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La crisis humanitaria que se vive en Buenaventura por cuenta de los enfrentamientos entre Los Shotas y Los Espartanos, subdivisión de la banda delincuencial La Local, sigue latente. El llamado de organizaciones, líderes sociales, políticos y religiosos es a que se haga una intervención humanitaria y social urgente en el municipio, pues los homicidios, el confinamiento y los desplazamientos se están agudizando. El lunes 8 de febrero, por ejemplo, fue asesinado Deiner Castillo, un joven artista de Buenaventura, en un hecho en el que también resultaron heridas ocho personas. La noche anterior se habían registrado enfrentamientos armados.
De acuerdo con datos recolectados por la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes), el pasado 4 de febrero reportaron desplazamientos masivos de por lo menos treinta familias de los barrios Juan XXIII, Litoral, Caguán, El Otoño, La Unión y Buenos Aires. Datos confirmados, además, desde la Personería municipal, según la cual esta nueva crisis de violencia ya deja como saldo el desplazamiento de 112 familias, lo que se traduce en 856 personas que tuvieron que huir. Pese a los efectos directos que desencadena la violencia, la respuesta estatal no ha sido clara, y las comunidades han salido a las calles a manifestarse en Buenaventura, Cali y Tumaco, para exigir el derecho a la vida y a la paz en la región.
Para los bonaverenses, el problema radica en la falta de oportunidades: no hay acceso a educación ni a empleo, lo que se replica en ausencia de planes para buscar una vida digna. “El tema son las oportunidades. No hay trabajo. Lamentablemente muchos actores armados se pueden aprovechar de esa realidad que vive Buenaventura. Aprovechan la vulnerabilidad de los jóvenes para, a partir de allí, hacerlos parte de iniciativas que no contribuyen a la paz”, explica Leonard Rentería, líder juvenil del municipio. Realidad que desde Codhes también identifican como un riesgo. “Nos preocupa el impacto de la violencia en los jóvenes, quienes, por su precaria situación social y económica, son especialmente vulnerables al reclutamiento, uso y utilización por parte de los grupos armados en sus estrategias por el control territorial”, sostiene la organización.
Y aunque una de las medidas históricas adoptadas por el Gobierno ha sido el refuerzo de la fuerza pública, para las comunidades esta estrategia ha dado pocos resultados: “Aunque hay presencia de la Policía, para muchas personas no representan seguridad. Ejemplo es el homicidio de Deiner, fue asesinado en un lugar en el que cerca había un número considerable de policías. La gente sigue teniendo miedo porque no ve a la institucionalidad policial brindando garantías para proteger la vida”, agrega Rentería. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, habla con El Espectador sobre la situación en el puerto y lanza fuertes cuestionamientos al trabajo de la fuerza pública para contrarrestar el avance de los actores ilegales.
¿Cómo se percibe la presencia de la fuerza pública en el municipio?
Lo que necesitamos en Buenaventura es Estado, que es un todo: gobiernos locales, departamentales y nacionales. La gente siente que no hay autoridad, que la autoridad son los bandidos que están en la calle con sus armas dominando los territorios. Ellos son la autoridad aquí. Respecto a la fuerza pública, necesitamos que la gente perciba el apoyo y la presencia del Gobierno, que tomen acciones integrales. Pero no pasa eso, aquí los que mandan son los grupos armados ilegales, que no son mayoría pero están causando mucho daño.
Usted ha dicho que no hay confianza en la fuerza pública, en buena parte, porque hay problemas graves de corrupción en la institución…
Eso es triste, porque la fuerza pública está para defender a los ciudadanos en su honra, sus bienes y en la vida. Pero muchos se equivocan y se alían con los delincuentes. Los compran con dinero. Los bandidos saben que comprando a policías ganan y pues no hay nada que hacer. Entonces los ciudadanos al ver esto más se desaniman. Habría que hacer un cambio de personal bastante significativo, dejando claro que no todos acceden a los caprichos de los delincuentes.
También hay inconformidad por la poca atención del Estado y los consejos de seguridad, que nada solucionan…
Llevamos tantos consejos de seguridad, cada que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección. En este caso la infección sería el narcotráfico y las bandas criminales. Esto está llevando a que la comunidad pierda las esperanzas y la confianza en las instituciones.
¿Hay un miedo generalizado?
Las bandas delincuenciales son muy fuertes, tienen nexos con el narcotráfico, con grupos al margen de la ley, con carteles de la droga y son los bandidos que están en los barrios, en las esquinas, en las comunas, en las veredas. Ellos están repartiéndose el botín. Son ellos quienes dinamizan actividades como la extorsión, los homicidios y los confinamientos, y son ellos quienes toman las decisiones. Eso es lo que le duele a una comunidad que tiene miedo y exige presencia estatal.
¿Qué piden a las autoridades para una intervención efectiva en Buenaventura?
La responsabilidad no puede ser solo del Gobierno nacional, pues ellos sin el distrital no pueden hacer nada. Aquí hay que poner en marcha las dos voluntades. Los que están aquí en el municipio tienen que tomar una decisión de enfrentar estas pandillas; eso no se ha hecho, más bien se han aliado y esperan que todo se calme. Pero la culebra sigue ahí, saca sus colmillos envenenados y luego se queda quieta. Y así siguen haciendo daño para destruir la vida comunitaria. Se necesita intervención del gobierno distrital, departamental y nacional.
Tradicionalmente las alcaldías distritales han pasado agachadas frente al problema. Ninguno los enfrenta. Por una parte, porque no tienen la capacidad, los criminales y los bandidos son más fuertes que el estado local.
¿Cómo ve, desde su trabajo como obispo, lo qué está pasando con las comunidades?
La gente está asustada. Tienen miedo a las balas. El domingo 7 de febrero, por ejemplo, en tres barrios hubo ráfagas de fusiles durante varias horas. No hay garantías de seguridad. Traen policías y cuando se calma la situación se van y volvemos a quedar en manos de los delincuentes. En Buenaventura deberían requisar todos los vehículos que entran y todas las embarcaciones que llegan, pero no se hace; eso es falta de control del Estado. ¿Cuál será el objetivo de la movilización de este miércoles? Este 10 de febrero vamos a hacer la gran cadena humana por la paz, así la hemos querido denominar. Esto es hacer un blindaje de la ciudad, con un recorrido de 22 kilómetros donde caminaremos unidos agarrados de manos por la ciudad. Buscamos llevar el mensaje de que los malos no pueden seguir dominando y arrodillando a este pueblo. Queremos que el Gobierno nacional y distrital sepan que cuentan con el respaldo de la comunidad. ¿Cuál cree que es el mejor camino para lograr una verdadera transformación en Buenaventura? Creemos que solamente si el Gobierno nacional toma las riendas en este distrito se puede lograr algo. Porque aquí falta mucha capacidad. Necesitamos que pongan los ojos aquí y comencemos a desarrollar grandes proyectos para generar empleos y nuevas industrias. Al contrario, por la extorsión y el miedo muchos empresarios se van de la ciudad. Se necesita generar confianza.
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