Campesinos de Ituango se movilizan contra la erradicación forzada de cultivos de coca

Cerca de mil campesinos de más de una decena de veredas del municipio antioqueño se desplazaron hasta la cabecera municipal del corregimiento Santa Rita para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito.

Los campesinos piden cumplimiento al acuerdo colectivo de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, suscrito en abril de 2018.Cortesía

Ituango, Antioquia.

Mientras la subsistencia campesina siga amenazada en Santa Rita (corregimiento de Ituango) los pobladores que viven del cultivo de coca desde hace 17 años continuarán desafiando y resistiendo las medidas coercitivas del Gobierno colombiano hasta tanto cumpla con la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Este es el mensaje reproducido en las pancartas que portaron durante la movilización iniciada desde el miércoles 13 de febrero y que aún el sábado arengaban por las calles del corregimiento.

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Cerca de mil campesinos pertenecientes a las veredas La Paloma, Lomitas, Manzanares, La Cristalina, La Ciénaga, La Soledad, Media Falda, La Ceiba, El Indio, Villegas, El Palmar, La Esperanza, La Francia, Finlandia, El Recreo, Camelia Baja, La María, El Tejar, Los Venados, La Buenavista y Sebastiana, se movilizaron hasta la cabecera del corregimiento Santa Rita para protestar contra la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito por parte de cientos de soldados del Ejército Nacional que, armados con picos y palas, llegaron al territorio a cumplir la orden de arrancar las matas de coca.

La congregación campesina, según Dorance Durango, representante de la Asociación de Campesinos de Ituango (ASCIT), obedece específicamente al incumplimiento del acuerdo colectivo suscrito el 9 de abril de 2018, luego de que militares adscritos al Comando de la Séptima División del Ejército Nacional avanzaran en la erradicación forzosa a pesar de que muchos campesinos firmaron la sustitución voluntaria individual y colectiva a cambio del cumplimiento de los acuerdos y la entrega de las ayudas.

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A fin de que los militares encargados de la misión entendieran la queja, los campesinos le entregaron copia del acta al sargento Alberto Fernando Santos Pacheco, en representación del Batallón Bajes, durante la reunión realizada el pasado miércoles, para que conociera los compromisos adquiridos el año pasado. Sin embargo, el oficial ratificó la misiva de sus superiores. “Nos mandaron a erradicar los cultivos de coca, en el momento no lo estamos haciendo porque esperamos órdenes, una vez nos las den, arrancamos”, enfatizó el militar ante los representantes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCAM), la ASCIT, FARC y autoridades municipales, ante quienes dejó claro que estas siembras solo favorecen a los grupos armados que se disputan el control de la zona.

A su turno, el representante por la FARC, Jhon Taborda, insistió al Ejército no empezar la misión encomendada para evitar enfrentamientos entre pobladores y Fuerza Pública hasta tanto el PNIS llegue al territorio con las ayudas y proyectos. Los líderes de las diferentes veredas apoyaron la iniciativa recordando que no tienen otra alternativa para sostener a sus familias ni pagar deudas, y que el uso de la fuerza solo les dejaría más violencia, pobreza y hambre. Finalmente acordaron no iniciar el plan de erradicación hasta conocer los resultados de la reunión que sostendrán con funcionarios del PNIS programada para el 22 de febrero, fecha fijada durante una reunión sostenida en la Gobernación de Antioquia el pasado viernes.

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Los cultivadores de coca esperan una respuesta favorable durante la reunión fijada para el próximo viernes, pues el PNIS ha cancelado su asistencia en cuatro oportunidades. De no darse este encuentro, y por el contrario el Ejército empieza a erradicar como lo hizo el año pasado, las familias se volcarán con sus hijos en una gran movilización desde sus veredas hasta el casco urbano de Ituango, como ocurrió en abril de 2018 cuando más de 200 campesinos llegaron para protestar contra la erradicación forzosa de cultivos en las veredas del corregimiento El Aro, bloqueando las vías que conducen a las zonas rurales y a Medellín.

Frente a los incumplimientos en relación con el PNIS, que han sido denunciados no solo en Ituango sino en varios territorios del país, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien está a cargo de la implementación del programa, dijo este lunes, 18 de febrero, que el gobierno Duque les va a cumplir a las familias que han firmado acuerdos de sustitución de cultivos.

“Vamos a cumplir con las 130.203 familias que firmaron acuerdos, en la medida en que se vayan dando los descongelamientos generales del presupuesto nacional. Iremos al territorio a informales a las comunidades de cada zona en qué está cada proceso, a reiterar nuestro compromiso y a señalar cuándo se entregan las previsiones correspondientes”, dijo Archila al término de la reunión de la Junta de Direccionamiento Estratégico, una instancia del PNIS que no había sido convocada en este gobierno.

El consejero agregó que se definió una hoja de ruta a desarrollar mediante 88 núcleos o planes de acción en los 56 municipios de 14 departamentos del país donde hace presencia el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

En el caso del corregimiento de Santa Rita, el  cultivo de  la coca es el agente dinamizador de la economía y asimismo en otros municipios del norte antioqueño, que otrora estuvieron aislados por la presencia de las guerrillas de las Farc, y ahora tras el acuerdo de paz cuya implementación no avanza, puso el territorio en bandeja de oro en manos de las disidencias y bandas criminales.

Tanto sembrar coca como erradicarla pone a los campesinos del norte antioqueño en la mira del Ejército Nacional y de los grupos armados. Los primeros los tildan de alimentar las finanzas de los segundos, y estos últimos los amenazan si llegan a permitir que arranquen si quiera una mata. No obstante, durante la reunión con las autoridades municipales y militares, los pobladores aseguraron que obran por su cuenta y no obligados por ninguna estructura ilegal.

En esta disyuntiva se mantienen los cocaleros ituanguinos desde hace dos años que de aguante en aguante han evitado quedarse con las manos vacías por cuenta del incumplimiento del PNIS.

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Zafía Hatrichiz

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