En Urabá extrañan a sus reclamantes de tierra asesinados

Las comunidades homenajearon la memoria de Porfirio Jaramillo, Hernán Bedoya, Mario Castaño y Jesús Alberto Sánchez, asesinados el año pasado en esa región. Fuentes de la Fiscalía dicen que en algunos casos han avanzado en el esclarecimiento de autores y móviles.

Homenaje a los cuatro reclamantes de tierra asesinados el año pasado en Urabá. / Nicolás Sánchez A.

La imagen fue impactante: una decena de reclamantes de tierra provenientes de Urabá llegaron a Bogotá cubriendo sus rostros con máscaras blancas para denunciar la persecución en su contra. Eso fue hace un año. Este lunes 10 de diciembre, ellos descubrirán sus rostros ante los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, como un acto de confianza en que esta entidad establezca la verdad de lo que sucedió, y entregarán su informe sobre las más graves violaciones de derechos humanos en el Eje Bananero y el Bajo Atrato. En esa región no olvidan a sus muertos.

El 2017 fue un año doloroso para los reclamantes de tierra de Urabá. Cuatro de sus compañeros fueron asesinados: el 28 de enero fue asesinado con armas blancas Porfirio Jaramillo Bogallo, líder de la vereda Guacamayas, de Turbo (Antioquia). El 19 de agosto el turno fue para Jesús Alberto Sánchez Correa, hijo de un reconocido reclamante de la misma vereda. Luego los violentos fueron por Mario Manuel Castaño Bravo, a quien le dieron 19 tiros. La infamia siguió y el 8 de diciembre asesinaron a Hernán Bedoya.

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El pasado 26 de noviembre, cuando se cumplía el primer aniversario del asesinato de Mario Castaño, llegaron campesinos de varias veredas de la región hasta la comunidad Madre Unión, en el área rural de Belén de Bajirá (Chocó). Se reunieron en la Casa de la Memoria, que ese día estaban inaugurando.

Cuatro pendones con las fotos de los asesinados colgaron en la fachada de la Casa de la Memoria. Tiene dos pisos construidos con madera. En el primero hay un salón, con piso de barro, para reuniones. En el segundo hay una pequeña habitación en la cual exhiben objetos importantes para la historia de Madre Unión y de las comunidades de Urabá. En una pared dice “La historia de 1996-97”, debajo hay una cartelera en la cual se reseña la Operación Génesis y en ella hay una mención al general Rito Alejo del Río, por el asesinato del campesino Marino López en medio de esa incursión armada.

En cinco papeles rectangulares están los nombres de José Madrid García, Amado Morelos, Alcides Morelos, Daniel Medrano y Virgilio Jimenes (sic). Todos fueron asesinados en 1997, un año que quedó marcado en la memoria de los habitantes de la región. El 20 de diciembre de 1996 entraron al casco urbano de Riosucio unos 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Desde esa fecha la violencia arreció.

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En la reunión, la comunidad resaltó que la violencia contra los líderes en Urabá está relacionada con esa incursión paramilitar. La tierra ha sido un factor central en esa región. Como se ha demostrado judicialmente (en fallos de Justicia y Paz y en procesos de restitución de tierras), sectores empresariales se aliaron con los paramilitares para hacerse con grandes extensiones de tierra. En la zona hay campesinos que aseguran que vendieron cada hectárea de tierra en $60 mil, amenazados con una frase lapidaria que difundieron por Chocó, Antioquia y Córdoba: “Vende usted o vende la viuda”.

En una entrevista que Raúl Hasbún, jefe del bloque Bananero de las Auc y empresario del banano en la región, le concedió a revista Semana en 2012, dijo que le entregó a la Fiscalía un listado de más de 270 bananeros y 400 ganaderos que tenían nexos con esa estructura armada.

Tras la desmovilización de las Auc, en 2005, la tranquilidad no llegó a Urabá. En esa región cientos de combatientes no entregaron sus armas. Daniel Rendón Herrera, conocido como Don Mario, fundó el Clan del Golfo. Ese grupo armado se conoce con varios nombres, también se le ha denominado el Clan Úsuga y los campesinos lo conocen como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

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A pesar de ese contexto, en 2011 los campesinos que salieron desplazados conocieron la esperanza. Ese año se expidió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Quienes se encontraban lejos de sus parcelas soñaron con recuperarlas. Empezaron a volver sin acompañamiento institucional, pero muchos encontraron sus tierras ocupadas por empresarios.

Desde ese momento, varios líderes y organizaciones que trabajan en la región han denunciado que los empresarios están aliados con los grupos armados para entorpecer la reclamación de tierras. Incluso el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó otorgó medidas de protección a las comunidades del Consejo Comunitario La Larga-Tumaradó, en proceso de restitución de tierras, argumentando que “existe prueba suficiente de que las mismas (personas que retornaron sin acompañamiento) se encuentran en un riesgo inminente, que han recibido ataques continuos de sus posibles despojadores e incluso de grupos armados organizados irregulares”.

El Urabá es una región clave para el narcotráfico, por lo cual las Agc ejercen un recio control territorial. Según una fuente de la Fiscalía, que pide no ser citada por no estar autorizada para hablar, afirma que desde los puertos de Turbo (Antioquia) salen lanchas rápidas hacia Centroamérica y contenedores de banano hacia Europa que transportan la cocaína.

En medio de ese contexto violento los campesinos despojados intentan recuperar sus tierras. Por una parte, son vistos por los empresarios como “invasores” y, por otra, tienen choques con el poder armado de las Agc. Según las comunidades, esos factores explicarían los asesinatos de Porfirio Jaramillo, Hernán Bedoya, Mario Castaño y Jesús Alberto Sánchez. Colombia2020 habló con personas de la Fiscalía cercanas a las investigaciones de esos crímenes, y en algunos casos concuerdan con las hipótesis de las comunidades y en otros tienen grandes diferencias.

El riesgo persiste. Al preguntarle a la gente por la presencia de grupos armados miran a su alrededor y hablan en voz baja. Este medio conoció dos denuncias interpuestas en octubre por líderes ante la Fiscalía por amenazas de hombres armados.

En el homenaje por cuatro de los reclamantes asesinados, sus compañeros reafirmaron que seguirán andando los caminos que ellos intentaron abrir, pero que la violencia truncó. “Les estamos diciendo al mundo y a los malos que no nos han callado. La lucha sigue”, enfatizó Héctor Pérez, amigo de Mario Castaño y líder reclamante de tierras de la comunidad Madre Unión.

Porfirio Jaramillo: la negativa a dejar su tierra

Porfirío volvió a su parcela, en la vereda Guacamayas de Turbo (Antioquia), el 24 de enero de 2015. La encontró con ganado y, según le dijeron, estaba en poder de Germán González, quien fue cura en la parroquia Divino Niño de Chigorodó. Fue víctima de amenazas por parte de personas que se identificaban como administradores de las fincas aledañas. Le tocó salir cuatro veces desplazado.

El 24 de diciembre de 2016 regresó y le dijo a su familia que no estaba dispuesto a irse otra vez. El 29 de enero de 2017 llegaron hasta su casa hombres que se identificaron como integrantes de inteligencia militar, lo sacaron y lo asesinaron con un machete.

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Según una fuente de la Fiscalía, las Agc lo asesinaron por considerarlo un informante. Otros líderes de la misma comunidad tienen información (con nombre propio) de los presuntos responsables, pero nos abstenemos de publicarla. Creen que lo mataron porque no quiso salir de su tierra. Lo mismo cree su familia. Incluso, cuentan que días antes del asesinato llegaron varios hombres a la casa y uno de ellos dijo: “Lo veré con la boca llena de hormigas en el camino”.

La familia Jaramillo, que se encuentra desplazada, ha seguido recibiendo amenazas. La tierra por la que luchó Porfirio sigue en otras manos. Por este caso hay una persona capturada.

Hernán Bedoya, sin respuestas sobre su crimen

Hernán Bedoya era reclamante de tierras en el Consejo Comunitario Pedeguita Mancilla. Lo asesinaron con 15 disparos el 8 de diciembre de 2017. La Fiscalía no tiene una hipótesis clara sobre este asesinato. Hasta el momento no hay ninguna captura por el homicidio. Bedoya ejercía una fuerte oposición a que la Asociación Agropecuaria Campesina (Agromar) desarrollara un proyecto en tierras del consejo comunitario. Por eso tuvo varios choques con el representante legal de su propia organización, Baldoíno Mosquera Palacios. 

Agromar y Mosquera suscribieron un convenio de asociación el 7 de junio de 2016. En el documento, el consejo comunitario se compromete a aportar 20 mil hectáreas de tierra. Por cada hectárea, Agromar pagará $3 millones. El contrato le da la potestad a la empresa de explotar la tierra durante 100 años. En el contrato figuran 12 socios, que son los beneficiarios de sus ganancias.

Por otra parte, Bedoya sostenía un pleito de tierras con el empresario palmero Juan Guillermo González, a quien le estaba reclamando 50 hectáreas de tierra. Las comunidades que homenajearon a los cuatro líderes en Madre Unión esperan saber quién y por qué mataron a Bedoya.

Mario Castaño Bravo, incómodo para las Agc

Mario Castaño no solo fue un líder para la comunidad, sino que también se dedicó a formar líderes. “Cuando Mario hablaba en las reuniones todos aprendíamos”, recuerda Pablo López, representante legal del Consejo Comunitario la Larga Tumaradó. El líder cargaba una carpeta debajo del brazo con copias de los decretos y leyes sobre la restitución de tierras. La llevaba consigo para demostrar que lo que decía era verdad, porque él se sabía de memoria la normatividad.

Mario fue un ejemplo para las comunidades que estaban desplazadas tras la arremetida paramilitar en Urabá. Decidió volver con su familia a Madre Unión, de donde tuvo que salir por cuenta de la violencia. En ese lugar tenía una finca llamada Árbol del Pan que, según cuenta su sobrina Arelys Castaño, se encontraba ocupada por el empresario Rubén Darío Correa Marín, conocido en la región como Darío “Monje”. Buscamos al empresario, pero fue imposible obtener un número de contacto.

Mario le insistió a Héctor Pérez que la gente tenía que volver a las parcelas de las que salieron por la violencia. Por eso el 12 de octubre del 2014 volvieron 26 familias sin acompañamiento estatal. Según cuenta Pérez, encontraron gran parte de sus tierras ocupadas por el empresario Francisco Luis Castaño Hurtado. Él se defiende diciendo que pagó por la tierra y que la compró porque hasta su oficina en Chigorodó llegaron a ofrecérsela algunas personas, que ahora son reclamantes. “Ahí vendió el que quiso porque quería plata”, insiste. 

La comunidad temía por la vida de Mario. Varias veces confrontó a las Agc. La Fiscalía y la comunidad concuerdan en sus versiones, al líder lo habrían asesinado porque se opuso a la entrada de un miliciano de ese grupo a la parte baja de Madre Unión. Era importante para el grupo armado instalar a alguien ahí para cuidar una antena de telecomunicaciones que tenía en el cerro Madre. “Paraco que vea, paraco que le echo la ley”, dijo en una reunión.
Pérez cuenta que, por decisión del Estado, compartía esquema de seguridad con Mario. “Cuando uno salía el otro quedaba sin escolta”, dice su sobrina.

Su familia pide atención psicosocial. Arelys les manda un mensaje a los violentos: “Por favor, no nos sigan haciendo daño, que nosotros no estamos reclamando nada malo, estamos reclamando nuestras tierras”.
Por este homicidio hay una persona capturada. 

Jesús Alberto Sánchez: el impulso para retornar

Sánchez tenía 29 años. Apareció muerto en un sector de Apartadó conocido como Sungo, tras su secuestro el 9 de agosto de 2017.

“Nosotros creemos que lo mataron porque él le daba mucho ánimo a su familia para retornar”, asegura un líder de la comunidad a quien le reservamos su identidad por temas de seguridad. Su familia reclamaba una parcela en la vereda Guacamayas, la misma de Porfirio Jaramillo. 

Pedro Nel Sánchez, padre de Jesús Alberto, había vuelto a su finca en 2013 luego de haber sido desplazado por la violencia que se vivió en la región tras la incursión paramilitar.

El 11 de junio de 2017 llegaron a la finca hombres armados que torturaron a Pedro Nel y a su familia. Decían que estaban obligados a abandonar la tierra. Tras salir de la zona, Jesús Alberto siguió diciéndole a su papá que tenían que retornar. 

No fue posible determinar en qué fase del proceso está la investigación de la Fiscalía. Según la organización Tierra y Vida, la contraparte en el proceso de esas tierras es un empresario llamado Juan Fernando Mejía.

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Nicolás Sánchez A. / @ANicolasSanchez

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