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Al despacho de Deivy Bayona, alcalde de Hacarí, en la región del Catatumbo (Norte de Santander), llegó en los últimos días de enero una notificación firmada por la Dirección Antinarcóticos de la Policía en la que le informaban que se pondría en marcha en su municipio la estrategia de aspersión terrestre de glifosato contra los cultivos de coca. Según la comunicación, la aspersión iniciaría a partir del primero de febrero de 2021.
Se trata en términos oficiales del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (Pecat), que está vigente en el país desde que en enero de 2017 el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) le dio luz verde y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le aprobó su Plan de Manejo Ambiental. La estrategia es distinta a la aspersión aérea que fue suspendida por el mismo en CNE en 2015, pues en este mecanismo el herbicida se vierte sobre las plantaciones de coca con fumigadores manuales.
Sin embargo, este lunes no hubo despliegue de la tropa para iniciar con la fumigación. Desde que el alcalde Deivy Bayona recibió la notificación y la socializó en su municipio, el malestar en el Catatumbo rodó como bola de nieve hasta que llegó a la misma Gobernación. “La notificación llega a mi nombre, pero no se nos notifica dónde se va a realizar, en qué sector, cómo se coordinó; porque nosotros lo que hemos pedido es que se verifique muy bien ese tema porque se nos pueden venir dificultades mucho más complejas”, explica el alcalde.
Se refiere a que, con el inicio de la fumigación terrestre a los cultivos, la situación de orden público, que ya es bastante delicada, pueda escalar. Por ejemplo, en la noche del domingo 31 de enero, según confirmó, hubo un hostigamiento contra una base militar en Hacarí, en el que fueron lanzados varios artefactos explosivos. Y esa misma noche hubo otro hostigamiento contra la estación de Policía de El Tarra, en la misma región, presuntamente cometido por el Eln, en el que un civil murió en el fuego cruzado.
Por eso lo que teme el alcalde con el inicio de la fumigación terrestre es un eventual desplazamiento de la comunidad. “Lo que viene es que, a la hora de llevarse a cabo la fumigación terrestre, pues el campesino no va a permitir que le vayan a fumigar lo que les está dando el sustento para su familia. Pero también hay terceros que tienen intereses ahí y cuando las cosas se salgan de las manos, el campesino no se va a quedar ahí en el medio, lo que va a hacer es desplazarse y dejar la tierra botada”.
Hacarí cuenta con al menos 600 hectáreas de coca cultivadas, según la medición de la Oficina de Naciones contra la Droga y el Delito (UNODC). No es de los municipios del Catatumbo que tienen más coca, por eso los habitantes de la región están a la expectativa de que el inicio de la aspersión terrestre se expanda a otras zonas, como Tibú, el municipio con más coca sembrada en Colombia, que ronda casi las 20.000 hectáreas. En total, en el Catatumbo existen hoy más de 40.000 hectáreas de coca.
La preocupación del alcalde de Hacarí la comparte Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat): “El anuncio genera preocupación porque evidencia que el gobierno Duque sigue insistiendo, aún en medio de la pandemia del Covid-19, en una práctica que no va a generar ningún resultado frente al problema de los cultivos de coca; por el contrario, va a profundizar la crisis económica, la crisis social y la conflictividad entre las comunidades campesinas y la fuerza pública”.
Esa última conflictividad está viva hoy entre el campesinado y la fuerza pública en el Catatumbo. Todavía no se cumple un año desde que, en marzo de 2020, el joven campesino Alejandro Carvajal murió por una bala disparada por un miembro del Ejército mientras asistía a un asentamiento campesino precisamente en protesta contra la erradicación forzada de coca. Y dos meses después, en mayo, el campesino Digno Emérito Buendía también murió por un disparo de un miembro del Ejército en medio de otra protesta contra la erradicación forzada, esa vez en Cúcuta.
Esa tensión entre las comunidades y la fuerza militar, que se extiende a la institucionalidad en general, puede tener otras consecuencias. Al menos así lo advierte Robinson Salazar, alcalde de Teorama, otro municipio de la región del Catatumbo: “Para nosotros es bastante preocupante porque la implementación del PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) en relación con las obras de infraestructura ha venido avanzando muy bien y esta situación va a entrar a chocar con las comunidades y algunas de ellas ya están hablando de no aceptar el PDET en los territorios; eso para nosotros como alcaldes es traumático porque venimos a un ritmo bien importante con toda la implementación de ese programa”.
El funcionario califica incluso la estrategia de la fumigación terrestre como un “revés al Acuerdo de Paz”, pues allí se estipula como primer paso para acabar con los cultivos de coca la sustitución voluntaria y concertada con las comunidades. En cambio, la aspersión “es una decisión que se toma desde el Gobierno central, no reconoce a las comunidades ni tampoco a las administraciones locales, eso con nosotros no se discute en ningún momento. Hay una voz de rechazo generalizada en toda la región”, sostiene el mandatario de Teorama, quien dice que a la fecha no ha sido notificado sobre el inicio de la aspersión en su municipio.
Actualmente, el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que, según el Acuerdo de Paz es prerrequisito para que luego se puedan implementar otras estrategias como la erradicación forzada o la aspersión, solamente se ejecuta en parte de Tibú y de Sardinata. Para el resto de municipios, desde 2017 no ha sido claro cuál va a ser el futuro, luego de que el actual Gobierno cerrara la inscripción de familias al programa. Sin embargo, en la región insisten en que ese programa incluido en el punto 4 debe ser la salida para los miles familias que hoy viven de la coca puedan tener una alternativa.
“Es que la alternativa es lo que quedó en el Acuerdo de Paz. No podemos ponernos a inventar otras cosas que no tienen ni reconocimiento. Para frenar fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y todos esos conflictos que generan inseguridad en los territorios se tiene que implementar de forma integral el Acuerdo, el Gobierno debe abrir el cupo para que los demás municipios entren al programa y robustecerlo en la articulación con los PDET y todo lo que está en la reforma rural”, sostiene Quintero, de Ascamcat.
El programa de aspersión terrestre, en la mira de las organizaciones
El 23 de noviembre pasado, los pueblos étnicos del Pacífico Nariñense, agrupados en la Redhpana, junto al colectivo Orlando Fals Borda, interpusieron una tutela ante el Tribunal Administrativo de Nariño que busca frenar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat). Según el documento, la ejecución de ese programa viola los derechos a la consulta previa, a la autonomía territorial, a la salud, al mínimo vital, al debido proceso, a la paz y, además, por la forma en que ingresa la tropa, también va en contra del principio de distinción.
El Tribunal determinó que no era competente para resolver la tutela y la remitió a un juez de circuito, quien a su vez negó la competencia para conocer de la tutela. Por eso, el proceso se fue a la Corte Suprema de Justicia, donde está a la espera de que la Sala Penal decida cuál es el juez competente para conocer de esa acción. Esa tutela, además, solicitaba como medida provisional que se suspendiera esa forma de erradicar los cultivos hasta que se resolvieron de fondo los elementos de la tutela.