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El alcalde, el director de la Unidad de Víctimas, los representantes de instituciones estatales, todos lo reconocen: el Estado ha brillado por su ausencia en el municipio de Apartadó (Antioquia), durante tantas décadas de guerra. Eso generó la desconfianza y aversión de la población hacia el Estado, particularmente de las víctimas que buscan reparación. Por eso el gran reto no es sólo la firma de la paz con las Farc, sino la reconciliación entre el Estado y la sociedad.
Poco a poco, la institucionalidad se abre camino. Esta semana estuvieron en Apartadó el Servicio Público de Empleo del Ministerio del Trabajo, la Unidad de Víctimas y empresas privadas, en un evento para impulsar la inclusión laboral de víctimas. La asistencia muestra la magnitud del reto: por lo menos 1.200 personas fueron a buscar oportunidades laborales en un municipio donde el 54 % de la población se considera víctima del conflicto armado.
Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas, señaló que para reparar a las víctimas hay que ir más allá de la asistencia humanitaria y proveer oportunidades para que trabajen, generen sus propios ingresos y puedan rehacer su vida. La Unidad firmó un memorando de entendimiento con el Servicio de Empleo, que, según Jara, tiene el propósito de superar las dificultades de la población víctima para trabajar. En Apartadó, donde el desplazamiento es una constante, dice Jara que “cuando alguien sale de su territorio, llega a un lugar desconocido en condiciones de miedo, sin que nadie lo conozca, sin documentos, sin capacitación, por eso nadie le da empleo. En Colombia hay un nivel de desempleo de un dígito, pero cuando se miran particularidades, como las víctimas, es más alto”.
Claudia Camacho, directora del Servicio Público de Empleo, reiteró que “las víctimas del conflicto han sido marginalizadas del mercado laboral. Hay brechas que les impiden acceder a las vacantes. Son excluidas o estigmatizadas por los empresarios. Hay que cerrar esas brechas, de la mano con los empresarios, tanto para los jóvenes que quieren quedarse en las ciudades, como para los campesinos que quieren reactivar el campo”.
El alcalde de Apartadó, Eleazar González, dice que es importante hacer eventos dirigidos a las víctimas, que son las que menos posibilidades tienen. “Hay que reconocer que el Estado está llegando después de años de desgobierno, pero no hay que olvidar que, además del empleo, hay otros asuntos pendientes. Con lo que hacemos hoy ponemos un granito de arena, pero no solucionamos el problema. Hay muchas comunidades en donde hoy no hay presencia estatal, no se ha avanzado en reparación, y sí hay, en cambio, otros actores armados que pueden copar los espacios que van a dejar las Farc”.
Los otros asuntos pendientes
Entre las reuniones que tuvo Jara en Apartadó hubo una en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV), el único que existe en la región del Urabá-Darién y a donde cada día llegan cientos de personas en busca de atención y reparación. Las tragedias son diversas: personas que llevan años sin ser escuchadas, algunas que duermen en la calle porque no consiguieron turno el día que llegaron y no tienen dinero para hospedaje, otras que pagan $300.000 de transporte para ir a recibir una reparación de $200.000. Se habla, además, de casos de corrupción de funcionarios de la propia Unidad de Víctimas que se han robado las indemnizaciones.
Con la visita al CRAV queda claro que la generación de empleo es apenas un paso en el largo camino hacia la reparación. Y sobre todo la reparación colectiva, uno de los grandes pendientes en el Urabá-Darién, donde la Unidad de Víctimas tiene focalizados 24 sujetos de reparación colectiva étnica y no étnica. No hay, hasta ahora, uno sólo de estos procesos consolidado.
Frente al CRAV se instaló el pasado 9 de abril un monumento que muestra los pilares de los procesos de reparación.
Según Ángela Hernández, directora territorial de la Unidad en Urabá-Darién, para los 24 sujetos de reparación ya hay ocho planes de reparación colectiva aprobados. “Muy importante el de Pueblo Bello, donde se ha implementado la mayoría de las medidas descritas en el plan, construido con las mismas víctimas”. Otro ejemplo es el de la comunidad de La Chinita, cuyo proceso va por la mitad y donde se está fortaleciendo el compromiso de la Alcaldía y la Gobernación para consolidarlo.
Entre los asistentes al CRAV estuvo uno de los líderes de La Chinita, Ciro Abadía, representante de la Organización de Víctimas de Antioquia. Él dice que, entre la comunidad y la institucionalidad, se generó el plan de medidas de reparación colectiva del Barrio Obrero de Apartadó (anteriormente La Chinita), con 14 proyectos para dignificar a las víctimas y reparar un barrio afectado por el quinto frente de las Farc, no sólo por la masacre de La Chinita sino por muchas otras masacres.
Pero no basta con reparar a La Chinita y Pueblo Bello, comenta Abadía. “Más de 20 comunidades esperan una reparación que no sean pañitos de agua tibia, sino un esfuerzo real por dignificar a las víctimas y llevar proyectos productivos. Esto es muy importante, porque en La Habana se firma un acuerdo, pero el proceso se hace en los territorios. Y si en los territorios hay hambre, no hay paz. En el marco de la reparación, las Farc también tendrán que venir a Urabá a pedir perdón. No perdón para llorar, sino para dignificar y reparar”.
Ángela Hernández reconoce que hay grandes retos para avanzar en las reparaciones de comunidades como, entre otras, Jiguamiandó y Cacarica, sobre las que pesan sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de DD. HH., respectivamente. “Buscamos el acercamiento con poblaciones que han tenido desconfianza por la ausencia del Estado y de sus instituciones. Tratamos de concertar con ellas, respetando su enfoque diferencial. Hay ciertos avances y grandes apuestas”.