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“En los últimos tres días por culpa de las balas han caído tres menores de edad: Katerine, Daniela, María Fernanda. De 15 años, de 5 años y 9 meses. Niñas asesinadas por el conflicto, por la guerra, por la violencia. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Como iglesia denunciamos con dolor que el conflicto en el Cauca está degenerándose a tal punto que no está respetando la vida de los menores de edad”, dijo en las últimas horas el nuevo jerarca de la iglesia católica en Colombia, monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien aún es el arzobispo de Popayán y quien se posesionará a mediados de junio en el nuevo cargo asignado por el papa Francisco.
Los tres casos a los que se refiere sucedieron en las dos últimas semanas en el Cauca, donde las bandas criminales pretenden instaurar su orden y dominar rutas estratégicas del narcotráfico hacia el Pacífico caucano. El sábado pasado, mientras Armando Muñoz se desplazaba con su esposa y sus dos hijas por la vereda Dos Aguas, en el municipio de Suárez (noroccidente del Cauca), fue alcanzado con balas de fusil de hombres armados que habían declarado toque de queda en la región a raíz de la pandemia. En el hecho, Muñoz resultó muerto, su hija de 5 años, Hellen Daniela Muñoz, fue trasladada al hospital del pueblo donde murió y, el pasado 12 de mayo, sucedió el deceso en la clínica Valle de Lili de Cali de la bebé de 9 meses, María Fernanda Muñoz.
En la noche del miércoles 29 de abril, en medio del crimen contra el líder social Álvaro Narváez Daza, también murieron su esposa, su hijo mayor y una de sus nietas, Yenni Catherine López Narváez, quien recibió los impactos de fusil de los hombres que dispararon desde el monte contra la casa de los Narváez. Ella era una niña de 15 años, estudiante de la Institución Educativa Mojarras del municipio de Mercaderes, en donde era reconocida por ser integrante de la banda musical como artista de la trompeta y la flauta de quena. Durante los tres años en que estuvo en la banda, soñaba con ser música. “La Institución Educativa Mojarras está de Luto por los fallecimientos de don Álvaro Narváez padre de familia y Katherine Narváez nuestra alumna que deja memorables recuerdos por su ejemplo, por su participación”, escribieron sus profesores.
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Quince días antes, el 16 de abril, en el corregimiento de Tacueyó, pero al otro extremo del Cauca, en el norte, Yilber Andres Yatacué Méndez, un adolescente indígena de 14 años, falleció en un centro médico luego de encontrarse una bala, producto de un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo armado ilegal. Yatacué pertenecía al pueblo indígena nasa de Toribío. Sobre el hecho, la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el acto así: “Expresamos preocupación por los hechos violentos que siguen ocurriendo en Cauca y hacemos un llamado a todos los actores armados a respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Lamentamos que hoy un niño de 14 años del Pueblo indígena Nasa haya muerto al ser herido por una bala perdida en medio de los combates”.
En otro hecho de violencia en el norte del Cauca, el 12 de marzo, en los inicios de la pandemia en el país, Jhon Deivi Aponza Ramírez, de 13 años, también murió en uno de los baños de la Institución Educativa de Poblazón, a pocos kilómetros de la ciudad capital Popayán, luego de que un artefacto explosivo estallara. En ese momento, el rector del plantel educativo Albeiro Macca, dijo que el estudiante pidió permiso para ir al baño. Pasados unos minutos, se escuchó la explosión y se supo del deceso del menor.
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Mientras tanto, en la noche del 3 de abril, hombres armados llegaron directo a la casa de Hamilton Gasca, sus tres hijos y su esposa, y los asesinaron a mansalva. En el hecho, los armados primero asesinaron a Kevin Gasca, de 14 años, luego a Rober Gasca, de 11 años, y, finalmente a su padre, Hamilton, quien intentó impedir que les dispararan. Mientras tanto, María José Arroyo, la esposa, y el hijo menor de siete años, único sobreviviente de los hermanos Gasca, Eliecer, lograron escabullirse, “como culebras entre el matorral”, le contó el menor a uno de los inspectores judiciales.
Según el Registro Único de Víctimas, en el Cauca hay un estimado de más de 117.800 niños, niñas y adolescentes, víctimas del conflicto armado a 30 de abril de 2020. La Unidad para las Víctimas asegura que avanza en el trabajo psicosocial por las secuelas emocionales con las que están creciendo los menores en muchos rincones de esta región del suroccidente del país. Pero es difícil avanzar en estos temas en medio de tanta violencia.