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El viernes 28 de febrero se llevó a cabo una reunión en Algeciras (Huila) para analizar la crisis de seguridad de los excombatientes de las Farc en ese municipio del sur de país. Al encuentro asistieron representantes de la Consejería para la Estabilización, la Unidad Nacional de Protección, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Mapp-OEA, el Ejército Nacional, la Policía, la Gobernación del departamento, la alcaldía y representantes de los excombatientes. Pocas horas después de que se acabara la reunión, uno de los exguerrilleros que participó en ella recibió una llamada en la que lo declaraban a él y a su compañera objetivo militar. Les daban 24 horas para que salieran del municipio.
Justamente la compañera de quien recibió la amenaza había tomado la palabra en esa reunión para denunciar un hecho que había ocurrido unos meses atrás. “Todos los hijueputas que están recibiendo ayuda, bancarización, son los que tienen que salir del municipio”, le habían dicho en esa ocasión. No había denunciado ese hecho, pero el viernes pasado, al sentirse segura por la presencia de las autoridades, se animó a mencionarlo públicamente. Tras la amenaza recibida luego de la reunión, ambos se desplazaron hacia Neiva.
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“Lo raro para nosotros es que al parecer quienes hacen las amenazas es gente que está muy cerca de los movimientos, de la vida cotidiana de nuestros compañeros, pareciera que incluso tuvieran acceso a las listas de asistencia a esas reuniones”, alerta Ronald Rojas, conocido en la guerra como Ramiro Duran, consejero político del partido Farc en Huila y delegado por ese partido ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo de Paz (Csivi).
De acuerdo con Rojas, la situación de inseguridad para los excombatientes en Algeciras se ha recrudecido. En los últimos días, al menos cinco familias de exguerrilleros tuvieron que salir hacia la capital del Huila por amenazas contra sus vidas. Más aun cuando hace poco más de una semana fue asesinado en ese mismo municipio Esder Pineda, excombatiente de las Farc que avanzaba en su reincorporación adscrito a la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz (Cooagropaz). Pineda es el segundo exguerrillero perteneciente a esa cooperativa en Huila asesinado este año. El primero fue Jhon Freddy Vargas, a quien asesinaron en Pitalito el 25 de enero.
Victor Hugo Silva Soto es el representante legal de Cooagropaz y asegura que quienes han sido asesinados o han recibido las amenazas son precisamente quienes lideran iniciativas productivas en el marco de la cooperativa. Jhon Freddy Vargas estaba al frente de un proyecto piscícola en el sur del Huila y Esder Pineda era el vicepresidente del consejo administrativo de la cooperativa, además de tener un proyecto de gallinas ponedoras en Algeciras. Silva Soto dijo que actualmente están amenazados quienes integran el consejo directivo de la cooperativa. “En las llamadas les han dicho que tienen que salir de la región, que no están de acuerdo con lo que están haciendo, que aprovechen los últimos días que no van a ser muchos”, enfatizó el representante de Cooagropaz.
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Para Victor Hugo Silva, que sean los líderes de los proyectos productivos quienes estén en la mira de los violentos obedece a que “hay sectores que nunca van a estar de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo como reincorporados”. Sectores que pueden estar, dice, tanto en el Gobierno como en quienes han retornado a las armas.
Silva puso como ejemplo las declaraciones del subcomandante de la Policía del Huila, coronel Néstor Javier Flores Perdomo, tras el asesinato de Jhon Freddy Vargas en Pitalito. El coronel, en vez de referirse a los proyectos productivos que llevaba el excombatiente asesinado, trajo a colación su pasado judicial y dijo que en la guerra perteneció al frente Cacica Gaitana y que tenía en el registro los delitos de secuestro, fuga de presos y hurto, hechos que sucedieron durante el conflicto armado entre el Estado y las Farc.
Por otro lado, coinciden Ronald Rojas y Victor Hugo Silva en que en la zona hay fuerte presencia de estructuras disidentes de las Farc. De acuerdo con Rojas, en el municipio hay presencia de la Dagoberto Ramos, una estructura que operaba hacia el departamento del Cauca pero que estaría entrando a este territorio. Asimismo, no descartan la presencia en la región de disidentes de la antigua columna móvil Teófilo Forero, para la cual esta zona entre Huila y Caquetá fue un bastión en época de guerra.
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En el departamento del Huila, según información del consejero político del partido allí, viven alrededor de 400 excombatientes, de los cuales unos 60 viven en Algeciras. En este momento, además de solicitar garantías y protección para quienes permanecen en Algeciras, reclaman que quienes salieron para Neiva reciban atención inmediata pues en los lugares donde permanecen solo pueden estar de manera provisional.