El riesgo extremo de querer sustituir coca voluntariamente

En los últimos dos años, al menos 63 líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito han sido asesinados. Radiografía de un fenómeno en aumento.

Este año se han presentado 28 amenazas contra los líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito./ Mauricio Alvarado.

El 10 de enero de 2017, José Yimer Cartagena, un reconocido líder del municipio de Tierralta (Córdoba), fue desaparecido en algún punto de la carretera que lleva al vecino municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño, por la presunta orden de un jefe de sicarios de las autoproclamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Al día siguiente apareció muerto cerca de allí con signos de tortura. Este fue el primer asesinato de un defensor de la sustitución de cultivos de uso ilícito registrado tras la firma del Acuerdo de Paz. Diecisiete días después, el Gobierno lanzó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

El PNIS busca, en palabras del mismo Acuerdo, “la transformación estructural del territorio”: construcción de vías, asistencia social diferenciada, formalización de tierras, seguridad alimentaria, tratamiento penal alternativo y el reemplazo de la mata por otros proyectos productivos. Para ello, los campesinos se comprometieron a erradicar voluntariamente y a renunciar a la resiembra.

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Desde entonces y durante los más de 22 meses desde la muerte de José Yimer, centros de pensamiento, organizaciones sociales y órganos estatales han documentado decenas de homicidios de líderes de sustitución, eso sin contar las constantes agresiones en su contra. Los miembros de un equipo conformado por el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Cacep) y el movimiento político Marcha Patriótica evidenciaron que sicarios de la mafia, en la gran mayoría de los casos, asesinaron a 23 líderes de sustitución de cultivos durante el año 2017 y han apagado las vidas de otros 40 en lo corrido del 2018 (63 casos en total). La información hace parte de la versión actualizada del 19 de noviembre del texto conjunto de estas organizaciones, Todos los nombres, todos los rostros, disponible en la web. Otros investigadores coinciden en que hay una tendencia al aumento de los homicidios, esta vez registrados en el informe (próximo a publicarse) ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el posacuerdo.

Con respecto a 26 dirigentes de la sustitución documentados, comparando los registros de los años 2017 y 2018, el número de vidas segadas habría aumentado al menos tres veces y medio, aclarando que puede haber muchos más casos sin registrar. Así lo documentó la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) junto con un grupo de aliados, como el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Iepri) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

La mayoría de los líderes de sustitución asesinados (47 personas de las 63 registradas por Indepaz) pertenecían a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), de acuerdo con Cristian Delgado, coordinador del equipo nacional de garantías y derechos humanos de Marcha Patriótica. Dato confirmado por el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (OCDI Global). “Las víctimas de Coccam tenían diferentes grados de participación del PNIS. Algunos estaban metidos de lleno liderando y otros participaban y recibían los subsidios del Programa”, aseguró Pedro Arenas, coordinador de OCDI Global. La Coccam es una plataforma compuesta por varias organizaciones sociales que representa y organiza a la mayoría de familias inscritas en el PNIS, del que hace parte como miembro de su órgano consultivo, el Consejo Permanente de Dirección.

“Para nosotros, los 47 son líderes y defensores de DD. HH., pues ellos están impulsando la implementación del PNIS en sus territorios”, aseguró Sara Guarín, secretaria general de la Coccam, quien también denunció la reiteración de situaciones de peligro que enfrenta la organización: un estimado de al menos 38 amenazas individuales, 12 de ellas contra la comisión política de la coordinadora. “Hay, al menos, una agresión a la semana, hostigamientos y amenazas colectivas”, informó Guarín.

Si bien la mayoría de dirigentes de sustitución amenazados integran instancias representativas de la Coccam, el 60 % de los homicidios, sin embargo, han estado dirigidos contra los coordinadores veredales y municipales. Es decir, están amenazando más a quienes tienen mayor visibilidad, “para sembrar el terror y paralizar la acción política de los líderes”, pero están asesinando más a los que coordinan la implementación del PNIS directamente en sus pueblos. Esta es una de las conclusiones del informe nacional sobre violación de derechos humanos en la implementación del punto 4, Solución al problema de las drogas ilícitas, de la Coccam, socializado por Guarín el pasado 10 de diciembre.

Cristian Delgado también registró amenazas directas contra líderes de sustitución de cultivos y denunció que este año se han presentado como mínimo 28 casos. Muchas veces, estas derivan en desplazamientos forzados de individuos y grupos, como les ocurrió, por ejemplo, a cinco miembros de la comisión política de Coccam y a toda la junta directiva del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en Tumaco (Nariño), poco antes del asesinato de su vocero, José Jair Cortés, el 17 de octubre de 2017. Incluso, estos ataques han derivado en desplazamientos de toda una comunidad, como les sucedió a 130 familias el 18 de enero de 2018, cuando asesinaron a Plinio José Pulgarín en San José de Uré (Córdoba).

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Esta creciente persecución contra los líderes, que se ha venido presentando sobre todo en las regiones con mayor densidad de cultivos de coca y presencia del PNIS, ocurre en el contexto del aumento general del homicidio en estas zonas de disputa armada. Los asesinatos aumentaron 35 % con respecto a agosto, septiembre y octubre de 2017, una tendencia también al alza el resto del año, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Los enemigos de la sustitución

“El programa de sustitución voluntaria es un programa que implica quitarles la materia prima a unos de los peores criminales que hay en el mundo. Entonces, pues, no es deseable, no es algo que uno quisiera, pero es previsible que esas personas reaccionen cuando ven que las familias y el Estado están siendo exitosos en su proceso de sustitución voluntaria”, dijo en entrevista Emilio Archila, alto comisionado para el Posconflicto.

Aunque el programa de sustitución tenga falencias para atender las demandas de las regiones, es cierto que hay un nutrido grupo de maleantes, de diferente procedencia y poderío, que, en vista de tener sus cuantiosos ingresos amenazados, ha recurrido a la persecución de los que lideran el tránsito de las familias cocaleras a otros estilos de vida. “Con la paz hay actores que pierden y por eso se resisten y sabotean el proceso. Son grupos armados, narcotraficantes y otros actores locales con intereses claros en que se mantenga el statu quo de la guerra, la violencia y la polarización”, aseguró Borja Paladini Adell, representante del Instituto Kroc en Colombia.

Las bandas armadas de las que habla Paladini Adell van desde grupos posdesmovilización paramilitar, narcos industriales, desertores y disidentes de las Farc y del Epl, guerrillas como el Eln, hasta presuntos carteles mexicanos que delinquen en Colombia. El incremento del asesinato contra líderes sociales también coincide con la mayor presencia y expansión de grupos armados, una relación causal comprobada por los investigadores, entre otros, de la CCJ, el Iepri y el Cinep.

Entre los presuntos responsables más importantes estarían las AGC, particularmente en las regiones del Nudo de Paramillo y el Bajo Cauca antioqueño, seguidos por rebeldes del frente Primero de las Farc en Guaviare y Meta, y del frente Óliver Sinisterra, una estructura bajo el mando de Wálter Patricio Arizala, conocido como Guacho. Los investigadores cuentan con el registro de homicidios en Chocó, Antioquia y Norte de Santander, que han sido perpetrados bien sea por el Eln, que también disputa territorios en Arauca, Chocó y Bolívar, o por el Epl, viejos aliados que ahora se enfrentan a muerte por la coca del Catatumbo. Sus combates han dejado a más de 1.600 habitantes de esta región fronteriza en condición de desplazamiento forzado, documentó la FIP. De acuerdo con el programa Somos Defensores, al Eln se le suman más víctimas fatales en el Valle del Cauca.

Los departamentos con más registros de asesinatos de líderes de sustitución son Cauca, Nariño, Antioquia y Córdoba. Los municipios con mayor número de víctimas mortales de la Coccam son Tumaco (Nariño), con ocho homicidios; López de Micay (Cauca), con cuatro, y con tres homicidios cada uno: Bolívar (Cauca), San José de Uré (Córdoba) y Tarazá (Antioquia).

Según la coordinadora, la lista de presuntos responsables involucra a miembros de la Fuerza Pública, por ejemplo, en contextos de enfrentamientos relacionados con protestas contra la erradicación forzada, como ocurrió en octubre de 2017 con los hechos conocidos como la masacre de El Tandil, en Tumaco; las AGC; un grupo armado residual de las Farc autodenominado Frente (Fuerte) Unido del Pacífico, el Eln y el Epl. En el 47 % de los casos, sin embargo (22 de 47), no se tienen pistas de los autores.

Son varias las razones que permiten afirmar que el riesgo contra los promotores de la sustitución de cultivos va más allá de la violencia de los grupos alzados en armas. También están la indiferencia, la desprotección y la estigmatización del Estado, que históricamente los ha considerado enemigos por estar vinculados con la cadena del narcotráfico, a pesar del contexto de necesidad que afrontan. Los huecos jurídicos en materia de protección, ante la inminencia de los riesgos, han llevado a organizaciones como la Coccam a solicitar medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Pablo Elías González, quien llegó a la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el gobierno Duque, aceptó la necesidad que tienen de ir más allá de la protección e incursionar en la prevención, cuando el órgano ha sido reiteradamente denunciado por las víctimas debido a su ineficiencia. Para eso pretende mejorar en el detectamiento de situaciones de riesgo y ampliar el número de programas de protección colectiva (actualmente hay 38 según la UNP), especialmente para comunidades campesinas. El hecho de que la gran mayoría (40 de 47) de los líderes de la Coccam haya sido asesinada sin amenaza previa demuestra la necesidad de garantizarles medidas de protección integrales, materiales y no materiales, y de “trascender hacia la prevención”, en palabras de González.

* La Paz en el Terreno (lapazenelterreno.com) es una alianza entre Colombia 2020 y Rutas del Conflicto que sigue el rastro de la implementación del Acuerdo de Paz, específicamente en la situación de riesgo contra líderes sociales y el proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc. Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.