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hace 5 horas

En plena pandemia de COVID-19, el Estado hace erradicación forzada en Catatumbo

A pesar de que levantaron los bloqueos en varias vías de Norte de Santander, los campesinos piden que los operativos para arrancar la coca en Sardinata se detengan, por lo menos, mientras se supera la crisis sanitaria. Comunidades dicen que sin las matas se quedarían sin sustento. Ministerio de Defensa dice que está adoptando todos los protocolos sanitarios.

En Sardinata (Norte de Santander) la Fuerza Pública está adelantando operaciones de erradicación forzada en medio de la pandemia de COVID-19. Campesinos piden cesar los operativos./ Archivo El Espectador.

Unos 600 campesinos bloquearon durante tres días las carreteras que comunican a Cúcuta con Ocaña y Tibú, en Norte de Santander, ante la erradicación forzada que está adelantando la Fuerza Pública en Sardinata. Los labriegos decidieron levantar las protestas ante la crisis sanitaria por el coronavirus, pero piden que se suspendan las acciones mientras se supera la emergencia, teniendo en cuenta que su subsistencia depende de los cultivos de coca. “Es como si la gente estando en cuarentena les cancelaran sus contratos de trabajo, no tendrían plata para comprar el antibacterial, el papel higiénico, comida ni para pagar los arriendos y los servicios públicos. Eso ocurre hoy con los campesinos de Sardinata”, explicó Juan Carlos Quintero, miembro de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) que acompañó la movilización.

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Las comunidades denuncian que un grupo de más de 800 erradicadores entre civiles, policías y militares llegaron a la zona rural de Sardinata desde el pasado 11 de marzo. Primero estuvieron en los corregimientos de El Guamo de San Miguel y Las Mercedes y avanzaron hacia las veredas El Bojoso, La Mesa, Cartagena y San Joaquín. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc), Sardinata es el quinto municipio con más cultivos de coca en el país. Incluso, en el informe de dicho organismo advirtió la multiplicación de los sembradíos en esa jurisdicción que pasó de tener 865 hectáreas en 2015 a 5.487 en 2018.

Aparte de quedarse sin medios de subsistencia, a los campesinos les preocupa la emergencia sanitaria que hay en el país por cuenta del coronavirus. El grupo de erradicadores es muy grande y temen que eso ayude a multiplicar los contagios en esa región. Por eso piden al Gobierno que los operativos se suspendan, por lo menos, mientras dura la emergencia. “Hemos dicho que al menos por la cuarentena suspendan las erradicaciones violentas por la misma salud de militares, policías y erradicadores”, enfatizó Quintero. A ese pedido se sumó la Asamblea departamental de Norte de Santander, que por medio de una misiva le solicitó al presidente Iván Duque: “la suspensión del proceso de erradicación que en la actualidad se adelanta en diferentes municipios de la zona del Catatumbo y propone la creación de mesas de diálogo en las que se construya, junto a los actores involucrados, una salida que represente el menor riesgo para los nortesantanderanos”. "En manos del Gobierno está suspender la erradicación forzada", agregó Hermenides Moncada, alcalde de Sardinata.

El Ministerio de Defensa se negó a acoger las recomendaciones, tanto de los campesinos como de la Asamblea departamental. En respuesta a un cuestionario enviado por Colombia2020 respondieron que “actualmente los protocolos sanitarios, que se vienen implementando con ocasión del COVID -19, permiten continuar con las operaciones de erradicación de forma segura”. De acuerdo a sus respuestas tampoco se vislumbra que finalicen pronto los operativos, enfatizaron que “las operaciones de erradicación se planean de forma sostenida, hasta tanto se logre la disminución de cultivos ilícitos”.

Para conocer la posición del Gobierno sobre el pedido de los campesinos y de la Asamblea, consultamos a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, entidad que sólo respondió sobre el tema: “el Gobierno Nacional aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto”.

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Ascamcat denunció, por medio de un comunicado, que en medio de los bloqueos que se dieron el Ejército disparó cerca a un sitio donde se encontraban los campesinos. “Ponemos de presente que esta situación expone a un gran riesgo a las comunidades campesinas y así mismo en que estas medidas de fuerza y la intimidación no son el camino adecuado para brindar una solución”, insistió la organización. Al consultar al Ministerio de Defensa sobre esa denuncia, la entidad contestó: “no se han recibido quejas o denuncias sobre los presuntos hechos descritos en la pregunta. Sin embargo, se procederá a realizar las verificaciones y, si es del caso, iniciar las investigaciones que en derecho correspondan”.

 
 

Los campesinos aseguran que en la foto está un casquillo de las balas que habría disparado el Ejército cerca al sitio donde estaban los manifestantes./ Cortesía.

Campesinos se quedaron esperando el PNIS en Sardinata

“Que Duque haya mandado a los erradicadores concreta en un engaño más de los que hemos tenido históricamente y su posición prácticamente le hace el funeral al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS)”, enfatizó Quintero. Dicho programa es la columna vertebral del punto cuatro del acuerdo de paz, firmado por el Estado y las Farc: solución al problema de las drogas ilícitas.

La comunidad de Sardinata firmó un acuerdo colectivo, el 13 de septiembre de 2017, en el cual 1500 familias expresaron su voluntad de sustituir las plantaciones de coca. Ese es el primer paso para empezar a andar el PNIS.

Al preguntarle al Ministerio de Defensa por qué se está haciendo erradicación forzada en un municipio que firmó acuerdo colectivo, esa entidad aseguró que “la erradicación se está realizando sobre las áreas que no tienen acuerdo de sustitución vigente con el PNIS”. Y señaló que “sólo 302 familias de 11 veredas suscribieron efectivamente el acuerdo de sustitución”. Según la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, hasta el 29 de febrero se habían hecho pagos solamente a 150 de esas familias, apenas la primera etapa del programa. Además, la entidad aseveró que “el Programa de Sustitución se encuentra cerrado actualmente y solo atiende a las 99.097 familias que suscribieron un acuerdo individual”.

“El proceso es claro, luego del acuerdo colectivo seguía la preinscripción e identificación de las familias. El gobierno inscribió a esas 302 familias después de una protesta, pero el resto del cronograma con los corregimientos de Las Mercedes, Luis Vero y El Guamo San Miguel el gobierno nunca hizo las jornadas de identificación de las familias”, explicó Quintero para recalcar que los demás núcleos familiares no se inscribieron en el programa porque el Estado no llegó a completar todo el proceso. "El gobierno nacional debe analizar toda esta situación y entrar en un diálogo en el que salga favorecida la mayor parte de la población", pidió Moncada.

Ascamcat, por medio de un comunicado, aclaró que el levantamiento de la protesta se debe a la emergencia sanitaria que afronta el país, pero insistieron en la necesidad de acabar con las erradicaciones forzadas en Sardinata. Así mismo, reiteraron su voluntad para dejar la coca, pero advirtieron que lo harán “en el marco del cumplimiento total del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc- EP”. Mientras continúen los operativos, los campesinos seguirán con incertidumbre por no saber cómo subsistir, ante una eventual cuarentena nacional, si el Estado les arranca sus matas.

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Nicolás Sánchez A. / @ANicolasSanchez

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