Mario Itzep es un emblemático líder indígena guatemalteco. Es director nacional del Observatorio de Pueblos Indígenas de Guatemala y presidente del Observatorio de los Pueblos Indígenas de las Américas. Habla del enfoque étnico de los acuerdos de paz en su país, que dos décadas después está lejos de implementarse.
¿Cómo vivió la guerra?
Nací en una aldea del departamento del Quiché, que está en el altiplano, en el noroeste de Guatemala. Allá, 333 comunidades mayas fueron arrasadas por el conflicto armado, que duró 36 años. Cuando yo tenía siete años, la primera vez que asistí a una escuela, el ejército llegó y exterminó al 95 % de la población. Quedé en el 5 % que pudo salir de la comunidad. Desde los siete años viví el conflicto, perdí la opción de estudiar en una escuela. Éramos una comunidad sin armas, sin vinculación con la guerrilla, pero el ejército llegó y asesinó.
En su país, el ejército fue el principal responsable de las atrocidades de la guerra...
Después de la firma de la paz se instaló una comisión de la ONU para documentar todo el conflicto. Según el informe, el 83 % de la responsabilidad de las masacres la tuvo el ejército. El 7 % fue responsabilidad de la guerrilla. El resto son grupos paralelos que asesinaban. Hay una estructura paralela a los militares que, después de firmada la paz, empezó a construir empresas de seguridad privada. Son ahora prestadores de seguridad en el país y por eso ha colapsado la seguridad, no hay organización y capacitación para la seguridad privada.
¿Cómo llegó a ser líder y participar en los acuerdos de paz?
Ocho años estuve en la montaña y no tenía a dónde ir, tuve que estar muy cerca a la guerrilla. Fui militante, porque no tenía opción. En la guerrilla aprendí a leer y escribir y vi quiénes pierden la vida en la guerra: el ejército quemaba casas, los que no tenían capacidad de correr eran mujeres embarazadas, ancianas, menores. Vi también cómo en la guerra las que ganan son las empresas, porque venden armas, comida, combustible. En la guerra siempre hay un negocio. Luego crucé la frontera hacia México, como refugiado. Empecé a trabajar con jóvenes. Volvimos a Guatemala en el 91 y participamos en la Asamblea de la Sociedad Civil, que presentó propuestas para los acuerdos de paz.
Ahí fue cuando empecé el proceso de participación. Estuvimos vinculados en la organización, montaje y coordinación de la firma de la paz. Fui fudador de movimientos de jóvenes, del movimiento Objetor de Conciencia, la lucha era contra el reclutamiento militar forzoso. Logramos estar en una mesa en el proceso de paz paralela con el ejército para parar el reclutamiento militar. Se hizo una pequeña reforma constitucional en donde el servicio militar se hizo voluntario y no obligatorio. A partir de eso fundé al Red Nacional de Jóvenes Mayas, trabajamos fuerte en Iberoamérica con el espacio iberoamericano de juventud y la Red de Jóvenes Latinoamericana. Coordinamos con siete países: Bolivia, Ecuador, Argentina, Guetamala, México, Nicaragua y Honduras el Observatorio Latinoamericano de Pueblos Indígenas. Hemos acompañado propuestas de reformas costitucionales. En la cosulta que se hizo en el 99, en Guatemala, construimos por primera vez una red de jóvenes observadores. En Colombia caería bien una red de observadores de jóvenes para la votación del plebiscito. Tenemos la experiencia y lo podemos compartir.
Vea aquí una entrevista con María Guadalupe García: La mujer maya en la guerra y el refugio
En Guatemala hay un punto de los acuerdos dedicado a los pueblos indígenas. En Colombia no hay un punto, pero sí hay enfoque étnico...
Hubo varios acuerdos por temáticas. Hubo uno socioeconómico y de situación agraria, que tiene que ver con la reforma agraria, que también es u punto en el proceso de Colombia. Hay un acuerdo de derechos humanos. Hay uno sobre la función del ejército y uno sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Con que en Colombia haya enfoque étnico está bien. Nuestro problema fue hacer un acuerdo sobre pueblos indígenas demasiado específico y eso hizo la implementación muy complicada. Parte del problema es que no hubo un proyecto de construcción de país continuo, los gobiernos y los diputados de turno pusieron trabas, desconocieron o dejaron estancada la implementación.
Cuando se firmaron los acuerdos, se desmovilizó la guerrilla y se redujo el 35% del ejército, y luego se fue a una cosulta de reforma constitucional, que se aprobó en el congrsso y fue a plebiscito en 1999. La reforma contenía cuatro ejes que hacían parte de los acuerdos de paz, y ganó el No.No no hubo una campaña fuerte y el presidente que acompañó el proceso de paz, Álvaro Arzú, curiosament también era opositor a esa reforma. Él mismo que firmó los acuerdos, pero tenía la estrategia de firmar y decir no a la reforma, para no reconocer a los pueblos idígenas. En la reforma los indígenas habíamos propuesto temas que no se lograron. Si hubiese ganado el Sí, Guatemala sería el primer país en constituirse como Estado plurinacional.
¿Qué pasó luego de que ganó el No?
El No no fue para todos los acuerdos, sino para una parte específica. Después del plebiscito, hubo manifestaciones para activar la implementación de los acuerdos. Estos se aprobaron por decreto cinco años después de la consulta popular, se convirtieron en ley, pero la implementación está estancada. Los políticos de turno y las empresas que financian esos partidos han impedido, por ejemplo, que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural, que hacía parte de los acuerdos. Otras leyes producto de los acuerdos, como la de lugares sagrados de pueblos indígenas y la de reconocimiento de líderes ancestrales, tampoco han sido aprobadas. Del acuerdo sobre pueblos indígenas se han hecho 19 iniciativas de leyes y ninguna se ha aprobado. Sólo aprobaron reformar el nombre del estadio para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Eso no es lo que pedimos.
Otras iniciativas surgidas de los acuerdos, como el programa de resarcimiento de las víctimas, la Secretaría para la Paz, la reforma educativa, se han quedado estancadas y sin financiación, sin que se hayan restablecido las relaciones rotas en la guerra. Con estos problemas, Guatemala hoy está colapsada: los niveles de corrupción empiezan desde la Presidencia, para abajo, el sistema educativo no da a basto, el sistema tributario favorece a las empresas todavía.
Es decir, van 20 años y para los pueblos indígenas se ha logrado muy poco.
Estamos impulsando otra vez la reforma constitucional. Esta vez con tres ejes: uno, que los jueces estén obligados a hablar español y una lengua indígena; dos, que la resolución de los procesos sea en lengua indígena, y tres, que se reconozca el pluralismo jurídico, es decir, que las decisiones de la justicia indígena tengan el mismo rango que las de los tribunales. Vamos por esa reforma y en las movilizaciones hay hasta empresarios y mestizos diciendo “no al racismo”. Hay amplias posibilidades de que ganemos en el plebiscito que se hará en marzo. Es decir, sí, pasaron 20 años y seguimos buscando que se implemente lo acordado.
¿Cómo le ha ido a la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en la política?
Fueron alrededor de 5.000 desmovilizados y en principio ganaron curules importantes. Sin embargo, a pesar del discurso, no lograron aliarse ni articularse con los pueblos indígenas ni con otros movimientos de izquierda. La URNG hoy sólo tiene una curul en el Congreso. Perdió prestigio. A diferencia de Bolivia o Ecuador, la izquierda guatemalteca no ha sabido tejer una estrategia para estar unida. Esto llevó a que, después de la salida de Otto Pérez Molina, la única opción fuera elegir a un comediante, Jimmy Morales, como presidente. Para nosotros, sigue siendo un comediante y no vemos que pueda completar los cuatro años en el poder. Ya está tambaleando.
Muchos indígenas en Colombia apoyan el Sí a la paz, pero sospechan que con la desmovilización de las Farc llegarán proyectos extractivos y de otra índole a sus territorios. ¿Cómo fue en Guatemala?
Durante la guerra, las transnacionales no llegaban a saquear el agua en las montañas. Tras la firma de la paz entraron para la labor minera, las hidroeléctricas e incluso la privatización del agua. Después de 10 o 15 años, la Corte ha determinado que algunas empresas han incurrido en delitos y han tenido que irse de los territorios. La población empezó a implementar las consultas comunitarias. Se han hecho alrededor de 100 y la respuesta ha sido: no a la minería, no a los megaproyectos. Se empieza a despertar la conciencia sobre el agua, no sólo entre indígenas. Se exige, además, que las hidroeléctricas sean comunitarias, no privadas, sino que sean del Estado, la empresa y la comunidad. Ya hay dos pequeños proyectos de hidroeléctricas comunitarias, productos de una lucha larga que implica reformar leyes, hacer movilizaciones, buscar reconocimiento y justicia.