Bancada de oposición pide al Gobierno atender a los campesinos de La Macarena

Campesinos concentrados en la región de San Juan de Losada donde citaron a las instituciones estatales para dialogar sobre las tensiones sociales y ambientales que se registran en esta región de la Amazonía colombiana./Cortesía.

Luego de las movilizaciones campesinas del pasado viernes en varios municipios de Meta y Caquetá, las cuales dejaron concentraciones de cientos de estos pobladores en San Vicente del Caguán y La Macarena, este martes varios congresistas de la bancada de oposición enviaron una carta al presidente de la República, Iván Duque, con el fin de poner sobre la mesa la situación humanitaria y social que se presenta en esta región conocida como el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEN). Según los parlamentarios, la operación Artemisa que se empezó a desarrollar desde el pasado 18 de febrero ha generado desplazamientos y las protestas de las comunidades.

Dicha operación, que pretende detener la deforestación de los Parques Nacionales Naturales (PNN) Tinigua, Cordillera Los Picachos y Serranía de La Macarena, se realizó en contra de fincas de campesinos que habitan, desde hace cinco décadas en predios que se ubican dentro de estos parques. “En desarrollo de la operación se cometieron hechos que violan gravemente los derechos humanos de los campesinos de la región, dando como resultado varias personas heridas, 20 capturadas, bienes de campesinos sustraídos irregularmente y desplazamiento de la población por vías aparentemente legales”, dice la misiva que está formada por parlamentarios de los partidos de oposición Verde, Polo Democrático y FARC.

Este martes se conoció que el Gobierno envió delegados a la zona de La Macarena con el fin de iniciar diálogos con los campesinos que lideran las protestas. Tres son los puntos que están sobre la mesa para bajar la tensión en la zona: la violación a los derechos humanos en el marco de la Operación Artemisa, el desbloqueo de las vías de la región a raíz de las protestas y el freno de la operación militar para recuperar tierras habitadas por campesinos en zonas de parques. “La bancada de oposición apoya decididamente estas manifestaciones y solicita al Gobierno instalar una Mesa de Concertación Social y Ambiental para la solución de los conflictos territoriales entre las áreas de parques y los campesinos, que estuvieron en esas tierras mucho antes de que el Estado las catalogara como parques”, dijo Griselda Lobo, senadora del partido FARC.

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Esta controversia tiene una discusión de fondo, que nació tras el Acuerdo de Paz de La Habana, pero que es de vieja data: ¿es posible que los campesinos continúen viviendo en tierras que fueron declaradas de parques naturales mucho después de que los labriegos se asentaran? Los campesinos siguen empeñados en que el Estado los reconozca como propietarios de esas tierras por todas las mejoras existentes, o, que el Gobierno los reubique en otras tierras productivas. Sin embargo, afirma, Javier Gutiérrez, líder social de la Asociación Campesina y Ambiental de Lozada - Guayabero (ASCAL-G), de fondo están las petroleras que pretenden atravesar el Parque Natural Cordillera Los Picachos para sacar petróleo del sur del Meta hasta Buenaventura para exportarlo a continentes como Asia y así ahorrarse 500 millones de dólares en la construcción, según lo reveló La Silla Vacía en 2014.

Según una investigación de la Universidad de Administración Pública (ESAP), liderada por el campesino Luis Alberto Montoya Osorio, sobre estas tierras de parques y baldías habitadas por campesinos en esta región, el Gobierno maneja un discurso ambientalista para sacar a los campesinos de esas tierras, pero no a los terratenientes, “grandes deforestadores”, y a las empresas petroleras que pretenden explotar dicho territorio. “Nosotros desmontamos el discurso ambientalista del Gobierno a través de una consulta que le hicimos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en febrero de 2019, cuando le preguntamos si había bloques petroleros dentro de esos territorios, dentro del parque Tinigua y Picachos. La respuesta, documentada, es que para esa fecha había 87.000 hectáreas adjudicadas a empresas petroleras para la exploración de hidrocarburos dentro de esos parques. Entonces, como ese se convirtió en el argumento de los campesinos, de porque a ellos no y a las petroleras sí, supimos, por medio de una fuente de esa entidad, que en octubre del año pasado Parques Nacionales le pidió de manera informal a la ANH que quitara los polígonos de exploración dentro de esos parques y el mapa fue modificado. No obstante, siguen apareciendo unas 42.000 hectáreas dentro del Tinigua a nombre de la empresa Gran Tierra Colombia IN Sucursal”, dijo.

Por lo pronto, a esta situación en La Macarena, se suman las protestas en la región del Catatumbo por el ingreso de Fuerza Pública para iniciar erradicación forzada de cultivos de uso ilícito: “¿Qué puede hacer la gente después de que la desalojan de sus casitas?, pues le toca refugiarse en puntos específicos para sobrevivir. Claro, tenemos una pandemia que ya está cobrando vidas, pero ¿qué está haciendo el Gobierno para garantizar el retorno de cientos de campesinos que fueron expulsados y señalados como delincuentes?”, agregó la senadora Griselda. “Esa es una obligación del presidente de la República de responder por esos campesinos que protestan allá y que se pueden contagiar en cualquier momento, por no dejarlos tranquilos en sus territorios y, en vez de recibir represión, que sean atendidos en salud, educación y vivienda, porque viven en condiciones paupérrimas”, puntualizó una de las firmantes de la carta, al lado de senadores como Iván Cepeda, del Polo; y Antonio Sanguino del Verde.

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