Ocho líderes asesinados desde febrero de 2018

En el sur de Córdoba arrancaron la coca, pero la violencia se recrudeció

Tres beneficiarios del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito fueron asesinados sin que el Gobierno les hubiera cumplido con los pagos contemplados en esta política. El comandante de la VII División del Ejército, General Juan Carlos Ramírez, reconoce que no tienen el control territorial de la zona.

Organizaciones en terreno señalan que varias veredas del sur de Córdoba han quedado despobladas por los desplazamientos de la comunidad. Gustavo Torrijos

Los asesinaron ante la mirada impotente de todo el pueblo. Momentos antes, casa por casa, hombres armados sacaron a los habitantes y los convocaron en la plaza principal, un lote que sirve de cancha de fútbol improvisada. Allí apartaron del grupo a Jader Pertuz y Jader Polo, dos jóvenes de 24 años, y les dispararon a sangre fría. Antes de retirarse, advirtieron al resto de habitantes que si el Ejército llegaba hasta allí, volverían para cometer una masacre.

Así narran líderes del sur de Córdoba lo sucedido el pasado jueves 23 de mayo en el corregimiento Brazo Izquierdo, del municipio de San José de Uré. Cuentan que la acción fue ejecutada por cerca de una decena de hombres de los Caparrapos, aunque en un principio se había hablado de más de 30 hombres. Al día siguiente, luego de cometer el doble homicidio, llegaron al corregimiento Batatalito y cobraron una vida más, la de Luis Fernando Velásquez.

Los tres hombres asesinados eran beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y luego de que la coca fue arrancada en la zona se quedaron esperando los planes con los que debe llegar el Gobierno, como lo estipula esa política. Particularmente, las víctimas eran recolectores o raspachines de coca, quienes actualmente, con las dificultades que enfrenta la implementación del programa, son los que salen peor librados entre quienes antes estaban vinculados de alguna manera con la coca.

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De acuerdo con el PNIS, los recolectores —que se quedaron sin su sustento pese a no tener hectáreas de coca propias para sustituir— deben desarrollar labores comunitarias y por ello reciben un pago de $1 millón mensual. Sin embargo, Arnobis Zapata, coordinador de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, una de las que alertaron sobre lo que sucedió la semana pasada, explicó que ese programa está suspendido en el territorio desde hace cerca de un mes, por lo cual sus beneficiarios están en una especie de limbo.

Mientras tanto, cuenta Zapata, los jóvenes asesinados ejercían como mototaxistas entre los corregimientos de Versalles y Brazo Izquierdo. Al parecer, según algunos testimonios, habría sido esa labor la que hizo que fueran asesinados por los hombres de los Caparrapos, ya que en la zona, como lo han denunciado a través de distintas alertas tempranas la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones sociales, ese grupo armado sostiene un enfrentamiento con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, del que antes hacía parte. Además de tener presencia en el sur de Córdoba, las autoridades han afirmado que los Caparrapos, grupo sucesor del paramilitarismo, también opera en el Bajo Cauca antioqueño.  En ese sentido, a los jóvenes los habrían señalado por transportar a hombres de las Agc y eso habría sido suficiente para decidir su asesinato.

Pero, además, el PNIS en el sur de Córdoba no solo enfrenta dificultades en relación con los compromisos adquiridos con los recolectores, sino que su panorama en esa región es “crítico”, como lo califica la asociación de campesinos. Entre Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, 2.045 familias vinculadas al programa arrancaron 1.020 hectáreas de coca. El porcentaje de cumplimiento de esas familias con el PNIS, según certifica la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), ronda el 100 % en los casos de Montelíbano y Puerto Libertador, y el 90 % en San José de Uré. “En esa zona no quedan más de 100 hectáreas de coca”, asegura Zapata.

Pero mientras las familias campesinas han ido sacando la coca de su territorio, el mapa de actores armados ilegales se ha ido reconfigurando. Durante 2018, la Defensoría emitió una serie de alertas tempranas que evidenciaban el riesgo al que estaba sometida la población de San José de Uré, donde se hacía referencia explícita a los corregimientos de Brazo Izquierdo y Batatalito, víctimas la semana pasada de la incursión armada de los Caparrapos. A la confrontación de ese grupo con las Agc se suma la presencia en la zona de la estructura que se ha denominado Nuevo Frente 18 de las Farc, que sería un grupo de antiguos integrantes de esa extinta guerrilla.

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Para los habitantes de la zona, la escalada de violencia se produjo a inicios de 2018 y la marcó el asesinato de Plinio Pulgarín, presidente de la junta de acción comunal de una de las veredas de San José de Uré, cuyo homicidio se registró en enero de ese año. Desde entonces, la asociación de campesinos ha registrado ocho asesinatos de líderes sociales en la zona, cinco de ellos vinculados al PNIS.

Andrés Chica, líder social del territorio, expresa que en la zona, a raíz del programa de sustitución, no hay una cantidad de coca que justifique un enfrentamiento como el que se está viviendo. Como lo contó Colombia 2020, los intereses de los grupos armados, dice, estarían apuntando a los megaproyectos minero-energéticos para la extracción de cobre, carbón y oro que se han venido consolidando allí en los últimos años. Una fuente institucional de la zona confirma esa versión y señala que las veredas donde se han producido los desplazamientos fruto de las acciones armadas han ido quedando despobladas, lo que facilita la exploración de minerales. No es claro si los armados tienen alguna relación con las empresas interesadas en estos proyectos o si su interés en controlar y despoblar estos territorios estaría relacionado con futuras extorsiones.

Operación Aquiles

Entre los habitantes del sur de Córdoba resuena el nombre de la operación Aquiles, desplegada por la Fuerza Pública a inicios de 2019 para hacer frente a los grupos armados que operan en el territorio. En ese momento se habló de entre 4.000 y 4.500 hombres del Ejército y la Policía que llegarían, no solo al sur de Córdoba, sino también al Bajo Cauca, para reforzar la seguridad.

Sin embargo, cinco meses después de la puesta en marcha de la operación, incluso fuentes institucionales aseguran desde el territorio que se ha tratado de una operación más mediática que efectiva, que las capturas anunciadas públicamente no han tenido repercusiones en el accionar de los grupos. “Parece que hubieran dejado el territorio a la suerte de los actores armados”, dijo uno de los líderes. Prueba de ello, dijeron, es lo que ocurrió la semana pasada, cuando un grupo paramilitar de los Caparrapos pudo desplazarse entre corregimientos y cometer varios asesinatos y el único combate que se produjo fue con hombres de las Agc pero no con la Fuerza Pública.

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Sobre esos reclamos, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la VII División del Ejército, reconoció en primer lugar que se trata de un territorio controlado por los grupos ilegales. “En este momento, tenemos que reconocerlo, es un área donde la ilegalidad estaba haciendo control ilegal del territorio”, dijo.

“Hay unas áreas donde todavía no hemos llegado con el Ejército. Por ejemplo, hoy ya hay presencia en Brazo Izquierdo y la semana pasada no había”, explicó el general Ramírez. Dijo, además, que en lo que va corrido del año se han producido 336 capturas de los Caparrapos y las Agc entre el sur de Córdoba y el Bajo Cauca, mientras el año pasado, en el mismo período solo iban 80 capturas. El general aseguró que llegarán a las zonas donde no estaba el Ejército, por lo cual los enfrentamientos armados se incrementarán en el sur de Córdoba.

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2019-05-31T07:00:00-05:00

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2019-05-31T06:45:20-05:00

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Sebastián Forero Rueda / @SebastianForerr

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