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En uno de los muros agrietados del cementerio de Tumaco hay un letrero pintado con letras negras que dice: “Las necropsias son gratis”. Lo hicieron porque hace unos meses los dueños de algunas funerarias empezaron a cobrar por un trámite que no cuesta un peso. “Se estaban aprovechando del desconocimiento, del dolor y el afán que tenía la gente para sepultar a sus seres queridos", comenta un funcionario de Medicina Legal. Hasta mayo, según cifras de la Policía, se habían registrado 91 homicidios, un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2017 cuando se presentaron 62 casos.
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El pasado 11 de mayo, se reportaron los asesinatos más recientes. A solo 40 minutos del casco urbano, en la carretera que comunica a Pasto con Tumaco, tres agentes del CTI de la Fiscalía fueron asesinados. Todo apunta a que Walter Patricio Artízala Vernaza, “alias Guacho”, jefe de la disidencia de las Farc conocida como el Frente Oliver Sinisterra, fue quien ordenó el atentado. El miércoles, la Policía capturó a Gustavo Angulo Arboleda, “alias Cherry”, presunto asesino. La Fiscalía agregó que en su poder fue encontrada el arma con las que se cometieron los crímenes.
En Tumaco, como en todas las zonas donde la violencia se ha recrudecido por cuenta del vacío de poder que dejó el retiro de los territorios de la antigua guerrilla de las Farc, los ilegales siguen sembrando el terror y todos continúan poniendo muertos. Las disidencias, los nuevos grupos paramilitares, los narcos, la sociedad civil, el Ejército, la Policía. Son tantas las víctimas de unos y otros que, al cementerio del municipio, literalmente no le cabe un cadáver más. "El cementerio colapsó", reconoce Anny Mercedes Castillo, la personera del puerto sobre el Pacífico.
Según los protocolos de necropsia, en el cementerio hay capacidad para 200 cuerpos, pero hoy no se sabe con exactitud cuántos hay. Las cifras de entidades como Medicina Legal y Fiscalía no concuerdan con los reportes que tienen los administradores del lugar. La razón es una sola: el desorden. Es la anarquía de la muerte. Caminar por él es una experiencia sobrecogedora. De repente, cualquier visitante puede encontrarse con un cráneo, un fémur, una tibia, un peroné o cualquier hueso olvidado. También se ven botellas de trago vacías, latas de cerveza, basura.
En un recorrido que El Espectador hizo por las 1.6 hectáreas del cementerio, se encontraron tres lugares en los que, dentro de bolsas negras de basura y lonas, aparecen amontonados muchos huesos humanos. El olor nauseabundo en estos sectores es penetrante. Es un entorno desagradable, húmedo, pútrido. James Colorado Castillo, administrador del cementerio, explica que esos huesos están “acomodados” de esa forma porque hay familiares que llegan desde diferentes veredas para llevarse los restos de sus seres queridos.
“Ellos hacen los trámites respectivos, el panteonero busca los huesos, los acomoda en esas bolsas y espera a que vengan por ellos. Unos dicen que no se demoran mucho tiempo, pero allí hay huesos que llevan hasta dos meses esperando”, agrega James Colorado, mientras señala un rincón sucio protegido por un par de tejas rotas. Si por alguna razón nadie reclama los huesos, las bolsas son reacomodadas en la oficina principal del cementerio. Allí, en una especie de altillo, son compiladas las estructuras oseas a la espera de que alguien las reclame.
En ese lugar no hay ningún tipo de ventilación. Allí mismo están apilados unos libros con hojas amarillentas, consumidos por la humedad, donde se han venido registrando la entrada y salida de cuerpos. Sin embargo, ese proceso nunca se ha hecho de manera rigurosa. “El sepulturero de turno escribe (algunas veces sí y otras no) unos cuantos datos inteligibles que no permiten que se les haga seguimiento de manera sistematizada. Esta situación dificulta la labor de las autoridades y aumenta el subregistro”, explica Zuly Bastidas, antropóloga del colectivo socio jurídico Orlando Fals Borda.
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Anny Mercedes Castillo Vivas, personera de Tumaco, reconoce que, por cuenta del conflicto armado, “hace rato el cementerio se quedó corto y, por eso, los cuerpos van a ser reubicados en un cementerio privado de la vereda Chilví, ubicada a unos 25 kilómetros del pueblo”. Este cementerio fue construido en octubre de 2017 gracias a una donación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y quedó conformado por 300 bloques de bóvedas y unos 200 osarios.
Jenny Martínez Gonzáles, funcionaria de derechos humanos del Ministerio del Interior, advierte que lo que pasa hoy en Tumaco, también está sucediendo en varios cementerios del país “porque a los cementerios nunca se les ha visto como lo que realmente son y se les considera la cenicienta de los bienes del orden municipal”. En opinión de la funcionaria, “no tienen control, los sepultureros o panteoneros muchas veces no son pagos, no tienen seguridad social alguna y esto hace que no exista una responsabilidad implícita con su labor”.
Luis Alberto Viveros, panteonero del Cementerio de Tumaco desde hace 17 años, explica que su salario depende del número de entierros que sucedan en el lugar. Sin embargo y aunque el trabajo ha aumentado por cuenta de la violencia que azota la región, sobre todo después de la salida de las Farc del territorio luego del acuerdo de paz en 2016, de manera selectiva, Luis Alberto Viveros ha optado por “escoger” el tipo de sepelio en el que quiere laborar.
“Si es por muerte violenta, no colaboro. Si es por una muerte normal, vengo a trabajar. Lo que pasa es que esto se ha puesto muy feo. Aquí en el cementerio se han encontrado, el mismo día, dos grupos enemigos que llegan a enterrar a su muerto. Cuanto uno menos piensa empiezan las balas y uno queda en medio”, recalca Viveros. Hace cinco meses, por ejemplo, estaba trabajando en una inhumación por una muerte violenta. Y como estaba cansado y aturdido por el alto volumen de una música que escuchaban los jóvenes que despedían a su amigo, decidió retirarse del lugar.
Entonces, uno de los compinches del muerto sacó su arma, le apuntó a la frente y lo obligó a quedarse. “De acá no te vas hasta que no nos despidamos de John como se lo merece”, añadió en medio de amenazas. Después el entierro se convirtió en una fiesta. Hubo música, drogas y miedo. Luis Alberto Viveros tuvo que quedarse. De alguna manera, como él lo resalta, seguirá trabajando en esa difícil labor por una razón contundente: “es el oficio que me enseñó mi padre”.
“Como no existe control alguno, la gente entra y diseña construcciones irregulares. Por eso no hay una estructura base. Eso significa que todo el mundo ha venido edificando tumbas o mausoleos a su manera y, cuando pasa esta circunstancia, se puede afectar la inhumación de alguien más. Esta sumatoria de anomalías hace que la situación sea cada día sea más compleja”, manifiesta Jenny Martínez. El asunto es tan grave que, en el año 2017, la Secretaria de Salud de Tumaco estuvo a punto de ordenar la clausura definitiva del cementerio.
Si esa advertencia se hubiera ejecutado, las familias que tienen la esperanza de encontrar los restos de sus seres queridos, la habrían perdido. Con un agravante: según Edison Ordóñez, delegado de la Mesa Departamental de Víctimas de Nariño, en la actualidad en Tumaco hay 5.500 personas en condición de desaparecidas. Durante la audiencia pública sobre desaparición forzada que se realizó en el municipio el pasado 5 de julio, varios familiares pidieron a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que el Estado recupere, identifique y entregue con más celeridad los cuerpos no identificados.
Hoy, las cifras de desaparecidos en Colombia oscilan entre 60.000 y 120.000 personas. En los últimos años, la Fiscalía ha logrado encontrar y exhumar a 8.969. El censo nacional reporta que hay 20.453 cuerpos no identificados en diversos cementerios del país. Y dentro de ese contexto general, según el Ministerio del Interior, en Nariño se encuentran 447 cuerpos no identificados. El número más alto de cuerpos está en Pasto con 181, seguido de Ipiales con 148. En el cementerio de Tumaco hay 51 cuerpos y 39 siguen en espera de ser revisados por los forenses.
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