Guayabero: así se vive la crisis humanitaria por la erradicación de coca

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Acompañamos la instalación de un espacio humanitario conformado por organizaciones sociales para atender la crisis desatada tras los operativos de erradicación forzada. Las comunidades denuncian una política de tierra arrasada y las autoridades defienden estas acciones porque van en contra de la disidencia al mando de “Gentil Duarte”.

Para poder conciliar el sueño, Gil Roberto Guiza González tiene que doparse cada noche con tramadol. Su cuerpo aún no asimila la platina que lleva en la pierna izquierda, que le pusieron para tratar de reconstruirla luego de que el pasado 4 de junio una bala de fusil se la atravesara, a la altura de la rodilla. Una bala que, según él y la comunidad de su vereda, fue disparada por un miembro del Ejército en medio de choques entre los labriegos y los militares por un operativo de erradicación forzada de coca en la vereda Tercer Milenio, de Vista Hermosa (Meta).

A Gil Roberto Guiza lo encontramos en la vereda Nueva Colombia, del mismo municipio, a orillas del río Guayabero. Para llegar a este caserío salimos del puerto de San José del Guaviare por el ancho río Guaviare hasta el punto donde se forma este afluente con las aguas de los ríos Ariari y Guayabero. Por este último seguimos hasta volver a tocar tierra. En total tres horas y media en lancha rápida o “voladora” y al menos tres puestos de control de la Infantería de Marina. Hace ya cinco meses que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega desplegó un operativo sobre la cuenca de este río para erradicar los cultivos de coca en la región. El 20 de mayo la tropa desembarcó en la vereda Tercer Milenio y desde entonces ha seguido bajando por la margen del río hacia las veredas colindantes. De un costado del río, el departamento del Meta, y del otro, el Guaviare.

Nueva Colombia es un caserío empolvado y con techos de lata. Desde el 22 de septiembre pasado, un cartel con los rostros de Manuel Marulanda Vélez y Jorge Briceño cuelga de las ramas de un árbol en la plaza del pueblo. Ese día amaneció allí colgado, cuando se cumplieron diez años de la muerte del Mono Jojoy, comandante del Bloque Oriental de las antiguas Farc. Nadie sabe quién lo puso, nadie se atreve a quitarlo. El mismo cartel, firmado por la Unidad John Linares del frente Jorge Briceño, fue distribuido en forma de panfleto durante la noche en varias viviendas y establecimientos comerciales. Es zona de influencia de los hombres de Gentil Duarte, comandante del Frente Séptimo de las Farc que no se acogió al Acuerdo de Paz. Las autoridades ofrecen por él una recompensa de $2.100 millones.

La vereda fue escogida por varias organizaciones de la sociedad civil para instalar un espacio humanitario que ayude a sobrellevar la crisis que vive el Guayabero. El pasado 27 de octubre, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH en el Oriente y Centro de Colombia (DHOC) y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), con el acompañamiento de la organización internacional Swefor, lanzaron dicho espacio con representantes de las veredas de la región, por las que en su mayoría ya ha pasado la tropa desde mayo pasado.

Las delegaciones de las veredas La Reforma y La Tigra no pudieron acudir. Nos dicen que debieron quedarse prestándoles guardia a sus cultivos de coca, pues los militares están en la zona y pueden empezar a erradicar. Temen que ocurra lo mismo que pasó en Tercer Milenio, El Silencio y Caño San José, entre otras veredas. “El Ejército dispara indiscriminadamente, agrede físicamente, las familias se tienen que atrincherar en las casas, los niños tienen miedo y es un pánico generalizado. Esas veredas van quedando desoladas, la gente tiene que emigrar a otras partes”, cuenta el presidente de la Junta de Acción Comunal de La Reforma, quien acudió a la instalación del espacio para denunciar lo que pasa en su vereda y en La Tigra.

De camino a ambas veredas, nos guía Fernando Montes Osorio, reportero de Voces del Guayabero, quien fue herido en la mano derecha cuando grababa con su cámara los enfrentamientos entre la tropa y los campesinos el mismo día que hirieron a Gil Roberto Guiza. La comunidad también sostiene que la bala que le destrozó la mano al reportero fue disparada por el Ejército. Otro disparo impactó en la maleta donde llevaba el equipo. Hoy tiene la mano parcialmente reconstruida, aunque con la movilidad limitada en dos dedos de la mano. Sin embargo, ya está de nuevo cubriendo los encuentros entre la comunidad y los militares. Sus registros han servido para dar a conocer la situación del Guayabero. Según denuncia, en varias ocasiones los militares se han referido a él como el reportero de la guerrilla y lo han amenazado muchas veces. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) conoce el caso y ha rechazado los hostigamientos de los que ha sido víctima.

Después de andar media hora en moto y de subir las motos a una canoa para cruzar un caño, llegamos a La Reforma, ya en jurisdicción del municipio de Puerto Rico. Encontramos un puñado de campesinos alrededor de una carpa improvisada que levantaron con plástico y les sirve de cocina. Por radio se comunican con decenas de ellos que están regados por la zona alertas a la entrada del Ejército en los tajos de coca. Dicen que la tropa está asentada entre ambas veredas, a pocos kilómetros. Se distribuyen en grupos para prestar guardia. Ya hacia el mediodía, cuando se reúnen para almorzar, se juntan unos ochenta labriegos. Luego del almuerzo, con la certeza de que a esa hora el Ejército no hará operativos, algunos juegan fútbol y otros empiezan el recorrido de vuelta a sus veredas. Al día siguiente volverán a cuidar los tajos. Es una cita que no pueden evadir a riesgo de ser sancionados con trabajo comunitario que impone la Junta de Acción Comunal. Durante los días que acudan a la movilización, se perderán su jornal. Dicen que aquí estarán hasta que el Ejército se vaya para otra vereda.

Nos llevan a un punto en La Tigra en el que la tropa estuvo erradicando hace unos cinco días. Las matas de coca están macheteadas en el suelo y algunos árboles están perforados por balas de fusil. Ese día la comunidad grabó a los militares dando ráfagas de fusil para dispersar a los campesinos que acudieron al plantón. Enclavado en la tierra hay todavía un artefacto explosivo oxidado que no estalló, cuya responsabilidad atribuye la comunidad al Ejército. Desde el Ejército lo describieron como una granada hechiza de 60 mm que fue arrojada contra ellos por el grupo armado presente en la zona.

Los uniformados que hacen presencia en esa zona, explica el general Raúl Flórez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, pertenecen a la Fuerza de Despliegue Rápido Número 1 y al Comando Específico del Oriente. Allí hay desplegados dos batallones que suman alrededor de 400 hombres. Contrario a las denuncias de la comunidad, para el general no se trata de un operativo desproporcionado. “La aplicación de la fuerza va proporcional al nivel de la amenaza. Y la amenaza se traduce en la cantidad de hombres heridos que hemos puesto por los abusos y los atropellos de gente armada que está asesinando, que está mutilando, que está sembrando minas. Yo no puedo entrar al área como si fuera a entrar al Parque de la 93 en Bogotá”, sostiene el general Flórez.

Según el comandante de la Omega, es la zona sensible de Gentil Duarte y esa disidencia del Frente Séptimo es la responsable de varios ataques con armas de fuego y artefactos explosivos contra la tropa, en medio de los operativos de erradicación. Entre esos casos está el del soldado Gustavo Zambrano Alarcón, a quien el pasado 12 de septiembre en Nueva Colombia le detonó un artefacto explosivo en la cara que le destrozó los ojos y que hoy se recupera en Bogotá. Según dijo el general, el artefacto colgaba de un árbol.

Sobre los civiles heridos con arma de fuego, al parecer por mano de la fuerza pública, el general dijo que no tienen denuncias sobre esos casos. “Los he conminado a que denuncien. Tenemos investigaciones abiertas frente a lo que han denunciado ellos y están en curso”, aseguró. En la zona varios testimonios sostuvieron que los militares han vociferado estar autorizados para disparar de la cintura para abajo en caso de verse amenazados. Sobre ello, el general dijo: “Aquí nadie puede inventarse ninguna orden, pero también tenemos unas reglas de aplicación de la fuerza. Ninguna persona puede creerse con el derecho de venir a agredir a un soldado en uniforme de la manera como lo vienen haciendo. Sin embargo, tenemos la formación y el comportamiento ético profesional para no aplicar las armas de la república a quien no corresponde”, sostuvo.

Entre las denuncias que sí han recibido hay reportado robo de ganado por parte de los militares a los campesinos. “Estamos precisamente en las investigaciones que tendrán que establecer si se trató de un acuerdo voluntario sobre una venta de pago posterior, como en efecto se hizo, o si se trató de un robo”, dijo el general. Buena parte de las denuncias de los campesinos del Guayabero contra la fuerza pública quedaron consignadas en el informe final de la misión humanitaria que una decena de organizaciones sociales hizo por la zona, algunas de las cuales instalaron el espacio humanitario. El general Flórez presentó una tutela contra esas organizaciones al considerar que le vulneraban su derecho al buen nombre y a la honra, y pedía que se le ordenara a la misión humanitaria retractarse, pero en dos instancias esa acción fue desestimada.

En La Tigra, el presidente de la junta dice que tiene 37 familias que se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado en el cuarto punto del Acuerdo de La Habana. Para ellas llegaron los pagos bimestrales de $2 millones durante un año, hasta que se completaron los $12 millones estipulados y hasta ahí llegó el programa. No llegaron los proyectos productivos de ciclo corto y ciclo largo que también prometía el PNIS para consolidar el tránsito definitivo hacia la economía legal.

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia y La Macarena, que hacen parte en la región del Guayabero, hay 4.235 familias inscritas al Programa de Sustitución. Su cumplimiento, certifica esa entidad, es casi del 100 % en Puerto Concordia y La Macarena, del 89 % en Vista Hermosa y del 76 % en Puerto Rico. Pero como han pasado ya tantos meses desde que llegaron los últimos pagos del programa, dicen, la gente está volviendo a sembrar. Explican que no tienen de otra porque con los otros productos que se dan en estas tierras y que podrían comercializar, plátano o yuca, por ejemplo, trabajan a pérdidas por lo costoso del transporte para sacarlos. De la mayoría de esas veredas tendrían que pagar el pasaje en lancha para llevar por el río las cargas hasta San José del Guaviare. Un pasaje que cuesta alrededor de $100.000.

Sin embargo, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ha rechazado categóricamente que la coca sea una alternativa de subsistencia en la región y ha respaldado con fuerza los operativos militares que se están ejecutando en el Guayabero. Lo buscamos para este artículo, pero su oficina de prensa dijo que nos atendería el secretario de Gobierno y de Seguridad, Víctor Bravo. “No solo respaldamos la presencia del Ejército, sino que respaldamos la política de erradicación forzada, entendiendo que el narcotráfico y la comercialización de cultivos de uso ilícito son uno de los problemas que con mayor incidencia están afectando al departamento y especialmente al sur del Meta”, dijo el secretario.

Sobre las confrontaciones con los campesinos, en las que supuestamente se estarían cometiendo violaciones a los derechos humanos por parte de la tropa hacia la comunidad, reafirmó que detrás de las movilizaciones está la disidencia de las Farc. “Cuando hemos estado en terreno, se nos han acercado personas a decirnos que están de acuerdo con la erradicación y que algunos voceros de las comunidades están presionados por las disidencias para oponerse a la erradicación y que han obligado a los líderes a sacar diez personas por cada comunidad para que hagan presencia en los sectores donde se adelantan las acciones del Ejército. Desafortunadamente no lo hacen elevando la voz, lo hacen con el temor por las represalias que puedan tomar esas disidencias”.

Enfatizó en que no acepta que la comunidad del Guayabero diga que la coca es su única alternativa. “Nosotros recorrimos la región del Sumapaz a pie. Encontramos muchas familias en unas condiciones precarias de infraestructura vial, de proyectos productivos agropecuarios. Pero con todo, en el Sumapaz sacan arveja, fríjol, derivados de la leche… y no son ni siquiera condiciones similares a las del sur del Meta. En el Sumapaz son diez veces más complicadas”, argumentó.

Pero aun sin la coca, el Guayabero está en una sinsalida, pues sus veredas están dentro del área del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena. Por eso las autoridades sostienen que la lucha contra la coca es también contra la deforestación en un área protegida. Sin embargo, para Óscar Martínez, de la Corporación Claretiana y una de las personas que ha liderado el espacio humanitario, eso genera un círculo vicioso. “El militar tumba la mata de coca, la machetea de raíz, y ahí esa mata ya no vuelve a nacer. Pero el campesino viene al día siguiente y de cada mata de coca saca cinco o siete semillas. ¿Y esas semillas dónde las siembra? Pues tumba monte y vuelve y siembra”, dijo. “Estos campesinos no están sembrando coca porque sean narcotraficantes, siembran porque no tienen otra opción para subsistir. Hicimos el ejercicio de analizar cuánto es el promedio de área sembrada en coca por familia: estamos hablando de alrededor de tres hectáreas”, puntualizó.

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