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La hija del admirado pensador estadounidense, Avram Noam Chomsky forjó su propio nombre: Aviva Chomsky. Es profesora de historia y coordinadora de estudios latinoamericanos y caribeños en la universidad estatal de Salem en Massachusetts (Estados Unidos). Activista, como su padre, y, quizá, una de las extrajeras más comprometidas con apoyar a los líderes sociales de la Guajira. A los que están amenazados de muerte y que defienden los derechos de los desplazados por la mina El Cerrejón desde diciembre de 2001.
Chomsky conoce de Colombia porque, a través de la historia de América Latina, ha estudiado el pasado del extractivismo. Sin embargo, la palabra Guajira se incrustó en su memoria desde el día en que recibió la noticia de que el carbón con el que encendían las plantas de energía de su pueblo provenía de la Guajira. Se enteró por boca de dos líderes de la comunidad de Tabaco, quienes la visitaron un día de mayo de 2002 para contarle eso y que los ayudara en su lucha por recuperar su habitat y, en parte, su cultura de negros, campesinos e indígenas wayuú.
Los líderes le llevaron videos, fotografías y audios de su cruel tragedia, cuenta la historiadora. Quedó impactada, reconoce. Desde entonces, emprendió una lucha junto a muchas organizaciones sociales de Suiza, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, a través de “Acción Permanente por la Paz”, para dar voz a las comunidades afectadas por compañías extranjeras en países de América Latina como Colombia. ¿Qué lograron? En esta conversación Chomsky cuenta los detalles y la historia de su relación con los líderes sociales de la Guajira.
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¿Cuál fue el primer acercamiento que tuvo con la Guajira y sus líderes sociales?
Yo sabía que el carbón llegaba al pueblo desde Colombia, pero no sabía nada de la situación concreta de la Guajira y la mina del Cerrejón. En mayo de 2002, cuando me visitaron dos líderes en Estados Unidos, me enteré del impacto que la mina había generado en las comunidades, sobre todo en la comunidad de Tabaco.
¿Qué pasaba en ese momento con las comunidades de Tabaco?
Ellos estaban esperando la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto al desalojo que habían sufrido casi un año antes, porque todo sucedió en agosto de 2001. Cuando nos enteramos quedamos bastante afectados. No conocíamos la historia detrás del carbón que llegaba al pueblo. Veíamos llegar el carbón en los grandes barcos desde Puerto Bolívar, pero no conocíamos los que los líderes me mostraron en videos y fotos.
¿Qué sucedió después de conocer la historia detrás del carbón que consumían a diario?
Junto a las otras organizaciones de Acción Permanente por la Paz, en donde había personas de Inglaterra, Suiza, Estados Unidos y Canadá (representantes de la sociedad civil donde operan las sedes de las compañías de carbón), para el año 2006 logramos llevar nuestra primera delegación a la Guajira. Unas 20 personas de estos países no unimos para dar voz a las comunidades afectadas por las empresas. Desde entonces, lo hacemos cada año: una delegación de personas de diferentes partes del mundo va a la Guajira a visitar a las comunidades afectadas para escuchar las voces de los desplazados y de los trabajadores de la mina, porque también tenemos una relación muy cercana con Sintracarbon, el sindicato de trabajadores del Cerrejón.
¿Qué le dijeron los funcionarios de Cerrejón en ese entonces?
Cuando llegamos a la Guajira en 2006 pedimos una entrevista en la mina y nos la concedieron. El tema central: la situación de Tabaco. Entonces, la compañía dijo que quizá tratarían la reubicación de varias comunidades, pero que no iban a volver al caso de Tabaco porque eso ya era historia.
¿Qué sucedió entonces?
Se intensificó la campaña internacional para insistir en que la compañía escuchara a las personas desplazadas y asumiera la responsabilidad del desplazamiento. Además, para que reubicara colectivamente al pueblo de Tabaco. Entonces, publicamos libros, hicimos eventos en nuestros países y una parte muy importante fue la que hicieron en Australia y Suiza: presentaron una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), porque las compañías matrices del Cerrejón se radican en países miembros de ese organismo y tienen la obligación de cumplir esas normas. Con esa queja la empresa tuvo que responder y su respuesta fue constituir un panel independiente para evaluar su comportamiento en derechos humanos y sus relaciones con las comunidades. La queja ante la OCDE fue en el año 2007.
¿Y qué dijo el panel independiente?
El panel independiente publicó su informe en el año 2008 y dijo claramente que la compañía debía mejorar sus relaciones con las comunidades para desarrollar una política real de responsabilidad social. Por eso, tenía que enfrentarse al tema de Tabaco y no seguir evitándolo. La reubicación de esa comunidad era clave para llegar a una política de responsabilidad social, también dijeron los panelistas.
¿Cómo está el tema de Tabaco en este momento y cuántos líderes de ese proceso de reclamación están amenazados?
Hemos visto que los principales líderes de la lucha de los exhabitantes de Tabaco están entre los más amenazados en la región. Así que las amenazas contra quienes se oponen a las actividades del Cerrejón continúan. En cuanto a la lucha del pueblo desplazado, en 2008, hace diez años, se firmó el acuerdo para la reubicación de Tabaco, no obstante, esto no ha ocurrido y el caserío sigue sin reconstruirse. Y por eso culpo a la mina: por evadir su responsabilidad moral, ética y social. Cuando firmaron el acuerdo yo no sé si tuvieron en cuenta que iban a aprovecharse del lenguaje en el acuerdo para echar toda la responsabilidad a Hato Nuevo, pero es muy claro para cualquiera que conozca la Guajira, que ese municipio no tiene los recursos para invertir en la reconstrucción de un pueblo. La única entidad que debe y puede es la misma responsable del desalojo de Tabaco en el 2001 y esa se llama Cerrejón.
¿Y cómo ha sido defender a los líderes desde el exterior de Colombia?
En Colombia hemos aprendido que el acompañamiento internacional es muy importante, porque tanto el Gobierno colombiano, como las multinacionales, son muy poderosos en la región. Entonces, ¿cómo puede una persona desplazada, sin recursos, enfrentarse a dos fuerzas políticas y económicamente tan poderosas en su entorno? El punto clave es: tanto del gobierno colombiano como las multinacionales necesitan de una buena imagen en el exterior. Y el trabajo de los activistas en Colombia ha sido difundir a nivel internacional actividades, protestas, necesidades y, también, las amenazas que están sufriendo los líderes sociales en el país. En general, tanto en la Guajira como en otras partes de Colombia, los dirigentes de movimientos sociales nos han dicho que cuando los ojos del mundo se enfocan en lo que ellos están haciendo, eso contribuye a su seguridad, porque ni las multinacionales ni las fuerzas del Gobierno quieren que el mundo entero vea los ataques que se hacen en contra de líderes de movimientos de la sociedad civil.
¿Qué les dijo la empresa, en la última reunión que tuvieron en la mina Cerrejón en la Guajira, frente a los líderes amenazados?
Los empresarios del Cerrejón manifiestan que rechazan cualquier atentado o amenaza contra los líderes sociales. No estoy culpando directamente a Cerrejón, porque realmente no creo que estos funcionarios que estaban en el salón con nosotros sean directamente responsables de las amenazas, sin embargo, la presencia de la compañía en la región ha distorsionado tanto la política como la economía de la Guajira. Y la llegada de los paramilitares, y, luego, de las bandas criminales, tiene que ver con la presencia de una multinacional que crea tantas fuentes de riqueza en la región.
¿Por qué?
Una multinacional que decide llegar a un área de conflicto, de muchísimas necesidades y crear fuentes de riqueza, una riqueza incontenible, no es posible hacer todo eso sin asumir la responsabilidad por los efectos colaterales. Es decir, no es suficiente que la mina diga: estamos en contra de las amenazas. Tiene que reconocer que la responsabilidad indirecta por su mera presencia y por sus actividades en la región, como el utilizar la fuerza pública para un desplazamiento forzado violento, eso también contribuye a la impunidad, a la corrupción y al crecimiento de la violencia en la Guajira.
¿Cómo han denunciado las amenazas contra los líderes de la Guajira internacionalmente?
En las reuniones de accionistas donde siempre hacemos denuncias públicas hemos hecho muchos esfuerzos para traer a líderes de la región, los cuales han estado en Londres en las reuniones de accionistas. El objetivo es exigir que las compañías matrices ejerzan presión sobre la mina Cerrejón para que cumpla con los compromisos que tiene con la comunidad.
¿Cuál será el papel de las organizaciones internacionales en este nuevo gobierno y frente a los líderes sociales que están siendo asesinados?
El hecho de que el gobierno de Iván Duque se haya manifestado totalmente a favor del extractivismo y de las compañías de los megaproyectos, crea una situación más peligrosa para los líderes sociales, porque es como dar una impunidad a las fuerzas políticas y económicas que están obrando en contra de los defensores de derechos humanos. Y creo que es un momento bien peligroso que están sintiendo muchos en la Guajira y, sobre todo, muchos de los que están en contra de los magaproyectos en diferentes partes del país.
¿Cuál es su mensaje para los líderes sociales de Colombia?
Que ahora más que nunca vamos a estar atentos de lo que está pasando en las comunidades. Vamos a defender los derechos de las comunidades a nivel internacional y mantener la atención de los extranjeros frente a las amenazas y lo que está sucediendo con los líderes. Estamos comprometidos con eso.