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El palenque es el lugar donde se reunían los afrocolombianos para compartir sus conocimientos, sus ideas y su cosmovisión. Este término se resignifica actualmente en las comunidades negras colombianas que con orgullo se autodenominan palenqueros y palenqueras, porque, al juntarse para aprender de nuevo, se proponen recuperar sus raíces ancestrales.
En la vereda La Espriella del municipio de Tumaco, en el río Caunapi, un grupo de estudiantes adultos y jóvenes con el agua hasta las rodillas practica una técnica de pesca histórica. Entre cuatro sostienen dos redes de pesca mientras los otros empujan el agua en esta dirección. Pasados unos minutos, sacan las redes y guardan los peces, excepto los más pequeños, que devuelven al río para no acabar con el ecosistema. Entre todos asimilan y reconocen que esta práctica respeta la naturaleza.
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En otro territorio del departamento de Nariño, al cual se llega a través del laberíntico río Rosario, José Micolta, de 72 años y habitante de la vereda Vuelta Larga en Tumaco, cuenta cómo es la experiencia de volver a la escuela a su avanzada edad. “Cuando yo era muchacho no pude aprender porque mi madre y yo éramos pobres, mi papá abandonó a mi mamá cuando yo tenía cuatro años y no pude estudiar. Me he dedicado toda mi vida a cultivar en la finca. Ahora, en el palenque, mi intención es aprender a escribir mi nombre, pero hay un problema, que estoy sufriendo de la vista y me cuesta hacer bonita la letra”.
José también es estudiante del modelo etnoeducativo, un proyecto que los consejos comunitarios del litoral Pacífico han promovido desde hace casi una década y cuyo objetivo es reeducar a las comunidades negras en sus costumbres y tradiciones históricas.
Esta herramienta brinda la oportunidad a muchos adultos de escribir su nombre por primera vez en su vida, un hecho tan sencillo como trascendental, una reafirmación de la identidad individual en el marco de una reivindicación de la identidad colectiva. José, a pesar de no haber tenido la oportunidad de estudiar, ha sido presidente de la Junta de Acción Comunal, ha cultivado y vendido cacao y plátano toda su vida y ha liderado diferentes iniciativas para mejorar su vereda, casi siempre sin el apoyo de las instituciones públicas, cuenta.
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Las comunidades negras del Pacífico Sur colombiano han sobrevivido en medio de la violencia y del olvido estatal. Actualmente hay 15 grupos armados que sólo en 2017 han generado 13 desplazamientos masivos en la costa de Nariño. Hay disputas territoriales por ser esta zona un punto estratégico que combina la proximidad con Ecuador, el cultivo de la coca y el abandono estatal en un enclave donde la guerrilla de las Farc tuvo mucha influencia.
Aquí se siente que el conflicto no ha terminado porque, a través del Acuerdo de Paz con las Farc, y la posterior desmovilización de éstas, ahora las normas las imponen las bandas criminales. Están asesinando líderes sociales y la violencia sexual por parte de los grupos armados ha aumentado en el territorio, dicen los habitantes.
Si ya era una zona de olvido durante el conflicto armado, ahora no parece que la cosa haya cambiado. Prueba de ello es que la violencia que se respira en este territorio es bien evidente, pues incluso Colombia 2020 tenía programado ir a conocer una vereda tumaqueña —se respeta el anonimato por no poner en riesgo a líderes sociales— que la noche anterior sufrió el asesinato de tres personas a manos de bandas criminales.
La coca y el dinero fácil
También la coca sigue muy visible. Basta adentrarse 45 minutos en lancha por el río Rosario para comprobar que se siguen transportando grandes sacos de coca en embarcaciones discretas por esas aguas; los cruces con esta realidad son tensos y silenciosos. Edilberto Clevel, presidente del Consejo Comunitario Unión Río Rosario, habla del tema de manera contundente: “No digamos mentiras: un obstáculo grande en Tumaco es la mata. La única forma de salir de la extrema pobreza es educándonos. Si yo tengo cómo hacer plata, ¿para qué voy a perder mi tiempo para ir a la universidad o al colegio?”. La correlación entre la falta de educación y la pobreza estructural que golpea este territorio se refleja en los ingresos económicos. Las comunidades del Pacífico están 35 % por debajo del ingreso nacional.
En medio de este panorama, Raúl Betancurt, asesor pedagógico del modelo, afirma que “el Estado ha tenido la educación descuidada, no solamente en nuestro municipio sino a nivel nacional”. Es por esto que el modelo etnoeducativo se constituye como una propuesta que busca solucionar la necesidad de las comunidades afrocolombianas de educarse. Comprende la alfabetización, la primaria, la secundaria, el bachillerato y la formación técnica. La atención educativa es para jóvenes y para adultos que no han acabado la educación básica o incluso para personas que nunca han cogido un lápiz.
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Mari Luz Cortés vive en la vereda de Chajal, es madre cabeza de familia y tiene seis hijas. Cuenta que la experiencia de volver a la escuela fue “fantástica”. Cuando era niña, sus padres no pudieron ayudarla en sus estudios por razones económicas y fue a través del modelo, en el que participó durante dos años, que pudo estudiar desde quinto de primaria hasta llegar al bachillerato. Mercy Consuelo Torres, del Consejo Unión Río Rosario, es tutora del modelo y explica que “las clases se desarrollan dentro o fuera del aula o del palenque y a través de una pregunta-reto se trabajan todas las áreas: matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales y arte (…) pero lo que más les interesa a los alumnos es aprender a leer y a escribir”.
De hecho, uno de los objetivos que tiene este proyecto pedagógico es reducir la tasa de analfabetismo de las poblaciones negras, que actualmente es del 11,5 %, junto con la complicada labor de abordar, a través de la educación, todas las formas de violencia a las que las comunidades negras han estado expuestas tanto por el conflicto como por los agravios y olvidos históricos que han sufrido. Esto no habría sido posible sin el tejido asociativo de estas comunidades, que, lejos de tener una propuesta estatal, han tenido que crearla ellos con el apoyo económico del gobierno de Canadá y la implementación del Consejo Noruego para Refugiados y Save the Children.
Ahora ceden los derechos patrimoniales —no los intelectuales, que seguirán perteneciendo a la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas)— al Estado, que se compromete a implementar este modelo. Germán Castillo, miembro de Recompas, advierte, no sin cierta preocupación, que “le hemos construido una ruta al Gobierno, a través de eso vamos a hacer la paz. Antes no nos tuvieron en cuenta (…) y necesitamos que ahora el Gobierno cumpla”.
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En la misma línea se expresa Ángel Migdonio Palacio, constructor del modelo, que argumentó que éste cuenta con un enfoque reparador para la paz. “Este no es un modelo de negros para negros”. Es decir, que también puede servir para indígenas o excombatientes.
“Los paramilitares y los guerrilleros son gente que seguramente no han acabado la primaria: nosotros queremos extender una mano amiga”, explica Palacios. Este ideólogo del proyecto pedagógico critica la escuela formal puesto que el último tema que tratan en la institución es África, está descontextualizado y tiene un fuerte componente segregador religioso: “La Iglesia reforzó la esclavización de los negros”.
“Tenemos que poner a conversar los saberes generales con los saberes ancestrales porque estamos en la Colombia profunda, la otra Colombia, y se tiene que luchar para rescatarla y unirla, porque ahora está dividida”, añade.
Por el momento, el modelo se ha implementado en algunos municipios de Nariño, Cauca y Chocó y ha beneficiado al menos a 2.179 personas. Este proyecto cuenta con el aval del Ministerio de Educación desde el 2015 y ya está en manos del Gobierno.
La ministra de Educación, Yaneth Giha, lo recibió en noviembre del 2017 en un acto en Tumaco en el que intervinieron miembros de Recompas, los embajadores de Canadá y Noruega, egresados del modelo y las distintas asociaciones que han ayudado a su financiación e implementación en los territorios, como el Consejo Noruego para Refugiados y Save the Children.
Nancy Ortiz, oficial del programa de educación del Consejo Noruego para Refugiados, asegura que “el papel de las organizaciones es insistir, el del Estado es garantizar la implementación”. El asesor pedagógico, Raúl Betancurt, reitera la necesidad de implementarlo bien, puesto que “la educación es el arma más grande que hay en la comunidad. A través de ella podemos cambiar el mundo”.