Según el Comité Internacional de la Cruz Roja

En 2019 hubo 344 víctimas de minas antipersonales y artefactos explosivos

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La organización también alerta sobre el incremento del uso de artefactos de detonación controlada y artefactos lanzados contra bienes civiles. Otras de sus preocupaciones son el confinamiento y los traumas psicológicos producto de la contaminación por armas.

Entre enero y diciembre de 2019, 344 personas fueron víctimas de minas antipersonales y otros artefactos explosivos (entre los que se cuentan restos explosivos de guerra como morteros, granadas o misiles, artefactos que involucran mecanismos de detonación controlada y artefactos explosivos lanzados). De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR), organización que dio a conocer estas cifras, 158 de los afectados son civiles, 19 son menores de edad y 44 fallecieron.

Los últimos casos que se conocieron en el país ocurrieron en zonas rurales de Ábrego (Norte de Santander) y Dabeiba (Antioquia). El 18 de diciembre dos hombres resultaron heridos al pisar una mina antipersonal en Ábrego. Uno de ellos perdió la pierna derecha. Y el 26 de diciembre de 2019 se conoció la muerte del indígena David Bailarín, del pueblo embera eyábida, al pisar una mina que estaba en el resguardo Amparradó en Dabeiba, en límites con el municipio de Frontino. El accidente ocurrió mientras recogía frutos e iba de cacería con dos compañeros, quienes resultaron heridos.

La Organización Indígena de Antioquia (OIA), al hacer pública la muerte de David Bailarín, también denunció que todas las comunidades indígenas de Frontino, Dabeiba y Murindó se encuentran confinadas por la presencia de minas y grupos armados.

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“Una preocupación muy grande para el CICR es que esa restricción del movimiento o confinamiento puede durar años. Las comunidades dejan de entrar a sus cultivos y empiezan a buscar otras áreas donde puedan encontrar alimento y agua. La vulnerabilidad de más accidentes con minas antipersonales y artefactos explosivos es bastante alta”, sostiene Ana María Hernández, coordinadora de la unidad de contaminación por armas y mitigación del riesgo del CICR.

El mensaje que da a las comunidades es que eviten acercarse a los sitios donde hubo accidentes por artefactos explosivos, así la información sea de hace diez años. Según Hernández, el 80 % de las consecuencias humanitarias relacionadas con contaminación por armas en 2019 se concentraron en 12 departamentos del país: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Este último departamento fue el que más víctimas tuvo: 108 personas.

Advierte que hubo desplazamientos, confinamientos e infracciones a las misiones médicas y fue más difícil el acceso a bienes y servicios. Hay lugares donde, según ella, los niños no pueden ir a estudiar porque hay sospecha de minas antipersonales.

“Nuestra preocupación”, agrega, “es que en el último año hemos identificado un incremento del uso de artefactos de detonación controlada y artefactos lanzados contra bienes, que antes estaban dirigidos a la fuerza pública y ahora estamos registrando víctimas civiles. Se presentaron en 10 departamentos, incluyendo el Meta y Putumayo, donde no se registraron accidentes en 2018. Y lo peor es que son reconocidas como víctimas de atentados o actos terroristas ante la Ley de Víctimas y por ende no reciben la misma atención que las personas que sufrieron heridas por minas antipersonales”. El 2017 fue el año con menos reportes de víctimas de minas antipersonales y artefactos explosivos (57 víctimas). La población civil sentía la tranquilidad de denunciar cuáles eran las zonas contaminadas. Sin embargo, en lugares como Norte de Santander, Chocó, Cauca y Antioquia, donde el conflicto armado ha tomado fuerza de nuevo, regresó también el miedo de hablar. De 2017 a 2019 el incremento de víctimas es del 460 %.

Las víctimas de minas antipersonales que quedaron físicamente lesionadas o perdieron una parte de su cuerpo no son el único indicador de la contaminación por armas. En Tumaco (Nariño), Colombia 2020 conoció el caso de un joven que fue víctima de la explosión de una granada. No tuvo heridas físicas visibles, pero no cuenta con una vida digna por las secuelas psicológicas.

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Al igual que las comunidades que viven en confinamiento o son desplazadas por la presencia de minas antipersonales, los traumas psicológicos son consecuencias invisibilizadas.

Dervinson es el nombre de este joven, que ahora tiene 20 años y vive junto a su madre, Julia, y dos hermanas en un barrio humilde de Tumaco. Por su estado de salud no habla de lo que le sucedió hace casi 12 años, así que fue su madre la que revivió el hecho:

“Era 31 de octubre, día de Halloween, al mediodía. Dervinson tenía ocho años y salió con sus cuatro amigos de siempre a buscar máscaras para pedir dulces en la noche. De regreso, en la playa de bajamar vieron una bola y pensaron que era una pelota. La cogieron y se la lanzaron entre ellos jugando. Mi hijo pensó que tenía monedas porque le sonaba algo por dentro y decidieron abrirla. Uno de los amigos que estaba al lado de él fue quien intentó abrirla con la punta de un cuchillo y fue ahí cuando explotó la granada.

Dervinson se levantó después y vio a su amigo ya muerto. Mi hijo sufrió lesiones por esquirlas en el lado derecho de su cuerpo y quedó con problemas de audición. Otro amigo de él murió días después por los coágulos de sangre que le llegaron al corazón producto de la explosión.

La recuperación de mi hijo fue de tres meses y 17 días. Tiempo después del accidente yo lo veía llorando en la azotea y escuchando las canciones que bailaban en el morro. Con el tiempo empezó a ponerse peor, no se la pasaba en la casa, los demás niños lo molestaban y empezó desde muy joven a consumir drogas. Ahora es agresivo. Sale desnudo a la calle, es grosero con la gente, por eso ya no tiene amistades. Ya lo he internado varias veces en Pasto, pero la EPS me dice que el Plan Obligatorio de Salud solo cubre el Hospital Perpetuo Socorro por un mes.

Yo ya no sé qué hacer. No lo abandono, pero ha sido una lucha que he dado sola. Durante todos estos años me enfoqué en él y descuidé a sus hermanos. Varios se fueron de la casa muy jóvenes. No le tienen paciencia. Yo sé que a Dervinson le pasa algo, desde ese día él no sabe qué es ganar años. Es como si fuera un niño. No pudo seguir en el colegio ni le dan trabajo.

Yo nunca les conté a los médicos lo que ocurrió con la granada, aunque está reconocido como víctima. Nunca recibió ayuda psicológica por este hecho. A él lo atienden por policonsumismo en la EPS, pero solo le dan medicamentos. Está bien 15 días y recae. Yo quisiera una ayuda, que estuviera en un lugar donde pueda distraerse y estar tranquilo”.

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La única colaboración que ha recibido Julia y su hijo ha sido por parte de Pastoral Social y su proyecto de Acción Integral contra Minas Antipersonal, el cual cuenta con el apoyo del Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (Unmas, por sus siglas en inglés). Les brindan un apoyo psicosocial, no clínico, ya que es responsabilidad del Estado, en cabeza del Ministerio de Salud, brindarles este servicio a las víctimas del conflicto armado.

Julia y Dervison hacen parte de la estrategia de apoyo entre pares de la Pastoral Social, en la cual víctimas de minas antipersonales y otros artefactos explosivos se reúnen para contar su experiencia y apoyarse en lo que tiene que ver con rutas de atención y manejo del trauma.

“También les ayudamos con el transporte, el hospedaje y la alimentación, porque muchas de las víctimas de Tumaco tienen que desplazarse hasta Pasto o Cali para sus exámenes o terapias de rehabilitación. Son personas que viven en zonas rurales y no cuentan con los recursos”, explica Melisa Angulo, psicóloga del área de educación en el riesgo de minas en situaciones de emergencia del proyecto de Pastoral Social.

De acuerdo con Angulo, la atención a víctimas de minas se enfoca principalmente en personas que sufrieron amputaciones y en su proceso de adaptación a la prótesis y rehabilitación. Pero no hay que dejar de lado a quienes sufrieron afectaciones no visibles, como Dervinson. “Las víctimas de este hecho usualmente pierden el control de sus emociones. Hay agresividad y mutismo selectivo. También hay que mirar su entorno: hay disfunción familiar, a hermanos, madres o hijas les toca asumir un rol de cuidador. Eso genera desgaste, estrés, peleas. Nadie está preparado para asumir esta situación”.

La atención que brinda la Unidad de Víctimas (Uariv) es psicosocial y colectiva, no clínica. “La Unidad es complementaria a la medida de rehabilitación psicosocial definida en la Ley 1448, la cual encabeza el Ministerio de Salud”, le aseguró a este medio Aída Solano, coordinadora del área de atención psicosocial de la Unidad de Víctimas.

Agrega que cualquier víctima de este hecho puede acercase a la oficina de la Uariv en su territorio y hacer la solicitud de atención, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde el accidente. En Tumaco atendieron en 2019 a casi 400 víctimas y en 2020 tendrán un profesional en atención psicosocial de manera permanente.

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Por otro lado, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aceptó en un evento de Colombia 2020 que, si bien el 100 % de los afectados reciben atención hospitalaria, solamente 50 % tiene atención poshospitalaria, el 30 % atención psicosocial y el 40 % apoyo socioeconómico. Asimismo hizo un llamado a que en la prórroga de la Ley de Víctimas se tenga en cuenta la atención a los cuidadores de víctimas de minas antipersonales.

Educación en el riesgo de minas

El temor crece colectivamente después de un accidente con minas antipersonales. La voz corre con la sospecha de una zona contaminada y por ahí se vuelve prohibido cruzar. Hay fincas, cultivos y ganado que quedan abandonados por el miedo a pisar uno de esos artefactos.

En Nariño se sabe que donde hay cultivos de uso ilícito también hay minas antipersonales. En Río Rosario, donde también hay grandes plantaciones de coca, ocurrieron dos desplazamientos masivos en 2019. Una persona que conoce la zona (por cuestiones de seguridad no damos su nombre), aseguró que de allí se fueron casi 600 personas por las amenazas y el miedo: “Lo que más hay son municiones sin explotar, como granadas o morteros que han caído cerca a la escuela y la cancha. Los enfrentamientos entre los grupos se dan de lado a lado entre las montañas y nosotros quedamos en medio”.

Varias voces de la región denunciaron en qué lugares se han presentado más accidentes con minas o trampas explosivas y las zonas donde hay sospecha: el municipio de El Charcho, Río Rosario, Alto Mira y Frontera, Llorente, La Ensenada y Chagüí, en zona rural de Tumaco.

Río Rosario es una de las zonas donde Pastoral Social está trabajando en su programa de educación en el riesgo de minas antipersonales. Se trabaja con los docentes de las escuelas para que les enseñen a los niños cuáles son los tipos de artefactos explosivos, dónde hay riesgos y cómo aprender a identificar una zona contaminada. También se hacen talleres con la población. Se les indica cuáles son los caminos seguros, que no toquen ni agarren balones, botellas o cualquier objeto abandonado en medio del campo, y primeros auxilios cuando ocurre un accidente.

Y aunque hay veredas donde se han evitado accidentes gracias a las medidas de prevención, lo cierto es que con la reconfiguración de grupos armados también hay reinstalación de minas antipersonales en lugares completamente desconocidos para las comunidades. Hacer desminado humanitario allá es difícil precisamente por la situación de inseguridad. A la gente no le queda más opción que pisar con cuidado y estar alerta en su propio territorio.

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