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La masacre de El Tarra se dio a plena luz del día y en el casco urbano del municipio. Según lo que se ha sabido, unos 10 encapuchados llegaron con armas largas y cortas y abrieron fuego en un billar a las 2:30 p.m. del lunes. El saldo es de nueve personas muertas y dos heridas de gravedad. El presidente Juan Manuel Santos prometió dar con los responsables, mientras que la Policía y la Gobernación de Norte de Santander ofrecieron $100 millones por información que permita conocer el paradero de los asesinos. Los cuerpos de las personas que murieron se encuentran en la morgue de Ocaña, mientras que los heridos están en el hospital Erasmo de Cúcuta.
La comunidad está conmocionada. Se decretaron tres días de luto y ley seca en el municipio. “Estamos desamparados. Los que no se han ido de El Tarra están escondidos. No se sabe a quién pedirle auxilio. No tenemos protección por parte del Estado”, dijo un líder de El Tarra que pidió la protección de su identidad por seguridad. También aseguró que este martes 31 de julio gran parte del comercio estuvo cerrado por la zozobra que causó la masacre y que la gente temía salir de su casa.
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A esto se suma que El Tarra está prácticamente incomunicado. La señal telefónica es casi nula. Los teléfonos de funcionarios y líderes de la región se van a buzón de voz. Por eso, la información que ha llegado ha sido escasa. Ese hecho, que parece nimio, es de tal importancia para el municipio que desde la cuenta de Twitter de la Alcaldía se elevó una queja a la empresa de telefonía Claro. “Es inconcebible que ante preocupante situación de orden público, nuestro municipio lleve varios días sin señal de telefonía celular”, señaló el trino.
Hay muchos asuntos por esclarecer. Los habitantes del municipio tienen varios cuestionamientos sobre lo ocurrido. Por ejemplo, la masacre se perpetró hacia las 2:30 p.m., pero las autoridades acudieron más de una hora después, aunque el lugar donde se dio la matanza queda a menos de 15 cuadras de la estación de Policía del municipio y en las entradas al casco urbano hay puntos de control del Ejército. “Si el pueblo está custodiado por el Ejército, ¿cómo pudieron hacer eso?”, se preguntó un líder comunitario.
“La Policía es simbólica. Ellos viven en una casa estudio; seis meses se miran entre ellos mismos”, dijo otra persona que pidió hablar bajo anonimato. “Aquí dicen que meten mil hombres, que meten helicópteros. No es verdad, la gente vive sola”, agregó. “La masacre ocurrió en uno de los municipios más custodiados por la Fuerza Pública”, enfatizó Juan Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). Aunque buscamos la versión de la Policía y del Ejército sobre estos cuestionamientos, no obtuvimos respuesta.
Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de la Gobernación de Norte de Santander, aseguró que se va a reforzar la estación de Policía del municipio con “un grupo especial de hombres”. Asimismo subrayó que se llevaría un componente de Gaula e inteligencia, y prometió que se iba a aumentar el pie de fuerza y activar un plan de contingencia en el casco urbano.
Sin embargo, hay quienes creen que estas medidas son insuficientes. “Las problemáticas no se solucionan sólo con presencia militar, sino con la garantía de los derechos de las comunidades que han venido siendo vulnerados”, afirma Yermin Sanguino, delegado del Comité de Integración del Catatumbo ante la Comisión para la Vida, la Paz y la Reconciliación que integra a varias organizaciones sociales de la región.
Las víctimas
Las personas asesinadas que han sido identificadas son Carlos Alirio Torres Castilla, Federmán Quintero Martínez, Jhon Jaime Sanabria Cañizares, Alexánder Campos Martínez y Wílmer Ramírez. Además hay dos heridos en un hospital de Cúcuta.
Se sabe que algunas de las víctimas eran reincorporados de las Farc. Por eso, la Fiscalía informó que la investigación de las muertes fue asumida por la Unidad Especial contra el Crimen Organizado de esa entidad. El partido de la exguerrilla no se ha pronunciado todavía.
Federmán Quintero era presidente de la Junta de Acción Comunal del sector conocido como Kilómetro 85. Hacía parte de Ascamcat y había sido elegido como delegado del comité veredal de esa organización para la asamblea general que se desarrollará el 3 y el 4 de julio. Norte de Santander es el tercer departamento que más asesinatos de civiles registró entre el 1º de enero de 2016 y el 26 de julio de 2018, según la Defensoría del Pueblo.
En el momento en que ocurrió la masacre, delegados de Ascamcat estaban reunidos con Michael Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, en Cúcuta. Hablaban de los líderes sociales en Norte de Santander. A la salida de la reunión, cuando prendieron sus celulares, se enteraron de la masacre y volvieron a entrar al recinto para contarle al relator.
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De hecho, ayer tuvieron una reunión con el defensor del Pueblo, Carlos Negret. “Queremos buscar cómo podemos, por medio de la Defensoría del Pueblo, que se nos otorguen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a todos los habitantes del Catatumbo”, dijo Olger Pérez, líder de la junta directiva de Ascamcat.
Un contexto de guerra
En el Catatumbo se libra una guerra entre el Eln y el Epl desde el 14 de marzo de 2018. Ambas organizaciones entraron en confrontación directa, según personas de la región, por la expansión del Epl hacia zonas de control histórico de los elenos, como las regiones fronterizas con Venezuela.
En el marco de esa confrontación se presentaron algunas alteraciones del orden público en El Tarra. Dos de esos hechos ocurrieron en el barrio Villa Esperanza, donde se perpetró la masacre del 30 de julio. Allí se presentaron dos desplazamientos de personas por cuestiones de seguridad. En una denuncia, la víctima aseguró que hombres encapuchados recorrían el barrio pintando grafitis del Epl.
Sin embargo, el Tarra no era epicentro de esa guerra. Los puntos más críticos de la confrontación han sido San Calixto, Hacarí y Teorama. “El Tarra había estado un poco tranquilo”, afirmó una persona que conoce la región. Otras dos personas consultadas para este artículo aseguraron que en el casco urbano del municipio ejercen control ambas guerrillas. Sin embargo, Quintero afirmó que el pueblo está controlado por la Fuerza Pública.
Tanto el Epl como el Eln emitieron comunicados en los cuales repudiaron los hechos. “Nuestra organización guerrillera no tiene nada que ver con ese atentado”, aseguró la primera. Por su parte, los elenos señalaron la masacre como “una acción paramilitar”. “Afirmar que fue una de las dos guerrillas sería irresponsable”, puntualizó Quintero.
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“Esto nos recuerda las noches más oscuras del paramilitarismo”, afirmó. El líder asegura que desde la salida de las Autodefensas Unidas de Colombia, hace 15 años, no se vivía un hecho de esas dimensiones. En el recuerdo de los catatumberos se encuentran matanzas como las de La Gabarra, Tibú y La Carbonera. La última masacre del paramilitarismo en la región fue el 25 de diciembre de 2004, en el corregimiento de Santa Inés, en El Carmen.
“Que las investigaciones sean ágiles, rápidas, responsables y fidedignas para poder establecer el desarrollo de los hechos y los responsables”, pidió Quintero. Por su parte, Sanguino concluyó con una frase que resume el sentir de los catatumberos que han sido testigos de décadas de violencia: “Estamos cansados de tanto dolor y de tanta muerte. Queremos que la oscura noche cese ya”.