“La Unidad de Protección no responde al llamado de indígenas amenazados”: senador Feliciano Valencia

El congresista de la etnia nasa del norte del Cauca denunció que durante el 2018 han sido asesinados 92 comuneros, tres de ellos gobernadores de cabildos y muchos guardias ancestrales en todo el país. Asimismo, contó que más de 4 mil guardias caminan las montañas del Cauca para controlar el territorio. Entrevista.

Feliciano Valencia llegó al Senado por la circunscripción indígena con 29 mil votos. Quedó elegido por el movimiento político MAIS./Sonia Cifuentes.

Tras el asesinato de Edwin Gregorio Dagua, el gobernador indígena del resguardo de Huellas (Caloto), en el norte del Cauca, el senador Feliciano Valencia hizo pública una carta para contarle al país, particularmente al Gobierno, cuál es el riesgo inminente que viven hoy las autoridades ancestrales, principalmente, los guardias indígenas, que buscan erradicar de sus territorios los cultivos de uso ilícito.

La alerta no es menor, pues es bien sabido que la mayoría de los cultivos de coca y marihuana sembrados en esta subregión del Cauca pertenecen a particulares ajenos al territorio indígena. Y esto va a generar confrontación, así como las labores de incautación de armas, vehículos y alcaloides. De hecho, este ejercicio de control territorial es una de las hipótesis más fuertes detrás del homicidio del gobernador Dagua, quien el 7 de diciembre pasado quedó tendido en el corregimiento El Palo de Caloto (Cauca), luego de recibir varios disparos.

Sobre estos hechos y lo que está sucediendo en el norte del Cauca, hablamos con Feliciano Valencia, senador nasa, que pide escuchar las voces de los líderes indígenas amenazados de muerte por su labor.

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¿Cuál es la situación que se presenta en este momento en el norte del Cauca?

La situación es bastante tensa, bastante preocupante. Hay mucha incertidumbre, hay mucha zozobra en las comunidades, porque la situación se empezó a agudizar cuando se produjeron enfrentamientos armados a principios de diciembre en el resguardo indígena de Cerro Tijeras, municipio de Suárez (Cauca). Después de esos combates empezaron a circular panfletos, donde aparecían varias personas amenazadas y declaradas objetivo militar, y una de esas personas fue el gobernador indígena del resguardo de Huellas (Caloto), Edwin Gregorio Dagua, quien fue asesinado el 7 de diciembre pasado en ese municipio.

¿Desde cuándo cree que se agudizó la situación para los pueblos indígenas?

Los hechos empezaron a darse desde el 3 de diciembre pasado cuando asesinaron a una compañera afro del municipio de Caloto. Después se cometieron dos asesinatos contra autoridades indígenas del pueblo awá de Nariño, seguidamente el asesinado de Edwin Dagua en el norte del Cauca. Ese mismo día asesinaron a otro compañero en el corregimiento El Palo de Caloto. Después asesinaron a un miembro de una organización campesina en Corinto (Cauca), seguidamente se dio el secuestro de dos comuneros indígenas, quienes fueron abordados por armados cuando cumplían labores agrarias en el municipio de Suárez, al occidente del departamento. A la fecha no sabemos qué pasó con ellos. Y el día de hoy (miércoles) fue asesinado otro compañero en el municipio de Buenos Aires (Cauca). O sea, esta es la ola de violencia que en este momento afecta el norte del Cauca y Nariño, y se extiende a Caldas, Antioquia y Chocó.

¿Cuáles son las estadísticas que tiene en este momento el movimiento indígena en cuanto a los homicidios contra los indígenas en lo que va corrido de 2018?

En la base de datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se cuentan 92 indígenas asesinados en lo que va corrido de este año, 42 de los cuales se han cometido desde que inició el gobierno de Iván Duque. La situación y este balance es bastante preocupante para nosotros. Por eso, estamos haciendo ingentes esfuerzos y llamados urgentes para que el gobierno actúe sobre esta situación, que la Fiscalía investigue, que la Unidad Nacional de Protección atienda las solicitudes de varios líderes amenazados en varias regiones del país, y que los órganos de control del Estado ayuden a ver cómo manejamos esta situación que estamos atravesando en este momento las comunidades indígenas.

¿Cuál es el impacto más grave en la más reciente ola de violencia que están viviendo los pueblos indígenas de Colombia?

El caso es grave porque ya van tres gobernadores indígenas asesinados este año y eso para nosotros es muy delicado porque están atentando contra la vida de nuestras autoridades. Sin contar el asesinato de guardias indígenas, mayores, mujeres y de comuneros. 

¿Quiénes firmaban los panfletos que circularon en el norte del Cauca, previo al asesinato del gobernador indígena?

Tienen el sello de las “Águilas Negras” y otro del sexto frente de la antigua guerrilla de las Farc. Advertimos también que en la zona están haciendo presencia varios grupos que tienen distintivos. Unas veces el EPL, otras veces de la antigua guerrilla de las Farc y, otras, del ELN. Esos son los símbolos, los logos que ellos utilizan cuando entran a los territorios. Hemos venido reiterando también en varias ocasiones la presencia de grupos paramilitares. De noche, en carros de alta gama y sin placas, pero ahora están circulando tanto de día como de noche. Está es una preocupación latente al interior de las comunidades indígenas.

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¿Hay alguna hipótesis sobre el homicidio del gobernador Edwin Dagua?

La mayoría de las amenazas y homicidios que se han presentado contra autoridades ancestrales, guardias y comuneros, consideramos que es por la postura del movimiento indígena de defender el territorio y de controlarlo. La guardia indígena, las autoridades y las comunidades han estado haciendo retenes de control territorial donde se ha incautado marihuana prensada, alcaloides y armamento, el cual ha sido destruido en presencia de las comunidades, de la Defensoría del Pueblo y de Naciones Unidas, que han verificado la destrucción de las armas. Por un lado. Por otro, porque hemos venido controlando que no ingresen retroexcavadoras de mineros a los territorios.

A través de un comunicado público, usted dijo que se debe actuar con urgencia para evitar una tragedia mayor. ¿A qué se refiere?

En este momento las comunidades indígenas van a entrar en una fase de erradicación de cultivos de uso ilícito. En estos momentos hay cuatro mil guardias indígenas que están caminando el territorio, revisando qué es lo que está pasando para poder actuar. Además, las autoridades tradicionales van a actuar con más contundencia frente a vehículos indocumentados, llámese carros, motocicletas, y todo elemento que consideremos riesgoso para la seguridad de las comunidades. Entonces, por esta postura drástica de las autoridades tradicionales en los territorios, el riesgo es mayor aún, es inminente que el Gobierno actúe.

¿Qué debería hacer el gobierno en este momento y con esta situación en particular?

Primero, que atiendan con celeridad las solicitudes de protección que se radicaron en la Unidad de Protección, las cuales aún no han respondido. Es que esta entidad no atiende el llamado de los indígenas amenazados. Segundo, que la fuerza constitucional de la Fuerza Pública actúa sobre los responsables o sobre este tipo de situaciones que se están presentando en terreno. Y tercero, que se coordine con las comunidades indígenas la construcción de iniciativas económicas que puedan suplantar los cultivos de uso ilícito en algunas regiones del país. Está bien que esté el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pero eso no es suficiente y se debe hacer un plan de carácter económico, que se podría trabajar con campesinos, indígenas y afros, en términos de erradicar de una vez por todas el cultivo.

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