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Una de las causas por las que trabajó Temístocles Machado, líder social de Buenaventura asesinado el pasado 27 de enero, fue asegurarles el terreno a los habitantes del barrio Isla la Paz a través de la titulación de predios. Una tarea compleja, a razón de que este sector es testigo de disputas de grupos armados y del Estado en querer tomar el control. El homicidio de este líder es uno de los ejemplos que tomó la Procuraduría para asegurar que los crímenes contra defensores de derechos territoriales se han constituido en una práctica sistemática y generalizada para frenar procesos de restitución de tierras, por lo que puso la lupa en esta situación y ya tomó medidas.
Todo quedó consignado en un informe de 75 páginas que detalló una visión general de los peligros de los líderes y las dificultades del Estado, a través de sus entidades, para establecer una dimensión real de este problema. El estudio advirtió un complejo patrón de ataque que recae sobre líderes que son “seleccionados” por su importancia en un proceso de defensa de un territorio. A estos patrones, según el informe, se une la violencia que se ejerce adentro y afuera de las dinámicas del Estado. Es decir, mientras el primero tiene que ver con las fallas en el sistema judicial y en la seguridad de los líderes, la segunda tiene que ver con los hechos que se ejercen de manera directa sobre la persona.
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En palabras castizas, lo que el Ministerio Público encontró es que el Estado ha pecado por la impunidad generalizada que existe en el esclarecimiento de asesinatos de líderes, la filtración de información y la eventual corrupción que podrían incurrir funcionarios. Pero también falla en las medidas de protección que responda a los peligros que encaran los líderes, por lo que tienen que verse enfrentados con las amenazas directas, la vulnerabilidad –económica, de poder, de víctima del conflicto o por condición étnica o campesina–, y la coincidencia entre tiempos y lugares de amenazas y homicidios.
El informe resaltó las coincidencias entre asesinatos y amenazas con la visibilidad de los procesos y las denuncias de desalojos, daños de cultivos, fuentes de agua, robos de ganado y confinamientos. La Procuraduría también evidenció que la sistematicidad de las amenazas y los asesinatos no está relacionada en el marco de un plan orquestado por una sola persona, entre otras cosas por el reacomodamiento de las organizaciones criminales que en la actualidad hace imposible identificar la autoría de una persona o un plan único contra los líderes territoriales.
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Otros de los problemas que detectó la Procuraduría son las órdenes judiciales de protección colectiva en procesos étnicos. En total, 32 medidas cautelares y 10 sentencias de restitución de derechos territoriales, según el informe, se han emitido después de que se expidió en 2011 el Decreto 4633 de la Ley de Víctimas. No obstante, más de la mitad de las órdenes no muestran avances por las inadecuadas ofertas para responder a la realidad cultural y territorial de los líderes. El informe reveló que el 8 % de las medidas tiene problemas graves en su adecuación: por ejemplo, se entregaron lanchas para mar, pese a que la comunidad se transporta por río, o se entregaron chalecos antibalas y subsidios de transporte que no ofrecen garantías suficientes de protección.
Las cifras no son claras
El informe advirtió que la diversidad de cifras, al margen de las metodologías que se emplean, representa una situación crítica que el Estado debe atender para prevenir la vulneración de derechos. “Esa tarea supone además la obligación de examinar a fondo las causas de estos atentados, deber que no podrá ser asumido con seriedad si las entidades estatales no abren vías fáciles de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil, y si no afinan las bases de datos que contienen la información sobre los procesos mediante los cuales los defensores de derechos humanos tramitan oficialmente sus luchas”, precisó el informe tras verificar los datos de varias entidades.
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Entidades como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos presentan diversas cifras. Sumado a esto, el Ministerio Público puso de presente que la falta de información de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no permite establecer cuántos ni cuáles conflictos agrarios están en trámite. Actualmente hay 46.000 cajas de expedientes que aún reposan en la ANT —antes Incoder— y no existe una base de datos de los procesos que se adelantan en el país. En otras palabras, la única información que el Estado tiene sobre los defensores de derechos territoriales es la que tiene la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Ese organismo ha reportado 45 homicidios de defensores de derechos territoriales desde 2011, de los cuales 33 eran de campesinos, diez de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros, y dos de pueblos indígenas. Chocó, según el informe, es el departamento con más casos de homicidios (18 %), seguido de Córdoba (16 %), Nariño (11 %), Cesar, Antioquia y Bolívar (7 %). “Esa información (…) puede representar un porcentaje menor del total de defensores de derechos territoriales asesinados o amenazados, que hasta ahora no ha sido calculado”, precisó el informe de la Procuraduría que advierte otro dato revelador: el 10 % de las personas asesinadas contaba con esquema de protección.
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¿Qué está pasando con las medidas de protección?
De acuerdo con el documento, en septiembre de 2017 la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibió 6.861 solicitudes, de las cuales ha atendido 6.175. En todo caso, no hay un seguimiento en los casos de defensa de un territorio. La Procuraduría, además, indicó la continuidad de métodos para definir y analizar los riesgos denunciados por los líderes, así como las supuestas denuncias de los propios beneficiarios por la incompatibilidad de las medidas y la reducción de los esquemas de protección a pesar de que el riesgo persiste. “La UNP impone esquemas o hace recomendaciones cuya inadecuación puede suponer cargas desproporcionadas constitucionalmente para cualquier ciudadano”.
Ante esta situación, el Ministerio Público abrió una indagación preliminar para identificar qué funcionarios y contratistas de la UNP serían los responsables de las fallas en las medidas de protección. Igualmente, indaga si funcionarios de la ANT, la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad para las Víctimas afectaron los derechos fundamentales de las comunidades y, en particular, el acceso a la reparación colectiva y la restitución de derechos territoriales. Y creó una unidad especial para hacerles un seguimiento a procesos de restitución de tierras en Buenaventura, Urabá y los departamentos de Chocó y Bolívar.