“Gobierno solo nos cumple si es con tutelas”: excombatientes de Tallambí (Nariño)

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Dicen los 128 exguerrilleros que viven en este poblado fronterizo con Ecuador quienes ganaron una tutela para que les garanticen la seguridad y ahora, para tener acceso a salud, acaban de presentar otra. Están en zona de disputa entre el ELN y el frente “Oliver Sinisterra”.

La vía que comunica la vereda Tallambí con la cabecera del municipio de Cumbal (Nariño) se ha hecho intransitable para los exguerrilleros de las Farc que viven en ese poblado fronterizo con Ecuador. “Un excombatiente andando solo por ahí, aquí en Nariño, es un riesgo muy grande”, advierte William Santamaría, coordinador de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) de esa vereda. Temen que en medio de las balas cruzadas entre el Eln y el frente Oliver Sinisterra, que se disputan ese territorio, caigan los excombatientes, como ocurrió el pasado 2 de julio, cuando el exguerrillero Clever Cánticuz Díaz fue asesinado en esa vereda.

En ese poblado fronterizo de Tallambí se concentraron después de la firma del acuerdo de paz más de 120 exintegrantes de las antiguas Farc que en época de guerra pertenecieron a las milicias de la columna móvil Mariscal Antonio José de Sucre. Luego de que por hacinamiento no pudieran instalarse en el espacio territorial de La Variante, en Tumaco, donde se concentró la mayoría de los excombatientes que operaron en esta región, vinieron a parar a esta población a orillas de suelo ecuatoriano, en territorio indígena de los Pastos, a cuatro horas de la cabecera municipal de Cumbal y siete de la capital, Pasto.

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Si bien han tenido una buena relación con las autoridades indígenas del resguardo Mayasquer que los han acogido pues la mayoría de los exguerrilleros hace parte de esa comunidad, con el Gobierno las cosas han sido más difíciles. Lo primero es que la figura de las NAR, que ha promovido Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), no son reconocidas por el Gobierno lo cual ha generado que la atención que reciben no sea igual a la de los antiguos espacios de reincorporación.

La primera pelea que se dieron estos excombatientes fue por lograr que les garantizaran seguridad colectiva en la zona. Desde octubre de 2018 hicieron esa solicitud a la Unidad Nacional de Protección (UNP) pero el tema tuvo que resolverlo un juez hasta este año. Luego de que los exguerrilleros presentaran la solicitud, la UNP empezó el estudio de riesgo que finalizó casi un año después, cuando en septiembre de 2019 la Mesa Técnica de Seguridad y Protección decidió que el riesgo era extraordinario y decretó un esquema de seguridad para la NAR Tallambí consistente en dos vehículos blindados, un vehículo convencional y seis agentes escoltas.

Sin embargo, la resolución que ordena implementar ese esquema se profirió en abril de este año y como no se materializaba pese a haber pasado un año y medio de haber hecho la solicitud, interpusieron una tutela contra la UNP en abril pasado. Luego, el fallo estableció que la UNP no había tenido voluntad política para garantizar la seguridad de los exguerrilleros. “Las medidas de seguridad no se han efectivizado o materializado a su favor, omisión que según indica la UNP obedece a situaciones ajenas a ella, como lo es el estado de emergencia con ocasión de la pandemia ocasionada por el Covid – 19; pero que para la sala únicamente denotan su falta de voluntad política para concretizar los deberes que ostenta frente a esta especifica población beneficiaria de sus deberes estatales de protección”, se lee en la sentencia del 21 de abril de 2020.

Por eso, le ordenó a la entidad implementar en Tallambí el esquema de seguridad que ella misma había decretado y esa fue la primera vez que mediante una tutela un juez garantizó la protección para un colectivo de exguerrilleros. Efectivamente, días después del fallo, la UNP implementó en la NAR los dos vehículos blindados, el vehículo convencional y los seis agentes escoltas. Sin embargo, los exguerrilleros sostienen que tres vehículos son insuficientes para más de 120 excombatientes que habitan en esa área y que se desplazan continuamente a la cabecera de Cumbal. “Es un esquema muy pequeño porque la gente sale a hacer trabajo político, algunos están encargados del tema educación, de salud, de proyectos, de medioambiente; son personas que tienen que viajar y nosotros pedimos al menos seguridad para ellos porque los dirigentes que salen de la NAR corren peligro”, sostiene William Santamaría.

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Pese a que ese esquema lo obtuvieron en abril, fue en julio pasado cuando se registró el asesinato de Clever Cánticuz Díaz, en zona aledaña al espacio y al parecer perpetrado por el Eln. Por eso, uno de los abogados que acompaña el proceso de Tallambí dijo que actualmente están preparándose para solicitar ante la UNP la reevaluación del riesgo con el fin de robustecer el esquema colectivo de seguridad.

La otra pelea es por el acceso a la salud. En la NAR no hay un puesto de salud que esté en condiciones de garantizar la atención a una población de más de 300 personas, contando a las familias de los exguerrilleros. “Lo que hay es una habitación en donde va periódicamente un estudiante de la salud a hacer su rural en pésimas condiciones. No tienen fármacos ni tienen ambulancia”, explica el abogado.

Entre los hechos que recogieron en la tutela que acaban de interponer por ese tema está la muerte del excombatiente Guillermo de Jesús Casas por un derrame cerebral y la muerte de José Deomar Gómez por un cáncer. “Si bien la ocasión de sus enfermedades no es atribuible al Estado, sí es cierto que no contaron con la atención inmediata en salud requerida en el momento de la emergencia y presentaron constantes obstaculizaciones para poder viajar y poder ser atendidos, para el acceso a los medicamentos y para la obtención de cuidados paleativos que requerían de una atención urgente en salud”, se lee en la tutela presentada.

Tuvieron que acudir a la tutela luego de hacer un recorrido y tocar las puertas de varias entidades municipales, departamentales y nacionales solicitándoles la instalación de un puesto de salud adecuado. Según las respuestas oficiales de esas entidades, se remitían la responsabilidad unas a otras sin resolver de fondo la necesidad de los exguerrilleros. Finalmente los remitieron al Instituto Departamental de Salud de Nariño que dijo que en Tallambí sí hay un puesto de salud y que en Cumbal existe un hospital al que pueden acudir los excombatientes. “No habría tanto inconveniente en ir hasta Cumbal si no existiera ese conflicto en las zonas aledañas, pero en esas condiciones implica un riesgo para la vida porque tampoco se cuenta con un esquema de protección adecuado para trasladar a los excombatientes por ese tramo”, sintetiza el abogado.

“Hemos tocado las puertas y no nos han escuchado, entonces recurrimos a la sagrada tutela, como le llamamos nosotros, porque será la única que nos va a garantizar acceso a la salud en el territorio”, dice William Santamaría.

Sobre la situación de la NAR Tallambí, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) remitió un documento en el que describió la situación de ese colectivo de excombatientes, que dista de la descrita por los exguerrilleros. Dijo que, pese a que esa figura no es reconocida por el Gobierno, la ARN es la única entidad con presencia permanente en el territorio a través de dos profesionales facilitadores. Que, además, envía abastecimiento de víveres a lo que fue el espacio territorial de La Variante (Tumaco) y que allí se incluye a los excombatientes de Tallambí. En materia de seguridad, afirmaron que el Ejército hizo presencia en la zona hasta el 12 de junio de 2020, cuando salieron las tropas por solicitud de las mismas autoridades indígenas, quienes manifestaron que, siendo territorio ancestral y autónomo, la seguridad está a cargo de su guardia indígena.

Respecto a la situación en acceso a la salud, la ARN dijo que el 100% de los excombatientes que viven en Tallambí están afiliados al sistema de salud y que en la vereda cuentan con un puesto de salud, el mismo que la comunidad considera deficiente en materia de atención. Un juez será el encargado de resolver la tutela presentada por los excombatientes y si, como en el caso de la seguridad, hubo falta de voluntad política para garantizarles ese derecho.

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