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hace 9 horas

La historia detrás del video en que un hombre amenaza con motosierra a campesinos

Un video que circuló en redes sociales en el que un hombre que alega ser el propietario de un predio intimida a los reclamantes de esa tierra confirmó el riesgo que había advertido la Defensoría del Pueblo hace tres semanas: en el San Jorge (Sucre), los líderes de procesos de tierras corren peligro, en una región con presencia consolidada de las Autodefensas Gaitanistas.

"El Ejército Nacional actuó fue como mediador, como pacificador de esta situación y que con la ayuda del Ejército se logró evitar una confrontación mayor, que terminó en que las partes terminaran sentadas en una mesa tratando de dirimir sus diferencias", aseguró el alcalde de Caimito (Sucre), Carlos Mario Heredia.Cortesía

El video es estremecedor. Motosierra en mano, un hombre que alega ser el legítimo propietario de un predio en la subregión del San Jorge, Sucre, intimida a los campesinos reclamantes de ese terreno, que se defienden con machetes. Pero, además, según la grabación, el primer hombre contaría con el acompañamiento y el respaldo de integrantes del Ejército Nacional. La grabación fue publicada este domingo en Twitter por el defensor de derechos humanos Rodrigo Ramírez y ya se ha hecho viral.

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Ramírez, quien es integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), explicó a Colombia2020 que se trata del predio Matarratonal, ubicado entre los municipios de Caimito y San Benito Abad. “Llega el terrateniente, en compañía de unos hombres a caballo y en compañía del Ejército, disponiéndose a tumbar las cercas que habían colocado los campesinos para que el ganado no se comiera los cultivos de pancoger”.

Ante los reclamos de los campesinos, la confrontación escala y el hombre que portaba la motosierra la enciende y los amenaza con ella. “Si el Ejército ve que el hombre va con motosierra en mano, cómo no evita que esos hechos se den, sino que permite de cierta forma la situación se vuelva violenta. Ahí lo que vemos es una actitud permisiva con esas acciones violentas”, reclama el defensor de derechos humanos.

Dewin Arcia, perteneciente al comité campesino Nueva Fe, que lleva el proceso de ese predio, asegura que el hombre del video es Gregorio Pérez, un ganadero que alega tener la propiedad sobre el terreno y con quien ya ha habido disputas anteriormente. El conflicto es alrededor de una tierra con una extensión de 400 hectáreas y que, según los campesinos, serían baldíos de la Nación que ellos han venido explotando y que desde 1994 están en proceso en el Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) para definir si el proceso campesino tiene el derecho de posesión que les permita seguir explotando esas tierras.

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Arcia lamentó que el hecho haya llegado a vías de hecho con quien alega ser el propietario y condenó también la permisividad de los miembros del Ejército con la actitud del hombre. Los soldados allí presentes pertenecen al batallón Junín, de la brigada 11 del Ejército Nacional. Ante los reclamos de la comunidad, Colombia2020 se comunicó tanto con el comandante del batallón como con el comandante de la brigada, quienes aseguraron que no se referirían a lo sucedido.

Por su parte, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima División (a la que está adscrita la brigada 11), publicó en su cuenta de Twitter unas declaraciones del alcalde de Caimito, Óscar Mario Heredia, en las que desmiente que los soldados hayan respaldado al ganadero. “Dejar claro que el Ejército Nacional actuó fue como mediador, como pacificador de esta situación y que con la ayuda del Ejército se logró evitar una confrontación mayor, que terminó en que las partes terminaran sentadas en una mesa tratando de dirimir sus diferencias”.

Las disputas por la tierra en la subregión del San Jorge no son nuevas. Se trata de un conflicto histórico entre los colonos campesinos y los ganaderos alrededor del acceso y uso a ciénagas, territorios baldíos que en temporada seca son utilizados por los primeros para sus cultivos de pancoger y por los segundos como pastizales para el ganado. El conflicto no lo ha resuelto el Estado, pero mientras tanto los reclamantes de tierra han quedado en riesgo, pues es una zona donde tienen presencia grupos armados irregulares.

La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, había advertido ese riesgo hace menos de tres semanas. En la alerta temprana emitida el pasado 16 de enero, esa entidad establecía que justamente los líderes y campesinos reclamantes de tierras enfrentan actualmente el riesgo más alto de ser víctimas de violencia en las subregiones de la Mojana y el San Jorge, en el sur del departamento de Sucre.  

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En el documento la Defensoría evidenciaba que Guaranda, Majagual, Sucre, San Marcos y San Benito Abad enfrentan un riesgo alto de vulneraciones a los derechos humanos, en todos los casos por el mismo factor: la presencia y el control social que ejercen en esos territorios las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo heredero del paramilitarismo. Según la alerta, el control que tiene ese grupo armado en la zona es alarmante: imponen normas de conducta a la población, regulan los precios de algunos productos, cobran impuesto a los campesinos según lo producido, extorsionan a los comerciantes en los centros urbanos y controlan el microtráfico de drogas entre los jóvenes.

Pero particularmente en San Benito Abad, municipio donde ocurrió el hecho del pasado fin de semana, “los conflictos originados por los intereses sobre las tierras baldías incrementan los riesgos, dado que la demora del Estado ha ocasionado que los enfrentamientos culminen en amenazas e incluso en homicidios contra los campesinos (…) Si bien la Agencia Nacional de Tierras - ANT - viene adelantando los procesos de identificación y expidiendo las resoluciones a favor de los campesinos, este proceso es lento debido a los múltiples recursos que interponen los abogados de la parte contraria.”

Ello hace evidente que la actividad de las Agc en la zona iría mucho más allá de las rutas de narcotráfico para las que esta zona es estratégica. Y lo es por dos razones: primero, porque sirve de corredor de movilidad y transporte de mercancías ilegales entre el sur de Bolívar, donde están los cultivos de coca y la salida al Golfo de Morrosquillo, por donde sale la droga rumbo a destinos internacionales. Y también porque por allí se mueven insumos y hombres entre los centros de acopio y procesamiento de la hoja de coca en el sur de Bolívar, sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.

En ese escenario, los más afectados son los líderes y reclamantes de tierras que llevan procesos en esos territorios, entre otros tipos de liderazgos. Por ejemplo, autoridades indígenas de la zona y docentes que se oponen al consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes.

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