Antioquia silenciada: el mapa de riesgos de los liderazgos sociales

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El control ilegal sobre una nutrida lista de ‘botines’ de guerra que van más allá de la coca, la poca presencia del Estado y conflictos con grandes empresas mineroenergéticas tendrían silenciados a los líderes y las lideresas sociales antioqueños. Así lo mapeó el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia, una red que reúne 80 organizaciones sociales en el departamento.

Antioquia ha sido uno de los corazones del conflicto armado en Colombia y en los últimos cuatro años, tras la firma del Acuerdo de paz, la violencia no ha dado tregua, por el contrario, se ha mantenido, incluso durante la pandemia actual. Cerca de un centenar y medio de líderes y lideresas sociales han sido asesinados desde entonces, sin contar a las personas que por defender su territorio también han sido amenazadas, desplazadas y agredidas de muchas otras maneras, violencias de las que no se libran liderazgos indígenas, ni de mujeres, ni LGBTI+.

De esto ha sido testigo la Defensoría del Pueblo, que ha advertido el riesgo para líderes y lideresas sociales en la mayoría de las últimas 40 Alertas Tempranas (AT) emitidas para el departamento. “Hay un patrón sistemático en Antioquia de violencia política y especialmente hacia movimientos de izquierda, movimientos de derechos humanos, sociales y sindicales. Los líderes reclamantes de derechos son los más victimizados”, asegura Max Yuri Quintero, coordinador de Antioquia en la Comisión de la Verdad (CEV).

Las particularidades del conflicto varían según cada una de las nueve subregiones del departamento, pero a rasgos generales, hay, por un lado, territorios en los que la influencia de estructuras armadas ilegales estaría tan arraigada y naturalizada que los líderes y lideresas han optado por callar sobre este control social y, así, librarse de sus castigos (subregiones de Urabá, Valle de Aburrá, Oriente, Magdalena Medio). Y hay, por el otro lado, territorios donde la violencia, ya normalizada, es indiscriminada contra la población, particularmente contra sus líderes, ante las disputas entre grupos ilegales por imponer su control, muchas veces buscando copar los espacios dejados por las reincorporadas FARC (subregiones de Bajo Cauca, Norte, Nordeste y municipios de Occidente y Suroeste). En ambos escenarios, sin embargo, las estructuras criminales se han fortalecido durante la pandemia, el deterioro del movimiento social es creciente y la mejor opción para sobrevivir es el silencio, aseguran los líderes y las lideresas sociales entrevistados.

Los ‘botines’ de la guerra: motores de la violencia

Denunciar negocios ilegales ha puesto en el centro de la violencia al liderazgo social antioqueño, incluyendo la ocupación informal de tierras —especialmente en Urabá, donde hay 6.655 solicitudes de restitución de tierras según datos oficiales—, el lavado de activos, cadenas de extorsión municipales, la seguridad privada que ofrecen los grupos armados ilegales y su injerencia en la corrupción de negocios legales, pero especialmente las diferentes movidas del narcotráfico, asegura el Proceso Social de Garantías. Sin embargo, más allá del interés sobre los cultivos de uso ilícito —que ha concentrado la violencia sobre liderazgos de sustitución de cultivos— e introducir y mantener el consumo de estupefacientes en buena parte de los cascos urbanos del departamento, sobre todo en la población juvenil, hay otra razón para entender por qué Antioquia es tan atractivo para el crimen organizado.

Ubicado en la esquina noroccidental de Latinoamérica, Antioquia goza de salidas naturales hacia los océanos Atlántico, con el golfo y el puerto de Urabá, y Pacífico, con el río Atrato y las decenas de kilómetros chocoanos que lo separan de su frontera occidental (subregiones de Urabá, Occidente y Suroriente); una localización estratégica para el tráfico marítimo de narcóticos y armas. Por estas rutas saldría la droga proveniente del resto del departamento y del sur de Córdoba, que atraviesa el Nudo de Paramillo y pasa por el Bajo Cauca, el Norte y el Occidente antioqueño. Además, el departamento limita al oriente con el río Magdalena, Bolívar y Santander, posibles rutas hacia el Catatumbo y el Caribe colombiano. Esto, según varias AT de la Defensoría y mapeos previos del Proceso Social de Garantías.

Los líderes y lideresas sociales aseguran que dichos negocios ilegales y rutas estratégicas estarían bajo control o disputa, principalmente, de grupos herederos del paramilitarismo: en primer lugar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —o Clan del Golfo—, que desde el Urabá, donde prácticamente dominarían el Eje Bananero, influencian al resto del departamento, siendo el actor con mayor despliegue y consolidación. Y en segundo lugar, los antiguos aliados de las AGC, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA) —o Los Caparros—, que desde el municipio de El Bagre y la vecina zona conocida como ‘Baldíos Nacionales’, impone estrictos controles sociales como toques de queda y restricciones a la movilidad en las subregiones antioqueñas del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, así como en el sur de Córdoba, donde se disputan con las AGC, a sangre y fuego, el control de las rentas ilícitas.

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El ELN, en expansión desde el Chocó hacia el Norte, el Occidente y el Urabá antioqueño, y las llamadas disidencias de las FARC, caracterizadas por su movilidad en el territorio, también delinquen en el departamento, representan riesgos para los liderazgos y, según el caso, le disputan el control de zonas a las AGC y Los Caparros. ELN particularmente en Bajo Cauca, Occidente y Urabá (en límites con Chocó) y ex FARC en Norte y Urabá (en límites con el Nudo de Paramillo). También preocupan la presencia del llamado ‘Clan Isaza’, uno de los herederos de las AUC en el Magdalena Medio; “la presencia cada vez mayoritaria de lo que se denominan carteles mexicanos en las subregiones de Bajo Cauca y Nordeste con conexión en Urabá”, en palabras de Max Yuri Quintero de la CEV, así como en el Suroeste, según sus líderes y lideresas, y Medellín, de acuerdo con la revista mexicana Proceso, además de grupos desconocidos que los liderazgos no reconocen en Occidente y Suroeste.

Las que sí son bien conocidas son las viejas estructuras de la hampa paisa como La Oficina y una larga lista de bandas criminales del Valle de Aburrá, más de 140 según la AT 032-2020 de la Defensoría, que, expertas en acuerdos entre grupos criminales —La Oficina tiene más de 30 años de historia—, mantienen una “tensa calma” en Medellín y municipios de Aburrá, Oriente, Suroeste y Occidente. Algo de lo que más sorprendió en el mapeo de riesgos fue que las bandas criminales de ‘Los Pachelly’ y ‘Los Chatas’, aliadas con La Oficina, también han ingresado con microtráfico al Nordeste, aprovechando la salida de las FARC. ‘Los Pachelly’ y la banda ‘El Mesa’ o ‘Los Mesa’ también delinquirían en el Norte.

El puente está quebrado con el Estado

La incapacidad del Estado para gobernar vastos territorios donde impera la ley de los ilegales ha impedido la denuncia de sus crímenes, dicen los liderazgos, cuyo silencio también se motiva por la desconfianza que sienten hacia la Fuerza Pública. “La relación con altos mandos nos da mejores resultados, hay una reacción más oportuna, la gente siente más desconfianza con el soldado regular o el que hace presencia en el territorio. Esto se debe a sucesos de la historia donde se ha evidenciado ese nexo o connivencia entre grupos paramilitares y la Fuerza Pública, es claro y persiste en lugares como el Bajo Cauca, en los informes lo hemos mencionado”, explica un representante del Proceso Social de Garantías.

En los últimos cuatro años han sido múltiples los casos de agentes del Estado investigados o capturados en Antioquia por participar en hechos delictivos, pero ha sido “sistemática y persistente la relación de connivencia entre Fuerza Pública y distintos actores a lo largo de la historia. Cuando vamos a alguna de las subregiones, nunca hablamos con la Fuerza Pública porque los mismos líderes nos dicen que seremos vigilados y que nos pondrá en riesgo y también con las personas que trabajamos y el desarrollo de actividades. Bajo Cauca es emblemático en este sentido”, asegura Quintero de la CEV.

Al preguntarle al Ejército y la Policía sobre estos y otros señalamientos, que incluyen estigmatización y agresiones contra líderes y lideresas sociales, además de su accionar para la protección de los liderazgos, al cierre de esta edición el Ejército no respondió y la Policía se limitó a resaltar las acciones que llevan a cabo para su protección, como la Estrategia de Protección a Poblaciones en situación de Vulnerabilidad y el despliegue de 3.899 acciones preventivas en Antioquia desde 2016.**

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Los privados como factor de riesgo

En Antioquia se produce el 47 % del oro de todo el país, cifra que lo ubica en el primer lugar de productores de oro, según el informe “Minería del Oro, territorio y conflicto en Colombia” de María Soledad Betancourt. Del territorio antioqueño se extraen más de 20.000 kilogramos de oro al año gracias a la actividad de empresas como la Gran Colombia Gold, que desarrolla labores en los municipios de Segovia y Remedios; y Mineros S.A., con presencia en los seis municipios que componen el Bajo Cauca antioqueño. En la subregión del Suroeste se encuentra AngloGold Ashanti Colombia con el proyecto Quebradona, que está en fase de licenciamiento en el municipio de Jericó y en el corregimiento de Puente Iglesias, en Fredonia. Por último, la empresa Zijin-Continental Gold, que hace explotación minera en el municipio de Buriticá (Occidente).

La presencia de estos megaproyectos mineros en el territorio representaría un riesgo para los liderazgos, según ellos y ellas, debido a la fuerte militarización que hay alrededor de los proyectos. Esta situación responde a una alianza entre Estado y multinacionales en la que se crearon “estrategias de seguridad para proteger las operaciones de las empresas”, como las minero-energéticas, expone el informe de Betancourt. En Antioquia se documentaron 16 convenios de cooperación entre Ministerio de Defensa y multinacionales como Mineros S.A., Continental Gold y AngloGold Ashanti Colombia en la investigación periodística Convenios de Fuerza y Justicia, de Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio.

Los líderes y lideresas manifiestan preocupación por las afectaciones de la actividad minera, no solo a nivel ambiental sino también por su seguridad. Algunos opositores a proyectos como AngloGold Ashanti Colombia refieren violencias por parte de miembros de la Fuerza Pública y ante esta situación, la transnacional le aseguró a La Paz en el Terreno que no tenía conocimiento de intimidaciones y/o agresiones contra líderes y lideresas sociales en Antioquia que hayan propiciado iniciativas para evitar la explotación minera. La empresa agrega que tiene el “compromiso de que todas sus operaciones respondan al propósito de convertir la riqueza mineral en progreso social, económico y ambiental para el país”.

(Lea más: Después del acuerdo de paz, el 52% de los líderes sociales fue asesinado en este Gobierno)

Otro foco de la presencia de empresas y megaproyectos en el departamento está relacionado con su riqueza hídrica, debido a que las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Atrato favorecen la generación de energía. En la subregión Norte se encuentran la central hidroeléctrica San Andrés, ubicada en San Andrés de Cuerquia y con actividades en el municipio de Donmatías; el proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango), y la central hidroeléctrica Espíritu Santo, ubicadas en límites entre Ituango y Briceño. La presencia de Hidroituango es una de las más problemáticas para los liderazgos sociales porque, para ellos, representa “un poder instaurado en el territorio que incide en las decisiones administrativas de los municipios, excluye a los defensores y defensoras que tienen posición contraria al megaproyecto y ha generado estigmatización hacia ellos”.

Frente a este tipo de proyectos, también se han consolidado opositores como el Movimiento Ríos Vivos, creado por 15 organizaciones sociales de las subregiones de Occidente, Norte y Bajo Cauca, que se han visto afectadas por los megaproyectos construidos en el río Cauca. Los líderes y lideresas de Ríos Vivos han recibido amenazas y en 2018 se presentaron cuatro asesinatos de sus integrantes en el municipio de Valdivia. EPM y el proyecto Ituango le manifestaron a La Paz en el Terreno que atienden las respuestas de estas organizaciones y que “si bien sus posiciones son contrarias al mismo, son válidas y merecen nuestro mayor respeto”. Asimismo, la empresa sostuvo contar con un ‘Programa de comunicación y participación comunitaria’ que “define un marco de actuación conjunta basado en el enfoque del respeto y la corresponsabilidad” con las comunidades de las zonas de su influencia.

Ante la sindicada vulneración de derechos humanos que aducen los líderes y las lideresas, AngloGold Ashanti expresó que “el respeto por los Derechos Humanos y por las personas que lideran procesos en su defensa es un elemento esencial” para el cumplimiento del propósito de la empresa. En el caso de Hidroituango, este resalta que “cualquier situación que implica un riesgo de vulneración de derechos de la población es de absoluto rechazo y que requiere de la activación de todas las entidades del Estado encargadas de adelantar una investigación seria, eficaz e imparcial, pero además de brindar apoyo, seguridad y garantía para las comunidades”. Al cierre de esta edición, Mineros S.A., Gran Colombia Gold y Zijin-Continental Gold no respondieron los derechos de petición enviados por este medio para conocer sus posturas sobre el tema.

En el 2015 y el 2019, Colombia fue el segundo país más peligroso del mundo para las personas defensoras de derechos humanos que se oponen a los abusos empresariales, con, al menos, 181 ataques en su contra, según documentó en marzo el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Según el informe, el “44 % de los ataques fueron contra las personas defensoras que plantearon preocupaciones” sobre cinco empresas, incluyendo AngloGold Ashanti y EPM, que ante el informe respondieron, respectivamente, que condenan “cualquier ataque contra defensores de derechos humanos y líderes sociales” y que “ni EPM ni el proyecto hidroeléctrico Ituango tienen ni han tenido ningún proceso judicial en curso en el que estén vinculados por presunta participación en situaciones de riesgo para la seguridad física de las comunidades”.

Los liderazgos y Quintero consideran que una acción urgente ante esta crisis humanitaria es la implementación integral del Acuerdo de Paz. “Es crucial el desmantelamiento del paramilitarismo”, acotó el Proceso Social de Garantías.

*La Paz en el Terreno es una alianza entre Colombia 2020 y Rutas del Conflicto que rastrea la implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la ex guerrilla de las Farc en dos temas claves: la situación de los líderes sociales y el proceso de reincorporación de los excombatientes. Para mayor información, consultar lapazelterreno.com. Esta publicación es posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.

**Por un error de diagramación, las respuestas de la Policía no se reprodujeron completamente en la versión impresa de este especial en El Espectador. Aquí están consignadas en detalle.

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