se afianza ante el reconocimiento por parte de esa guerrilla de la autoría del hecho, el cual, desde su óptica, considera “lícito dentro del derecho de guerra”, por tratarse de una “instalación militar” donde se forman oficiales de Policía, “que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares y participan activamente en la lucha contrainsurgente”.

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Cuba, a través de su canciller Bruno Rodríguez, dijo que “jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado” y que “ha cumplido estrictamente su papel como garante y sede alternativa de la mesa de diálogos”, manteniendo su postura de respeto a las reglas de juego preestablecidas bajo el parámetro de que son compromisos de Estado y no de gobierno. Tesis que, precisamente, controvierte el gobierno Duque, inicialmente, a partir de la Sentencia 379 de 2016, que en varios de sus apartes señala que las políticas públicas de paz son de gobierno y no de Estado. “Estos protocolos estaban destinados a procedimientos logísticos una vez se rompieran diálogos, los cuales jamás reactivamos como el país lo conoce. De ninguna manera fueron asumidos o reconocidos por nuestro gobierno (…) es decir, todos aquellos protocolos que hayan estado en el gobierno anterior no obligan”, enfatizó el comisionado de Paz, Miguel Ceballos.

En cuanto al pronunciamiento del Consejo de Seguridad, el otro cimiento en la decisión del Gobierno, para el canciller Carlos Holmes Trujillo este implica en sí mismo un respaldo al asumir el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, como “una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional”, reiterar que “cualquier acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación, en cualquier lugar, en cualquier momento y por cualquier persona cometida” y reafirmar que todos los Estados deben combatirlo por todos los medios, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y las obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, insistiendo en la obligación de llevar ante la justicia a sus responsables. Tesis que refuerza con el mensaje de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que habla de “acto terrorista” por el que el Estado colombiano debe adoptar “medidas necesarias para investigar los hechos, y juzgar y castigar a quienes resulten responsables”.

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En rueda de prensa, Trujillo reveló que el domingo pasado se volvió a enviar una nota al gobierno de Cuba, en la cual se le insiste en la solicitud de orden de captura contra los delegados de paz del Eln que están en su territorio. “En dicha nota verbal se reitera que los protocolos no son aplicables en las actuales circunstancias y los presentes supuestos de hecho, sino que no tienen efecto alguno frente al Estado colombiano, una vez revocada la Resolución 047 de 2017 (que fue la que autorizó la instalación y desarrollo de la mesa de diálogo). Bueno es señalar que además de las razones políticas y jurídicas internas, se suman las manifestaciones de la comunidad internacional, a través de su más alto órgano, cuyos integrantes han calificado el acto como un atentado terrorista (…) el gobierno de Cuba, con todo respeto, tiene la obligación internacional de darles efecto a las órdenes de capturas que han sido reactivadas por la Fiscalía, proceder a aprehender a esos integrantes de dicho grupo terrorista y ponerlos a disposición de las autoridades. No hay lío diplomático, lo que estamos buscando es la acción conjunta de dos Estados que tienen compromisos internacionales contra el terrorismo”, manifestó.

¿“Leguleyada” o argumentos de peso?

Todo un galimatías de interpretaciones jurídicas y políticas en el plano internacional. Arlene Tickner, profesora de ciencia política, gobierno y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario y fundadora de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, considera que en términos de diplomacia, se sobreentiende que los acuerdos hechos entre países son entre Estados y es muy difícil para los cuerpos diplomáticos serios en el mundo entender un argumento como el que propone el gobierno Duque, “que suena a leguleyada”. “En América Latina ha habido un cambio ideológico y, pensando en los gobiernos brasileño y chileno, países que también son garantes, tal vez la decisión de no reconocer los protocolos no va a generar mayor problema. Pero en otros con tradición no solo diplomática fuerte, sino de participar como mediadores, garantes y en otros roles en distintos de procesos de paz, como lo es Noruega, la decisión debe generar algo de consternación y alarma, porque básicamente el mensaje que se envía es que la lucha antiterrorista se sobrepone a todo lo demás, anula acuerdos previos hechos entre Estados, y esto suena peligrosamente cercano al discurso posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y al discurso que tanto polarizó a Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe”, agregó.

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Argumento contrario al del exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien sí cree que el Gobierno puede ampararse en la Sentencia 379 de 2016 del plebiscito por la paz, que ratifica que la responsabilidad de orientar los procesos de paz —y eso incluye los protocolos— es del presidente. Por eso es enfático en que tiene la facultad de acabar con los diálogos y, teniendo en cuenta la magnitud del atentado, de no hacer cumplir lo que se pactó con el anterior gobierno. “No puede aceptarse que los protocolos prevalezcan sobre el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y sobre el respeto a los derechos humanos. Hubo una violación flagrante de estos derechos por parte del Eln y no hay nada por encima de ello. La discusión no es que se violen los protocolos, sino que no son aplicables en este caso”, explicó. Otra de las discusiones refiere al argumento de la misma guerrilla sobre si la Escuela de Cadetes de la Policía es lo que en términos de conflictos se denomina “blanco legítimo”. “Un miembro de la Fuerza Pública, por ejemplo, en su día de descanso, no es un blanco legítimo. Otra cosa es cuando se está en una situación de combate. Por eso el DIH habla de proteger a la población civil y a los combatientes cuando son puestos fuera de combate. Aquí no se trata de un hecho de guerra, en eso está equivocado el Eln. Es un hecho terrorista, no cabe duda alguna”, señala Alejo Vargas, miembro de la Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil para las conversaciones con esa guerrilla.

Los protocolos a desconocer

El 5 de abril de 2017, un mes después de iniciados los diálogos entre el gobierno Santos y la dirigencia del Eln, las partes y los países garantes firmaron un documento en el que fijaron las reglas de juego para garantizar la seguridad de la delegación guerrillera en caso de ruptura de las negociaciones. Los firmantes fueron Frank Pearl y Antonio García, como jefes de ambas delegaciones, respectivamente. El protocolo prevé que se tomarán 15 días para planear y concretar el retorno a Colombia de la delegación del Eln. El documento fue firmado también por Cuba, Venezuela, Chile, Noruega y Ecuador como países garantes, y guarda similitud con los procedimientos que se siguieron para la salida de los jefes guerrilleros del país con miras a la iniciación de estos diálogos.

“En caso de ser necesarias inserciones en territorio colombiano de la delegación del Eln, las operaciones militares cesarán durante 72 horas en áreas cuya extensión está por definir. Las coordenadas del cuadrante de dichas áreas serán entregadas por el Eln a los países garantes y al Gobierno colombiano con 48 horas de antelación al cese de operaciones militares”, dice el punto cuatro. Incluso, señala el punto seis que “los helicópteros estarán en tierra durante una hora después del aterrizaje y desembarco de la delegación del Eln”. El protocolo, de 11 puntos, también habla de que, en caso de ser necesario el tránsito por territorio venezolano, se contará con el acompañamiento de los representantes del gobierno de ese país y al menos de dos países garantes, hasta el aeropuerto definido. “Dentro del territorio venezolano, la delegación del Eln se trasladará bajo la responsabilidad de ese gobierno”, concluye.

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Con las tensionantes relaciones que existen hoy entre Colombia y Venezuela, es un punto candente más por resolver. De hecho, Trujillo dijo también que hasta el momento no se ha tenido respuesta del gobierno de Nicolás Maduro en relación con una solicitud de información sobre la presencia de miembros del Eln en su territorio. Así las cosas, queda claro que el gobierno Duque llevará la discusión al más alto nivel. El escenario inmediato será el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde este miércoles el nuevo jefe de la Misión de Verificación para el Acuerdo de Paz con las Farc, el mexicano Carlos Ruiz Massieu, deberá presentar el informe de 2018 de la labor cumplida por su oficina. Ahí estará presente el canciller colombiano y desde ya se prevé que más allá de la implementación de lo pactado con esa guerrilla, el tema del Eln y los protocolos serán puestos sobre la mesa y serán motivo de ardua discusión.

Timochenko” pide reunión a Duque para hablar del futuro de la paz

Tras el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, que se atribuyó el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el máximo líder del partido FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko, reiteró su deseo de sentarse con el presidente Iván Duque para hablar sobre el futuro y la consolidación del Acuerdo en el país.

“Que nos dedique siquiera una media hora para que escuche nuestra versión. A mí me preocupa que el presidente se deje llevar por los matices de opinión que se crean en situaciones como estas”, dijo Timochenko, asegurando que ya son varias las veces en las que ha pedido una reunión con el primer mandatario desde que llegó a la Casa de Nariño. 

Para el líder de la FARC, lo ocurrido en la Escuela de Policía es un revés al proceso de diálogo con el Eln, un proceso que fue cancelado por el presidente luego del hecho que dejó 21 muertos y más de ochenta heridos. Sin embargo, para Timochenko lo ocurrido se convierte en una razón para hablar sobre la implementación. 

“No dejemos que los llamados a la guerra nos desvíen del camino”, expresó. Por su parte, la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, recordó que el atentado no afectará el proceso que se adelanta con los miembros de las antiguas Farc.