Las amenazas que se tejen contra los gobernadores indígenas del pueblo awá

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En medio de la pandemia, los grupos armados siguen amenazando y asesinando a gobernadores indígenas de la etnia awá en el sur de Nariño, varios de ellos obligados a salir del territorio y otros asesinados en lo corrido del año. Las autoridades tradicionales dicen que ni los narcotraficantes ni los grupos armados respetan el retén que montaron para frenar la propagación de la peste.

En la noche del martes 27 de julio, en el resguardo Awá Ñambí Piedra Verde, fue asesinado Fabio Alfonso Guanga García, el segundo gobernador indígena del pueblo awá que perdió la vida en menos de un mes. Según testimonios de esta región del sur de Nariño, el gobernador Guanga murió luego de que varios hombres con revólveres llegaron a las 8 pm. a su vivienda, le dispararan, a él y a Sonia Lorena Bisbicus Ortiz, otra de las fallecidas, y a dos personas más que resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años. El otro homicidio se registró el pasado 10 de julio contra el gobernador suplente Rodrigo Salazar, quien era uno de los líderes en el Cabildo Piguambí Palangala del corregimiento de Llorente (Nariño). Fue baleado a las 11 am., mientras llegaba a la zona urbana de esta población a una reunión virtual sobre los avances del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.

Las últimas amenazas contra estas autoridades tradicionales llegaron el pasado 24 de julio. A través de su hija, el gobernador Segundo Jaimen Cortes Pai recibió un mensaje de Facebook en el que le advirtieron: “dedíquese a lo suyo señor gobernador, no queremos que se meta en otras cosas y no queremos ver policías en los territorios. Lo tenemos vigilado”. Y, teniendo en cuenta que el gobernador Cortes tiene un esquema de protección, entonces añadieron: “y que le quede claro que los escoltas que usted tiene no le servirán para nada”. Algunos sobrevivientes, que por la situación están refugiados fuera del territorio, como el dirigente indígena Francisco Javier Cortes Guanga, piensan que las amenazas se están ejecutando.

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Aunque el conflicto armado no se ha alejado de sus territorios desde hace décadas, el control territorial para evitar la propagación de la pandemia en este territorio fronterizo con Ecuador ha incrementado el riesgo para los líderes y gobernadores indígenas, las principales autoridades de estos pueblos. En diciembre pasado, el resguardo Piguambí Palangala terminó la carretera que comunica a la zona urbana y rural de Llorente, un corregimiento de Tumaco fronterizo con Ecuador. En dicha vía, tras el inicio de la cuarentena nacional por la peste, fue instalado un retén de las autoridades ancestrales quienes decidieron cerrarla a las 5 pm., y abrirla a las 7 am. Esta situación, cuentan los líderes de la zona, no cayó bien entre los armados y traficantes de gasolina ecuatoriana y otras mercancías legales e ilegales.

La semana pasada, cuando los guardias llegaron en la mañana a controlar el retén encontraron destruida la estructura rudimentaria, que era una guadua atravesada en la carretera, y una cruz puesta encima de los escombros. “Esta situación ha incrementado las amenazas contra los gobernadores y líderes de la comunidad, quienes en su ejercicio legítimo han facultado a los guardias indígenas para controlar nuestro territorio y prevenir todo el contagio de la peste que se puede desatar en las comunidades”, dice uno de los gobernadores amenazados desde su lugar de escondite.

El pueblo indígena Awá Kuaiker está ubicado en la región del Piedemonte Pacífico, teniendo sus límites en la cuenca del río Telembí hasta la parte norte de Ecuador. La integran los municipios de Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego, Santa Cruz de Guachavéz y Tumaco, con una extensión de 318.994 hectáreas, cuyos habitantes en su mayoría son mestizos: de 170.714 personas 26.800 son indígenas awá, es decir, el 15%. Esta zona estratégica y los grandes intereses económicos, legales e ilegales, que se tejen en este territorio es lo que ha propiciado que la Corte Constitucional emitiera dos autos en los últimos diez años, en la búsqueda de proteger la vida de los integrantes de esta etnia y su entorno de vida.

Las cuentas que llevan los indígenas awá es que en los últimos cuatro meses también han sido asesinados siete comuneros y guardias indígenas. Uno de esos últimos sucesos, fue la muerte violenta de James Canticuz Ortiz mientras se movilizaba como copiloto en una motocicleta. Cuando transitaban la carretera del municipio de Barbacoas, en la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto, hombres que se desplazaban en un auto de marca Chevrolet Sprint los interceptaron, los detuvieron e indagaron a James, quien después del interrogatorio recibió una ráfaga de once balazos en su cuerpo lo que lo mató al instante.

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Antes de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, en noviembre de 2016, en el territorio de los awá también se registraban masacres y asesinatos. No obstante, lo que los sorprende, dicen los gobernadores que hablaron desde el anonimato, es que, aún con proceso de paz y con miles de militares rodeando el territorio, todo siga igual o peor. Ellos no han olvidado la masacre del 4 de febrero de 2009, cuando extinta guerrilla de las Farc, en el resguardo Tortugaña Telembí, en Barbacoas (Nariño), acusaron a once indígenas awá, entre ellos a dos mujeres embarazadas, de colaborar con el Ejército Nacional. Exponiendo esos motivos, se los llevaron a la fuerza y les asesinaron con cuchillos y machetes. Una minga humanitaria logró la recuperación de ocho de los cuerpos. Los cuerpos de las tres víctimas restantes siguen desaparecidos. En el corregimiento de Llorente también fue asesinado en ejercicio de sus funciones el gobernador Juan Álvaro Nastacuas el 29 de noviembre de 2013.

Todos estos sucesos, también han llevado a los indígenas awá a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija al Estado proteger sus derechos a la vida y la paz en sus territorios. En 2011 el organismo multilateral emitió una medida cautelar que sigue vigente con muchas promesas incumplidas para estas comunidades del sur del país.

En el escenario actual, los indígenas están rodeados de diversas facciones de disidentes de las Farc, que no se acogieron al proceso de paz o que se juntaron después de ese pacto; frentes de la guerrilla del ELN; y grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC y estructuras de crimen organizado que se fortalecieron después del proceso de paz y la salida de una guerrilla político militar de esos territorios. Justamente, los que aún se están disputando estos grupos y, como lo advirtió la Defensoría del Pueblo en su última Alerta Temprana sobre este territorio, “donde el Estado no implementó, de forma oportuna, estrategias de control territorial”.

El último mensaje amenazante que recibieron los gobernadores indígenas está firmado por las iniciales GUP, lo cual traduce Guerrillas Unidas del Pacífico; grupo al que se suma el Frente Oliver Sinisterra que se disputa a fuego el territorio; grupos neoparamilitares y narcotraficantes como “Los Rastrojos”, “Los Contadores”, en convergencia con carteles nacionales e internacionales que promueven la siembra de cultivos de uso ilícito y financian toda la cadena del narcotráfico, desde el control de las rutas, compra de terrenos, procesamiento del clorhidrato de cocaína y traslado hacia países de Centro América, advirtió la Defensoría del Pueblo.

Por lo pronto, el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las Naciones Unidas, reportó que Nariño redujo el área de cultivos de coca sembrada. Sin embargo, con 36.000 hectáreas sigue siendo el segundo departamento con cultivos y este es otro flagelo que los gobernadores indígenas siguen enfrentado solitarios en sus territorios. “Nosotros hemos dicho que no estamos en contra de la erradicación y por eso hemos dicho que, si van a arrancar esas matas, pues que lo hagan. Sin embargo, eso ha sido el otro tema, porque los grupos lo que exigen a la gente es que no arranquen las matas de coca. Ese es su combustible. A pesar de ello, los gobernadores hemos dado instrucciones en diferentes resguardos del pueblo awá para que se prohíba la siembre de esos cultivos, lo que nos está costando la muerte. Ante esto, lo que nos queda es que el Estado nos proteja, que haga algo por nosotros para evitar esta matanza”, expresó uno de los gobernadores amenazados.

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