Campesinos del sur de Córdoba denuncian que les deben más de tres meses en subsidios PNIS

El Banco Agrario es la entidad encargada de hacer efectivos esos pagos, tras las transferencias respectivas que haga el Gobierno.

Rogelio Ulloa le dedicó más de 35 años de su vida al cultivo de papayas en Chinú (Córdoba). En 2003, desplazado forzosamente por los paramilitares de su tierra, emprendió un viaje hacia Tierralta, en el mismo departamento, para comenzar una nueva vida sin temor a ser asesinado. Pero la falta de recursos económicos lo lanzó al cultivo de coca.

En 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz, quiso cambiar su rumbo y junto con decenas de sus vecinos y amigos se inscribió al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Su meta era volver a trabajar la papaya y si bien comenzó a lograr su cometido iniciando con pequeñas parcelas entre 2018 y 2019, periodo al que él llamó “la bonanza de los subsidios”, su situación actual es la versión desdibujada de lo que soñó. Hoy alega deudas de pagos del PNIS y junto con miembros de la Asociación Campesina Para el Desarrollo del Alto Sinú (ACDAS) insiste en que hay una nueva ola de violencia en su territorio que lo tiene en una encrucijada entre volver a los cultivos de coca, para tener una renta, o seguir esperando acompañamiento estatal.

Esta situación se descontroló el pasado mes de febrero. Según le comentó a este diario un líder veredal de Tierralta, que pidió ser mencionado como Ignacio*, el 10 de febrero de este año más de 500 campesinos inscritos en el PNIS hicieron una marcha pacífica que desembocó en la sede del Banco Agrario. Lugar en el que pidieron razones por las cuales el pago de sus subsidios contemplados en el programa no se había hecho efectivo en los últimos meses.

“Hubo aglomeraciones, claro, y lo lamentamos. Pero nadie usó la violencia como forma de protesta... créame; lo único fue una sola voz de desespero porque sin el pago de esos subsidios hay muchas familias que no comen y a las cuales tarde que temprano les toca elegir entre seguir confiando en el Acuerdo de Paz o en someterse a las tareas que los grupos armados o los narcos quieran”, dijo Ignacio.

Otros voceros de ACDAS, que también pidieron reserva de identidad por temor a represalias, dijeron que no entienden por qué hay trabas en ese tipo de trámites, si según su conocimiento el Banco Agrario cuenta con solvencia para transferir los recursos PNIS en todo el país. “En 2019 vinieron de la Consejería de Estabilización a darnos partes de tranquilidad sobre el futuro del PNIS. Aseguraron que el Estado tenía fijados para los siguientes años giros al Banco Agrario por más de 235 mil millones (anuales); y vean, menos de dos años duraron con su palabra”, insistió uno de ellos.

Carlos Perlaza, vocero campesino en Montelíbano, dijo que la situación que ellos viven en su municipio es igual a la de sus compañeros en Tierralta. Según él, más de 300 familias han cumplido al pie de la letra lo planteado en la ley 896 de 2017, creadora del PNIS, y que aún así los pagos trimestrales que debieron ser efectuados a lo largo de los meses que el país lleva en emergencia sanitaria han sufrido de demoras “injustificables”.

“Dentro de los beneficios del PNIS se contempla la seguridad alimentaria para aquellas familias inscritas, pero durante la pandemia -cuando más necesitamos del Estado- esos pagos los han acomodado a beneficio de quién sabe qué. El rango diario de atención a cada jornalero en los primeros meses de la pandemia estaba entre los 180 y 220, ahora no atienden solicitudes de más de 60 diarios y se hacen los de la vista gorda con los pagos desde diciembre de 2020″, lamentó Perlaza.

Las molestias de los campesinos, como documentó el diario regional El Heraldo, escalaron a un conflicto de orden público. De acuerdo con la versión de los campesinos, que le dieron su testimonio a ese medio, a comienzos de febrero se presentaron enfrentamientos entre cuerpos del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) y erradicadores del PNIS en Montelíbano.

En esos hechos fue herido un jornalero, al parecer por un cartucho de impacto lanzado por el Esmad. El episodio sigue en investigación y parte del conflicto fue mediado por la Defensoría del Pueblo, entidad que en esa misma semana llamó a las partes a una reunión para encontrar soluciones de convivencia. Aún así, según Perlaza, allí no se hablaron de temas de fondo sobre las deudas relacionadas con el PNIS.

¿Qué dicen las autoridades?

El gobernador cordobés, Orlando Benítez, fue uno de los mandatarios regionales en hacer presencia en el lanzamiento de “Contratos de conservación natural”, una iniciativa del Gobierno Nacional para adjudicar terrenos a personas inscritas en el PNIS, bajo la condición de preservar los recursos naturales de cada zona entregada.

En dicho encuentro, Benítez dijo que esto era un avance en el uso de la tierra y que a nivel PNIS se ha cumplido a cabalidad con los campesinos que le dan un uso legal a sus cultivos. De hecho, comentó que en San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta no tenían registros por falta de pagos a los campesinos PNIS y que hay más de 5.000 familias que han cumplido y a las que se les ha manifestado reciprocidad, como indica el Acuerdo de Paz.

Mientras se despeja el panorama y se entabla un diálogo más directo entre comunidad y los beneficiarios de los pagos por el PNIS, desde el seno de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba proponen crear una mesa de diálogo con cada alcaldía cordobesa y con voceros del Banco Agrario, de nivel local, para aclarar el tema. Aún no hay respuesta concreta a este llamado.

Este medio intentó contactar a las alcaldías de Tierralta y Montelíbano, pero no se tuvieron respuestas telefónicas al cierre de esta nota.

*Se cambió el nombre de la fuente por seguridad

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