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El 24 de febrero de 2018, una veintena de niños y niñas estaban jugando fútbol en una cancha al sur del Tolima. De repente, vieron cómo un helicóptero con placas HK-4498, de la compañía Helisur, aterrizaba de forma irregular en el campo de juego en el que estaban departiendo. Todos tuvieron que correr para no ser alcanzados por la aeronave que tuvo un descenso brusco. El diario El Tiempo captó las imágenes de ese momento y tras su difusión se dio un debate en redes sociales sobre cómo deben proceder de forma correcta estos aterrizajes y más en zonas donde puede haber riesgo latente contra la integridad de las personas.
Pasaron los años, sin muchos más detalles de ese episodio en el que muchos señalaron a políticos locales de ir como pasajeros en el helicóptero comercial, hasta que llegó la noche del 4 de mayo de 2021. El contexto cambió radicalmente: Colombia estaba convulsionada por un paro nacional que en su séptimo día de manifestaciones veía abusos y violencias desproporcionadas de parte de miembros de la Policía hacia marchantes, decenas de muertos, centenares de heridos, calles destrozadas, vándalos saqueando comercios y un diálogo nulo con el Gobierno Nacional de las peticiones de un sector del país cansado de decisiones fiscales, sociales y políticas en medio de una crisis que ha profundizado la pandemia.
En medio de ese caos, luego de las 8:00 p.m. del pasado 4 de mayo, en las instalaciones del Colegio Claretiano de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, aterrizó sin autorización de ningún miembro de la comunidad educativa un helicóptero halcón de la Policía Nacional que, según la alcaldesa capitalina Claudia López, iba a asistir logísticamente a miembros de la Policía (agentes regulares y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios - Esmad) que resultaron heridos en las confrontaciones con manifestantes.
Sin embargo, las versiones del rector del colegio, del vigilante de la institución y de los vecinos del recinto cuestionan el procedimiento.
Avelino Suárez Barrera, rector del Claretiano de Bosa denunció que los uniformados que descendieron del helicóptero se tomaron las instalaciones “como Pedro por su casa” y que amedrentaron al guardia de seguridad para que nos les restringiera ningún paso.
“Su actuar fue abusivo, arbitrario y sin mayor problema se tomaron las instalaciones del colegio. Me preocupa que hayan hecho esto en un sitio a sabiendas que es un centro de defensa de vida y a favor de los derechos humanos. Si son así en lugares como estos, ¿cómo lo serán en escenarios distintos?”, dijo Suárez.
Fernando* tiene su casa entre la Alcaldía local y el Claretiano, y lleva viviendo en esa zona por más de 25 años. Le dijo a este diario que vio todo lo que pasó esa noche entre las calles 59 y 60 sur, y sus intersecciones con la carrera 81. “De un momento a otro pasamos de las cacerolas a los gritos de auxilio. Un par de muchachos comenzaron a reprender policías y su respuesta fue hostigar a todos los demás marchantes. Comenzaron a llegar varios en moto y eso se volvió una batalla campal, como es de conocimiento público. Y luego pasó lo del helicóptero… ahí todos tuvimos miedo de que dispararan desde el aire o algo así, pero por suerte, no sucedió. Luego, por la entrada de la 60 mi nieto alcanzó a grabar cómo les entregaban a los agentes unas bolsas blancas con quién sabe qué. Con ese encargo recibido se dividieron por parejas y se fueron en motos por todo el barrio continuando con las confrontaciones. Se escucharon más disparos que antes, al menos por unos minutos, entonces en esas bolsas uno cree que no tenían almojábanas (risa nerviosa)”, aseguró.
Aunque, en efecto, el helicóptero que aterrizó en el colegio no prendió fuego en ningún momento, el tema de la entrega de paquetes sin identificar, como lo señaló el vecino del colegio, es algo confirmado y en proceso de investigación interna por parte de la Policía.
Eso, al igual que los seguimientos individuales a los agentes que habrían utilizado desproporcionalmente su fuerza contra los manifestantes y la búsqueda de los civiles que alteraron el orden público y vandalizaron la zona.
¿Qué implica este accionar de la Policía?
El Colegio Claretiano de Bosa es de carácter privado en su jornada matutina y sus predios, consecuentemente, son de la comunidad católica (misioneros claretianos). Como en cualquier propiedad privada a lo largo del territorio nacional, es de carácter obligatorio pedir autorización para ingresar o llevar a cabo cualquier tipo de actividad ahí dentro. Proceso que no pidió la Policía Nacional.
En un comunicado público, el colectivo misionero expresó que se “entablarán las denuncias correspondientes ante los entes de control, con miras a clarificar y tener respuestas frente a este acto tan lamentable y doloroso que nos afecta como defensores de la vida y de los Derechos Humanos”.
Sin embargo, en el escenario jurídico, por este tipo de casos lo más probable es que haya un choque de derechos que en últimas pueda ser definido bajo el criterio y situaciones específicas estudiadas por un juez de la república.
La Corte Constitucional establece en su normativa sobre invasión de hecho sobre tierras que “en muchos casos las invasiones y ocupaciones de hecho sobre tierras urbanas o rurales tienen por causa las circunstancias de extrema necesidad [...], con miras a dar soluciones globales que garanticen la realización de postulados constitucionales que tienen por objeto el respeto a la dignidad humana”.
Escenario que legalmente no pondría a la Policía Nacional como responsable de esta situación si su defensa jurídica es lo suficientemente sólida, en caso de que el colegio decida llevar ese aterrizaje a una instancia penal.
Sin embargo, en ese mismo frente de la Corte Constitucional, está consagrado dentro de la sentencia C-157/97 que si la invasión al terreno privado es por un llamado “provecho ilícito”, los sindicados pueden llegar a pagar una condena penal.
Explícitamente, esa parte de la sentencia reza que “resulta definitiva la característica del tipo penal que expresamente califica el hecho de la invasión refiriéndose al propósito de obtener provecho ilícito, pues ella elimina la posibilidad de aplicarlo para sancionar a quien obra de buena fe. Justamente esa calificación, que define el delito, hace compatible su consagración con las reglas del Estado Social de Derecho”.
Es decir, que si algún testigo de lo que pasó dentro del colegio esa noche tiene pruebas concretas que se relacionen, por ejemplo, con el testimonio del señor Fernando (que optó por pedir anonimato por temor a represalias), o que demuestre que los agentes de Policía actuaron con fines ilícitos dentro de las instalaciones del Colegio Claretiano, podría hacer viable su inconformidad ante una autoridad judicial competente.
¿Se violaron Derechos Humanos?
El Colegio Claretiano de Bosa lleva décadas siendo una parte fundamental de la vida de su comunidad en esa parte del sur de Bogotá. La vocación de los suyos está en servir y en acompañar a sus vecinos más allá de las aulas. Vivir tranquilos está dentro de su filosofía, como lo dicen alumnos (que ahora estudian de forma remota) y directivos.
No han estado en los focos mediáticos, hasta ahora. Y ante un posible escenario de violación a Derechos Humanos, como el que denunció hace unos días ante este diario Josué Giraldo, provincial de la comunidad claretiana, al decir que “lo que dice el celador es que bajaron unas cajas en las que probablemente había munición para contener las marchas y que todo esto sucedió durante 20 o 30 minutos, aproximadamente”, serán las pruebas de facto y el transcurso de los días los que darán una respuesta.
Ante las dudas que pudiese llegar a generar el contexto, cabe señalar que la invasión a propiedad, armada o no, por parte de la Policía al Colegio Claretiano de Bosa, no tiene cabida alguna dentro del Derecho Internacional Humanitario, pues este solo actúa en hechos de conflicto armado, diametralmente distinto a una jornada de paro nacional.
Consultado por este diario, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se mantiene neutral en este tipo de situaciones, pero desde documentos que han realizado por situaciones similares explican cuándo es o no es prudente hablar de afectaciones a DD.HH.
Por ejemplo, la CICR indica que las armas de fuego en el marco de una protesta social solo pueden ser usadas como último recurso; que puede haber uso de la fuerza con normas de mantenimiento del orden si una manifestación se torna violenta en un marco de conflicto armado (situación que no aplica); que la fuerza pública tenga a disposición armas menos letales que las de fuego y que las tropas estén entrenadas para su debido uso.
Esta normativa internacional también apela a que las autoridades estén “equipadas y capacitadas para hacerlo de conformidad con las normas que rigen el uso de la fuerza en operaciones de mantenimiento del orden”.
Los vecinos en Bosa y las autoridades del colegio se preguntan si esto se aplicó en todo momento. ¿El aterrizaje del helicóptero en este sitio privado permitió desproporcionalidad? ¿se dio paso al exceso en el uso de la fuerza? ¿hasta qué punto llega el mantenimiento al orden? Las pruebas concretas en Aerocivil y ante la justicia dirán si el episodio del helicóptero halcón en Bosa abre un nuevo capítulo, o no, de abusos a DD.HH. en el marco de la protesta social en Colombia.
*Cambio de nombre a la fuente, por petición expresa.