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Cuando termine de leer esta noticia, en todas las selvas del mundo las motosierras habrán tumbado los árboles suficientes para llenar 464 canchas de fútbol de la FIFA. Esta madera se venderá y en los terrenos pelados se sembrará soya, se meterán vacas a pastar o se cultivará palma de aceite. Y, según un informe del programa de defensores de derechos humanos Forest Peoples Programme (FPP), es muy probable es que esos productos terminen con un sello de producción verde.
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Tras escudriñar en documentos científicos, indagar con sus colaboradores y con indígenas de todo el mundo, Tom Griffiths y su equipo redactaron el informe Cerrando la brecha: soluciones basadas en derechos humanos para frenar la deforestación, en el que analizan lo que está pasando con los bosques y sus cuidadores en nueve países del mundo, uno de ellos, Colombia.
Para entender las fallas actuales de las cadenas de valor (como se denomina a la producción ambiental y socialmente sostenible) hay que regresar a su origen. Hace unos años, las alertas empezaron a prenderse cuando se hizo evidente la intricada red que une a algunas materias primas con la deforestación. Un estudio de 2014 de la oenegé Forest Trends estimó que el 40 % del aceite de palma y el 14 % de la carne vacuna que se comercializa tienen su origen en tierras despejadas de forma ilegal. Lo mismo ocurre con el 20 % de la soya y un tercio de la madera tropical.
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Estos productos se ganaron el nombre de “conflict commodities”, o productos conflictivos. A regañadientes, las grandes industrias acordaron, en 2012, trabajar con los estados para proteger los bosques del mundo. A la Tropical Forest Alliance 2020, que fue como llamaron a este acuerdo, le siguió la Declaración de Nueva York sobre bosques tropicales, que firmaron dos años más tarde países, empresas, organizaciones indígenas y de la sociedad civil para ponerle punto final a la deforestación en 2030.
Se crearon pactos internacionales e instituciones de certificación a las que las empresas acudían de manera voluntaria. Nacieron los “sellos de producción verde” que hoy se extienden a diversos productos como la madera, la pulpa y el papel, el aceite de palma, los biocombustibles, el azúcar, la soya, el café, el cacao y minerales como el oro, aluminio y carbón. De hecho, de acuerdo con Forest Peoples Programme, en 2017 ya eran 400 las empresas que habían establecido más de 700 compromisos para frenar la deforestación.
Pero la realidad de los años recientes parece demostrar que estos pactos se quedaron en buenas intenciones. Desde 2015, buena parte de los países tropicales reportaron aumentos alarmantes de sus tasas de deforestación. En Colombia, entre 2015 y 2016 la taza se disparó en un 44 %. El 2017 no pinta mucho mejor. Además, esa aceleración en la tala de árboles vino acompañada por la intensificación de la violencia contra líderes ambientales. En 2016, según reportó la oenegé Global Witness, cerca de mil líderes indígenas y ambientales fueron asesinados, amenazados, intimidados o enviados a prisión por defender sus derechos a la tierra. Es decir, tres cada día.
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¿Por qué, si hay un compromiso con los bosques y la protección de las comunidades indígenas que los resguardan, la realidad parece estarse moviendo en el sentido opuesto?
Los nueves países analizados tienen algunos rasgos comunes: las oficinas que otorgan derechos sobre la tierra a los indígenas son lentas y burocráticas, la información sobre la tierra es incompleta, incoherente o poco transparente; la ilegalidad en la tenencia y adquisición de la tierra sigue vigente; y el lobby de la agroindustria, la minería y otros intereses comerciales interfieren a en las leyes sobre los derechos de las comunidades sobre la tierra.
“En materia de otorgar derechos a los pueblos indígenas, por ejemplo, Colombia es un líder sin lugar a duda”, le dijo Griffiths a El Espectador desde Londres (Reino Unido). “No obstante, en la aplicación es uno de los peores en el mundo, hay una desconexión grave y muy fuerte entre la norma y la práctica”.
En el país, empresas como Poligrow, Nestlé, McDonald’s, el grupo Éxito, Unilever y Yara ya se unieron a la Tropical Forest Alliance 2020. Pero solo basta con rascar la superficie para encontrar casos en los que los pactos ambientales y las certificaciones no sirven de mucho. El informe explica que en Colombia e Indonesia, la adaptación nacional de los estándares de certificación relaja las protecciones sociales que exigen estos sellos.
El director general de la productora de palma Poligrow, por ejemplo, fue investigado y llamado a juicio por lo que habría sido una compra fraudulenta de tierras en Mapiripán (Meta), aunque en agosto del año pasado fue absuelto. A la empresa, además, la sancionó Cormacarena a pagar una multa de $47 millones por haber hecho uso de las aguas de caño Macondo (Meta) para su planta “sin contar con la debida concesión”; multa que la multinacional ya canceló. Poligrow conserva el sello que otorga la Mesa Redonda para la Producción de Aceite de Palma Sostenible*.
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El informe también apunta el dedo hacia la Amazonia, que en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán a causa de los incendios y la deforestación desbordada que desde inicio de año vive esta región. “Encontramos que las iniciativas de cero deforestación en la Amazonia están centradas en el bosque, por lo que generalmente tienen un vacío enorme a la hora de proteger a las comunidades que viven allí”, se lee en el documento. Griffiths pone el ejemplo de Visión Amazonia, la iniciativa más importante del país para frenar la deforestación, que otorgará hasta 20% de sus recursos a los territorios indígenas, a pesar de que estas comunidades son dueñas de la mitad de la selva amazónica colombiana.
Todo esto no quiere decir que el mundo debe echar en saco roto la idea de los productos verdes. Pero las comunidades indígenas que participaron en la elaboración del documento piden cambios profundos para que no se queden en simples intenciones.
Por eso, el pasado mes de febrero once indígenas, campesinos y defensores de DD.HH. de Argentina, Colombia, Guyana, Paraguay, Perú, Camerún, Congo, Indonesia, Liberia, Malasia y Surinam se repartieron en el Parlamento Europeo, el Ministerio de Comercio Exterior del Reino Unido y el gobierno holandés para presentar 51 soluciones puntuales para llenar los evidentes vacíos.
Sus propuestas incluyen mejorar los sistemas de rendición de cuentas y de reparación de las empresas cuando incumplen los pactos, pues por ahora “pueden salir libres y limpios”, tal como sucedió con la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A en Perú, dice Griffiths.
Propusieron, además, que cada importador establezca una oficina de defensoría sobre comercio sostenible, que tendrá poderes para investigar demandas o quejas por violación de derechos humanos o delitos ambientales cometidas por empresas nacionales y transnacionales, financiadores y esquemas de certificación.
Asimismo, plantearon la creación de una lista de riesgos ambientales y sociales para cada país exportador, que pueda ser consultado por los países que estén pensando en cooperar o firmar tratados de libre comercio, o por empresas y bancos que deseen invertir en un determinado territorio.
Finalmente, se planteó la creación de un Fondo Comunitario de Tenencia Forestal de la Unión Europea, que apoye de forma directa (es decir, sin intermediación de los gobiernos) a los pueblos indígenas y otros pueblos originarios y/o comunidades dependientes de los bosques.
“A pesar de las presiones, seguimos construyendo nuestras propias soluciones”, dijeron los once representantes indígenas tras el fin de su gira europea. “La gente de los bosques son los protectores de los bosques; y si no hubiéramos estado allí protegiendo la naturaleza, ésta ya habría desaparecido”. Tal como desaparecieron aproximadamente 56,5 hectáreas de bosque en los seis minutos que transcurrieron mientras usted leía esta nota.
*Nota del Editor: este párrafo fue modificado con el propósito de actualizarlo. Tras la investigación por la compra supuestamente fraudulenta de tierras, Carlo Vigna Taglianti fue absuelto. Y la multa de Cormacarena ya la pagó Poligrow.