Las amenazas contra los exguerrilleros que no se fueron con “Romaña”

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A pesar de que lograron consolidar sus proyectos productivos en la zona rural de Uribe (Meta), los señalamientos de que son un brazo político de las disidencias de las Farc y las amenazas contra sus vidas y bienes los obligó a salir del territorio. Una situación similar se vive en otros lugares del país.

Cuando las Farc empezaron a transitar el camino de la dejación de armas en enero de 2017, Henry Castellanos Garzón, conocido en la guerra como Romaña, salió de los Llanos Orientales y se ubicó en el segundo puerto más importante del Pacífico: Tumaco. Romaña era un comandante de las Farc muy perseguido por la Fuerza Pública por sus actos de secuestro contra políticos y civiles, y por su captura el Estado colombiano ofreció cientos de millones de pesos. En Tumaco organizó a 400 exguerrilleros de las Farc y enfrentó, antes y después de la dejación de las armas, a grupos armados ilegales en el puerto, con vínculos con el narcotráfico, que aún hoy se disputan el dominio armado de esa región.

En sus días de paz, Romaña alcanzó a impulsar un equipo de fútbol profesional para Tumaco, para arrebatarles cientos de jóvenes al narcotráfico y a las 11 bandas criminales que allí operan, algunas que nacieron después del Acuerdo de Paz. Esta propuesta la hizo durante el gobierno de Juan Manual Santos, hacia agosto de 2017, mientras iniciaba su reincorporación a la vida civil en la zona veredal La Variante, en zona rural del puerto. Allí también llegaron excombatientes de la zona veredal que se construyó en Mesetas (Meta) y quienes tenían cercanía con el exjefe guerrillero desde las filas de la insurgencia. Iniciaron el proceso de reincorporación económica y desarrollaron proyectos de porcicultura, piscicultura, avicultura, cultivos de plátano, maíz, cítricos, sábila, piña, una fábrica de embutidos, calzado y bloques.

Un mes después de que se perpetrara la masacre de El Tandil, en la zona rural de Tumaco, en la que murieron siete campesinos en medio de disparos que los pobladores le atribuyen a miembros de la Fuerza Pública que llegaron a erradicar forzadamente matas de coca, el ambiente se puso muy tenso en la región. Romaña denunció amenazas de muerte y, hacia finales de noviembre de 2017, salió de Tumaco junto con 60 exguerrilleros, algunos de los cuales lo acompañaban desde la guerra, hacia la zona rural de Uribe (Meta), donde había combatido durante el conflicto armado. Seis meses después de su arribo a Uribe, en mayo de 2018, le dijo a este diario, desde la vereda El Diamante, que las matas de piña, sábila, plátano y maíz se estaban pudriendo en el espacio territorial de Nariño, por falta de una estrategia buena de comercialización.

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En la vereda El Diamante se asentaron en una finca donde sembraron cerca de 200 hectáreas de maíz para forraje y grano, 15 hectáreas de girasol y establecieron nuevamente proyectos de porcicultura, piscicultura, avicultura, ganadería y granjas. Pasaron los meses y Romaña tenía su esquema de protección que consistía en dos camionetas blindadas y escoltas, pero a finales de septiembre de 2018 abandonó esta protección y desapareció del radar de las autoridades. En agosto de 2019 reapareció en un video con Iván Márquez y otros exjefes guerrilleros anunciando que también retomaba las armas por considerar que el Gobierno había “traicionado” lo pactado en La Habana. En cambio, los exguerrilleros que lo acompañaban siguieron apostándole a la legalidad y se quedaron con los proyectos productivos en El Diamante, pese a que desde entonces ni los señalamientos ni las amenazas a su vida y bienes han cesado.

“Desde la salida de Romaña empezaron las acusaciones malintencionadas, catalogándonos como un brazo político de quienes retomaron las armas e hicieron acusaciones falsas de que estábamos extorsionando. Hechos que denunciamos ante la Fiscalía. Esto puso en peligro nuestras vidas y nos obligó a abandonarlo todo”, confiesa uno de los exguerrilleros, que pidió no revelar su nombre por razones de seguridad. Cuenta que, por información de la comunidad que fue sometida a varias reuniones de un grupo armado desconocido, ellos lograron esquivar dos intentos de atentados en la vereda San Miguel, cerca del casco urbano de Uribe. “En reiteradas reuniones manifestaron amenazas contra quienes nos encontrábamos en El Diamante y contra los bienes de la cooperativa, declarando que no podíamos seguir allí”, contó el exguerrillero.

A inicios de junio pasado, una vez verificaron los hechos narrados por la comunidad, 30 de ellos, que permanecían en El Diamante trabajando en los proyectos productivos, salieron de la región por las presiones y los señalamientos. Los otros están dispersos en 10 departamentos del país donde viven con sus familias, pero continúan asociados a la cooperativa Daincoop, dijo el exguerrillero. “La situación de seguridad que actualmente vive el departamento del Meta es compleja, el incumplimiento de los acuerdos del Pnis (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) está llevando a una confrontación que deja muertos y desplazados en el sur del departamento. La falta de voluntad política del Gobierno para cumplir a cabalidad los Acuerdos de Paz ha deteriorado el proceso de reincorporación”, expresó.

En El Diamante se intentaba consolidar una alianza entre exguerrilleros y comunidad, a través del principal proyecto productivo que desarrollaban: ganadería de doble propósito bajo un sistema silvopastoril y cultivos de forraje. En un año, según un informe de la cooperativa Daincoop entregado en mayo pasado, criaron 230 cabezas de ganado, cuatro caballos y 115 ovejos, y lograron cultivar 34 toneladas de maíz, otras cinco de harina y una tonelada de harina de soya. Hicieron cursos en buenas prácticas ganaderas, realizaron publicidad de la cooperativa y varias actividades con la población del municipio de Uribe. En total, con apoyo de cooperación internacional y el dinero de los exguerrilleros que recibieron por el Acuerdo de Paz, recogieron más de $1.300 millones, cuya inversión hoy está en riesgo.

Según los asociados de Daincoop, las pérdidas ascienden a más de $1.000 millones y aumentan diariamente, pues el proyecto lo dejaron “a la voluntad de Dios”, anotaron los exguerrilleros en una carta enviada a este diario. “Dejamos una importante infraestructura ganadera en el predio y lamentablemente no la podemos recuperar. En el predio aún se mantienen 195 de 230 cabezas de ganado y 115 ovinos que no han podido ser evacuados porque no contamos con un lugar definitivo que garantice unas condiciones técnicas mínimas para su cuidado”, advierten.

A raíz de esta situación, relataron los exguerrilleros amenazados y desplazados de El Diamante, perdieron la posibilidad de desarrollar otro proyecto apícola y forestal con financiación internacional, así como tampoco han podido mantener la ruta comunitaria que había sido inaugurada a finales de 2019, que permitía acercar a la población con la actividad productiva que desarrollaban los excombatientes. “Tras nuestra salida del municipio de Uribe, cultivos, huertas y suplementos alimenticios para los semovientes fueron dejados a la comunidad para su aprovechamiento como retribución por habernos acogido fraternalmente durante este tiempo”, relataron en la carta.

A raíz de su salida de la zona rural de Uribe, junto con la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) y delegados del partido FARC, los exguerrilleros están buscando predios con vocación agrícola para retomar las labores de reincorporación económica. Dichas tierras, una vez los excombatientes escojan las posibilidades que existen en diferentes departamentos, serán arrendadas por la cooperativa y posteriormente adjudicadas por el Gobierno a través de un decreto. Esta información fue ratificada por el director de la ARN, Andrés Stapper, quien está pendiente de la reubicación de los exguerrilleros de El Diamante.

Mientras tanto, de los excombatientes que se quedaron en La Variante, a una hora de la cabecera de Tumaco, se sabe que en mayo de este año tuvieron que huir del caserío y dejar lo poco que habían construido por amenazas de muerte. Según informaron los exguerrilleros, se trasladaron a una Nueva Área de Reagrupación (NAR) ubicada en el municipio de Cumbal (Nariño), donde viven 76 exguerrilleros con sus familias. Advirtieron que no tienen proyectos productivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y que están a la espera de poner en marcha uno de piscicultura con tilapia, que beneficiaría a unos 60 excombatientes en el sur del país.

Están en más de 579 municipios

Lo que sucedió con los excombatientes de las Farc, ubicados en la zona rural de Uribe, también lo están viviendo (o lo han vivido) sus antiguos compañeros en la guerra en departamentos como Cauca, Antioquia y Nariño. Por un lado, se parte de la base de que de los 12.800 exguerrilleros que dejaron las armas, solo 6.800 se quedaron en las zonas veredales para iniciar la reincorporación en estos espacios. Sin embargo, después de que dejaron las armas, más del 50 % salió paulatinamente de estas 26 zonas establecidas y se ubicó en sus municipios de origen o en otras regiones por cuestiones de seguridad. Es decir, aproximadamente 3 mil exguerrilleros se quedaron en dichos espacios. De acuerdo con el último registro de la ARN, los excombatientes que están por fuera de los antiguos espacios de reincorporación se encuentran dispersos en más de 579 municipios del país. “Lo importante es que se les está cumpliendo con la consignación de la renta básica y que, para el tema de seguridad, muchos cuentan con esquemas individuales que les ha otorgado la Unidad Nacional de Protección y con los programas de seguridad ciudadana de la Policía Nacional”, dijo el director de la ARN.

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Precisamente, a mediados de julio de este año, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, a través de su informe semestral, advirtió al Consejo de Seguridad de ese organismo que el Estado debe garantizar la seguridad de los exguerrilleros que viven por fuera de los antiguos espacios de reincorporación: “Lamentablemente en este período se ha mantenido la tendencia de homicidios de excombatientes cuando llegamos a más de 200 asesinatos. Llaman la atención, particularmente, los homicidios fuera de los antiguos espacios de reincorporación. Hay más de 75 espacios nuevos (NAR) donde viven los exguerrilleros. Nos parece que los mecanismos de seguridad debieran implementarse también en esas áreas donde hay más de 9 mil excombatientes que adelantan la reincorporación y siguen empeñados en la paz”, enfatizó el jefe de la Misión, Carlos Ruiz Massieu.

Las alertas por la inseguridad se han presentado en otros espacios de reincorporación y en las llamadas NAR, en estas últimas donde están la mayoría de los excombatientes hoy en día. Por ejemplo, en los espacios de Buenos Aires (norte del Cauca), Puerto Asís (Putumayo) e Ituango (Antioquia) fueron asesinados, desde la firma del Acuerdo de Paz, 24 exguerrilleros de las Farc de los más de 200 que investiga la Fiscalía. El último, en Ituango, ya fue trasladado al municipio de Mutatá, en el mismo departamento, a raíz de las amenazas que nunca desaparecieron y que les costó la vida a cerca de 11 exguerrilleros de ese espacio. De Buenos Aires, dice el director Stapper, se conoce de la alerta que existe y se han desarrollado diálogos en los territorios para que los organismos de seguridad del Estado hagan recomendaciones en medio de su estrategia de consolidación. Igualmente, reconoce que el antiguo espacio de Monterredondo (en el municipio de Miranda), en el norte del Cauca, fue evacuado por las amenazas de cilindro bomba contra la comunidad que llegaron si los exguerrilleros no salían de la zona.

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Por lo pronto, la estigmatización sigue siendo una de las talanqueras del proceso de paz y los procesos de reconciliación poco avanzan en las regiones, en la búsqueda de aterrizar la paz territorial. En los NAR del Huila, por ejemplo, los exguerrilleros están denunciando venganzas de personas afectadas por la guerrilla durante el conflicto y que hoy no aceptan el Acuerdo de Paz. Allá también han sido asesinados cerca de siete exguerrilleros, sin contar los homicidios contra sus familiares. Esos hechos fueron los que evitaron los excombatientes de El Diamante, quienes estaban siendo señalados de ser el brazo político de un comandante que ya no está en el proceso de paz: “Eso es ponernos una lápida en el pecho, que es lo que quieren quienes no aceptan que hayamos firmado un pacto para terminar esta guerra”, dice uno de los exguerrilleros desplazados de Uribe (Meta) y que hoy busca rehacer su vida en otra región del país.

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