Las alarmas de Riosucio, el silencio de Unguía

Riosucio es el municipio más grande del Chocó y el tercero en población. / Fotos: Cristian Garavito

Las fuerzas que históricamente han hecho presión sobre el Chocó han llegado, casi siempre, por el norte del departamento, buscando remontar el río Atrato. Por ese camino llegó la colonización antioqueña en las primeras décadas del siglo XX. También la avanzada de los chilapos, campesinos de Córdoba, Sucre y Bolívar, que arribaron huyendo de la violencia desde los años 50. Por ahí llegaron el banano, las empresas de maderas, la ganadería y, cómo no, la guerra. Los municipios desde Riosucio hasta Acandí, incluyendo sus cuencas, son la frontera porosa con Antioquia. Esa por la que llegaron también, como un solo ejército, la Brigada 17 comandada por el general (r) Rito Alejo del Río y el bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dirigido por el Alemán. Fue en 1997 y quedó en la memoria de los atrateños como su más reciente pesadilla. Pesadilla que por estos días parece volver, pero que se niegan a repetir.

(Vea la primera entrega de este especial: "Atrato abajo, la arteria de la guerra")

La historia dice también que esta colonización paisa ha venido buscando el Pacífico. Antioquia tiene salida al Atlántico por Turbo, pero siempre ha ambicionado la independencia de Cartagena y Barranquilla, construyendo un puerto en el Pacífico. Por eso, Gonzalo Mejía fue considerado un visionario al trazar la carretera al mar, que empieza en Dabeiba y termina en Turbo. Pero esta no ha sido la única obra que ha atraído los ojos de comerciantes e ingenieros en el Chocó. También están los sueños de la vía Panamericana o de los puertos de Nuquí o Tribugá, ambiciosas obras que han sido frenadas por el río, la selva o las comunidades, pero que nunca han dejado de atraer colonos, ejércitos o inversionistas. La ruta Apartadó-Turbo-Acandí-Unguía-Riosucio terminó por ser la expansión del Urabá, con su banano y su ganado.

(Lea la segunda entrega de este especial: "De Bojayá a Murindó, la arteria de la guerra")

El río Atrato corre en la dirección contraria a la colonización antioqueña. Entre El Carmen del Darién y Riosucio hay poco más de dos horas en una buena lancha. Durante el recorrido aún se ven los barcos madereros que viajan entre Quibdó y Turbo, o los trenes de varas amarradas unas con otras que los aserradores convierten en un planchón para poder transportar la madera. Riosucio, Unguía y Apartadó fueron inicialmente depósitos de tagua, caoba, laurel y caucho negro que atrajeron a comerciantes antioqueños y costeños. Y esta oleada de colonización fue la que inició el proceso de tumbar selvas, sacar maderas y meter ganado.

Riosucio de masacres y receptor de desplazados

De los 30 municipios que componen el Chocó, Riosucio es el más grande y el tercero en población. Tiene poco menos de 30.000 habitantes, muchos de los cuales son víctimas que llegaron desplazadas por la guerra. A este pueblo de casas de madera han llegado las oleadas de familias de las cuencas del Truandó, del Salaquí o del Cacarica. Comunidades que desde los años 90 no han tenido un minuto de paz y sobre las que hoy se concentra con mayor fuerza la disputa territorial entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas. En área rural del municipio se encuentran las comunidades negras de La Larga-Tumaradó y el resguardo indígena de Pavarandó. También se encuentra ubicado Belén de Bajirá, el pueblo que se disputan Antioquia y Chocó.

(Puede ver aquí la tercera entrega de este especial: "El Carmen del Darién, centro del conflicto")

En síntesis, la historia de este municipio ha estado marcada por el conflicto. Mal contadas, en sus calles han ocurrido tres masacres paramilitares. La primera de la historia reciente, que sirvió como epígrafe de la operación Génesis, fue el 20 de diciembre de 1996, cuando paramilitares de Córdoba y Urabá llegaron al casco urbano y se llevaron a cinco personas, entre ellas el alcalde encargado y un menor de edad. Los paras dejaron ir a uno para que llevara el mensaje de que ahora mandaban en la región. Las otras cuatro personas fueron torturadas, despellejadas y enterradas en fosas comunes en Santa María La Nueva. Luego fueron de pueblo en pueblo quemando casas y amenazando a sus pobladores. De esta incursión salieron desplazadas 1.200 personas del municipio de Mutatá.

Luego vino la masacre de diciembre de 1997, cuando más de 200 paras llegaron a las comunidades de Jiguamiandó, Arrastradero, Remacho, Uradá, Santa Fe, Apartadocito, Zapayal, Nueva Esperanza, Andalucía y Puerto Lleras. Lista en mano, a su paso iban asesinando líderes comunitarios. Fueron 14 campesinos muertos y nueve más desaparecidos. Esta vez el desplazamiento fue de más de 4.000 personas. Dos años después, en 1999, el bloque Élmer Cárdenas repitió la operación contra Riosucio y sus comunidades rurales. Fue 19 de abril, en las veredas Villahermosa y Clavellino, y las víctimas mortales fueron 13 campesinos. Por esta historia de masacres, desplazamientos y confinamientos, los habitantes del pueblo hoy ven venir oscuros nubarrones.

“Desde 1996 viene el problema. En 1997 hubo un desplazamiento de 2.700 familias desde Pavarandó a Riosucio. Aquí hay familias con cuatro y cinco desplazamientos. Cada vez que ocurre, el Estado dice que nos va a atender, y nada. Cuando se firmó el Acuerdo de Paz pensamos que íbamos a regresar a nuestras comunidades de origen y que íbamos a tener un respiro, pero nos encontramos con que ahora ya vienen entrando otros señores. Si antes estábamos mal, ahora estamos peor, porque los que llegaron están sembrando minas, amenazando a la gente, reclutando. Con las Farc ya sabíamos vivir, pero los que están llegando han entrado a atemorizar a la gente. Salí de Jiguamiandó hace 20 años y esta es la hora que no he podido regresar”, recuerda Karol Montaño en una reunión de líderes con el defensor del Pueblo, Carlos Negret.

Al encuentro bajaron líderes del Truandó, el Cacarica y el Salquí. Llegaron temerosos de denunciar, pero al final les pudo más el miedo a morir sin advertirlo que el del fusil en la cabeza de quienes quieren su silencio. “La gente del Cacarica está esperando a que el Gobierno nos informe cómo es que se van a tomar las medidas que le ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su condena contra el Estado. Aquí ya somos profesionales esperando a que nada pase. Sólo llegan las desgracias. Con los acuerdos, la gente se ilusionó con que la guerra había acabado. Dijeron que el Estado iba a llegar, que la Fuerza Pública nos iba a proteger, que íbamos a construir planes territoriales, y esta es la hora en que nada ha llegado: ni la paz, ni las instituciones, ni la Fuerza Pública. Sólo los nuevos bandidos”, añade Natalia Mina.

“Mientras en otras regiones se supone que están quedando los territorios libres de minas, en la cuenca del Truandó están volviendo a sembrar. Están reclutando a niñas y niños, obligando a meterse en negocios de droga, y los que no se desplazan, pues se confinan”, interrumpió Milady. La secundó un líder indígena del Salaquí: “Enterramos al jefe de la guardia indígena del kilómetro 18. Hicimos una minga porque todos los años con la educación es el mismo problema: empiezan seis meses después porque no llegan los maestros o no les han pagado. Entonces salimos a protestar y el Ejército nos mata. Ya no podemos ni protestarle al Gobierno porque nos matan sin más ni más. Y claro, como ellos andan con los paramilitares, pues cualquiera que exija derechos es un problema”.

Con esta denuncia muchos levantaron la mano para secundar al líder Cuna: “Paracos y Ejército están andando juntos. A nosotros los indígenas nos persiguen y a ellos los dejan pasar. Además, el Ejército ha empezado a meter a la comunidad civil en estos problemas. Llega a los pueblos a comparar información, a pedirle a la gente que señale tal o cual, a involucrarla en esta guerra. Han vuelto los falsos positivos. Los combates aquí son entre paras y Eln; el Ejército sólo espera a que se maten”. Un líder afro, de voz, gruesa rompe la modorra del calor del mediodía hablando fuerte: “Lo que la gente cuenta es poco para lo que está pasando. Tenemos muchos líderes amenazados. Amenazas que coinciden con los consejos de seguridad y este tipo de reuniones donde uno denuncia. Señor defensor: hay cuestiones que uno ni siquiera las toca porque el plomo anda muy bajito”.

Unguía

“El sueño gringo de la carretera se aguó cuando los ganaderos texanos se dieron cuenta del peligro de la fiebre aftosa que campea en el Chocó y de que, de construirse esta vía, Colombia se convertiría en una autopista del tráfico de coca. Aun así, algunas familias antioqueñas, como los Gaviria, que tienen muchas tierras aquí, tienen la secreta esperanza de colonizar el Chocó y la zona del Darién panameña para que así el comercio de toda esta zona gire en torno a Medellín”, explica un historiador de la región.

A diferencia de todas las comunidades visitadas durante el recorrido por el Atrato, en Unguía no se disputan el poder los elenos y los gaitanistas. Las explicaciones sólo se dan en voz baja y con completo sigilo: “Aquí los paras controlan todo. El río, el comercio, la administración local, el tráfico de droga, el de personas. No se mueve una hoja sin que lo sepan. En área rural de este municipio mataron a Gavilán, segundo de las Autodefensas Gaitanista, y tres días antes de llegar había corrido la misma suerte el comandante de los paras en el municipio”. Las cosas estaban calientes, como se le oyó decir a un viejo que capoteaba los cuestionarios sobre la seguridad.

En la reunión con la Defensoría sólo se habló de salud y educación, de problemas del comercio y diferencias entre vecinos. Nadie dijo una sola palabra de la guerra, ni del Eln ni de los gaitanistas. Ni siquiera de que se ha convertido en el corredor de trata de personas más concurrido de Suramérica. Nada. Silencio total. Como explicó otro viejo con los ojos aterrorizados: “No pregunte nada de eso. Guarde esa libreta. Camine sin mirarme. Yo no me voy a hacer matar por un artículo en un periódico. Deje así”.