Las mujeres de Putumayo buscan una vida sin coca

La economía cocalera les permite alcanzar cierta independencia financiera, pero también las expone a riesgos como la esclavitud laboral, la violencia sexual, judicializaciones y amenazas de grupos armados. Defienden la sustitución voluntaria como una vía de alejarse de la violencia.

En Putumayo, las mujeres están empeñadas en sustituir la coca para dejar atrás una vida de violencia. Aunque ha sido un cultivo que les ha dado autonomía económica en el campo, también las ha sumergido en un escenario controlado por hombres armados, donde ellas son las más vulnerables.

De acuerdo con Nancy Sánchez, de la organización Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida, las mujeres trabajan en los enclaves cocaleros como raspachinas, cocineras, cultivadoras y comercializadoras de la hoja o la pasta de coca. Pero, al contrario de los hombres que cumplen los mismos roles, siguen respondiendo por el cuidado del hogar y de sus hijos.

También se enfrentan a la esclavitud laboral, la violencia sexual por parte de quienes controlan la producción y el comercio de la coca, o la estigmatización de las autoridades por tener cultivos de coca, a pesar de que es la opción más rentable en territorios como el Putumayo, donde la falta de vías dificulta y eleva los costos de la comercialización de productos agrícolas.

La Corporación Humanas, que está trabajando en un balance sobre la experiencia de las mujeres de San Miguel, Valle de Guamuez y Orito en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), reconoce que la historia de violencia del departamento, muy ligada al cultivo de coca, es la principal razón para que las mujeres le hayan apostado a la sustitución voluntaria de coca, a pesar de la rentabilidad que les brindaba.

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Pero ¿por qué la coca ha sido tan beneficiosa para ellas en lo económico? Luz Piedad Caicedo, subdirectora de la Corporación Humanas y doliente de este balance, explica que la economía cocalera les abrió una ventana de oportunidades a las mujeres inmersas en estructuras patriarcales, donde es el hombre el único proveedor y administrador de las cuentas del hogar.

“En el campo, la gran mayoría solo cumplían con las labores del hogar sin tener acceso a la producción de los cultivos. La economía cocalera les permitió entrar y tener sus propios recursos, incluso trabajando como cocineras, ya que en una finca cocalera les pagan mucho más alto que en los restaurantes de sus municipios”, dice.

La coca, añade, les daba ingresos entre cuatro o cinco veces al año, lo que les permitía comprar cosas tan básicas como sus toallas higiénicas, desodorante y ropa interior, porque ya no dependían de que sus maridos les dieran el dinero.

Usualmente, explica, las mujeres destinaban estos ingresos en los gastos familiares, como la educación y la ropa de sus hijos, mientras que los hombres usaban el dinero para pagar deudas, gastarlo en cantinas e incluso en la compra de sexo. Y es lo que sigue ocurriendo con los pagos bimensuales de $2 millones que recibe cada familia inscrita al PNIS al erradicar todos sus cultivos de coca.

Según Caicedo, el gobierno, a través del PNIS, debe entender estás dinámicas sociales del campo. Así podrían ofrecer proyectos productivos que les permitan a las familias sostenerse sin la coca y, en el caso de las mujeres, incentivar su autonomía financiera y productiva.

“En San Miguel, por ejemplo”, cuenta Caicedo, “las mujeres todavía tienen mucha expectativa en el PNIS, a pesar de que están retrasados los proyectos productivos. Entrar a este programa se convirtió en una oportunidad para ellas de estar en espacios de participación en los que antes no eran incluidas y de decidir cómo reconfigurar su economía familiar”.

Aun así, la responsabilidad del programa de garantizar el poder de decisión de las mujeres y convertirlas en titulares del programa no está. “El PNIS empezó a desentenderse y dejó que fueran las propias comunidades las que se organizaran, pero lo que ocurrió en la realidad es que se replicó la tradición de exclusión hacia las mujeres. Quienes manejan el programa han ignorado que tienen un papel de garantía de los derechos sociales y económicos de las mujeres”.

De las 20.331 personas que se inscribieron al PNIS en Putumayo, bajo la promesa de recibir incentivos para dejar el cultivo de coca, 8.095 son mujeres (el 40%).

Nancy Sánchez asegura que, si bien la garantía de participación no está en el programa de sustitución, las mujeres han tenido la iniciativa de organizarse en el territorio y conformar liderazgos.

“Usan los incentivos del Gobierno, pero también están buscando iniciativas agrícolas propias, como la crianza de gallinas, la agricultura orgánica, la piscicultura o los cultivos de café y cacao”, precisó.

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Por otro lado, lo que le comentaron las mujeres a Caicedo, es que los implementadores del proyecto están ofreciendo principalmente cacao y pimienta, sin entender las características ambientales y del suelo de Putumayo: “Por ejemplo, en esta región no hay una buena productividad del cacao por ser una zona muy húmeda y hay muchos riesgos de que las raíces de la planta se pudran”.

Sostiene que hay voluntad de las mujeres en mantenerse dentro del programa, a pesar de las fallas, pero bajo la exigencia de que sean consultadas sobre los proyectos que ellas, que conocen el territorio, quieren implementar.

Las críticas por los retrasos del PNIS viene de parte de todos los inscritos al programa. Les pagaron los $2 millones bimensuales y les dieron la huerta casera para seguridad alimentaria, pero los proyectos productivos a largo plazo, que a final de cuentas son los que tienen que reemplazar la coca, siguen sin llegar.

La frustración ya se está notando en el departamento. Desde comienzos de febrero, en el corredor Puerto Vega Teteyé, en el municipio de Puerto Asís, los campesinos y campesinas inscritas al programa están bloqueando la vía y se declararon en asamblea permanente para exigirle al gobierno el cumplimiento de la sustitución voluntaria.

Recién el 18 de febrero, el gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero, el alcalde de Puerto Asís, Fernando Castillo y varios diputados viajaron a Bogotá para reunirse con el gobierno y discutir esta situación. La respuesta es que los habitantes de Putumayo serán escuchados el 3 de marzo por una delegación del gobierno que viajará hasta allá.

Una de las principales quejas es que continúe la erradicación forzada por parte del Ejército, cuando el gobierno les prometió una asistencia productiva que no ha llegado. Ellos se comprometieron a la erradicación voluntaria a cambio de la sustitución por otros proyectos, promesa que sienten que el Gobierno les está incumpliendo.

En esas movilizaciones están incluidas las mujeres. Yuly Artunduaga, de la Coordinación de Mujeres Andinoamazónicas, asegura que uno de los grandes reclamos es que hay mujeres que se encuentran suspendidas del programa por distintas razones, como no estar sisbenizadas. O que también se enfrentan, al igual que los hombres, a las amenazas de grupos armados por impulsar la sustitución voluntaria de la coca.

“Una de las medidas que habíamos pedido al comienzo del PNIS es que nosotras fuéramos las titulares del programa, solo somos el 40%. También se debía definir un protocolo de intervención con enfoque de género, para atender precisamente las necesidades de las mujeres en este territorio. Pero hoy, después de dos años y medio de implementación, no hay nada. Los funcionarios no tienen lineamientos para aplicar el enfoque de género”, sostiene Artunduaga.

Otras de las exigencias para que las mujeres mantengan la autonomía financiera que a algunas les dio la coca es que sean dueñas de la tierra. Y que se contemplen las necesidades de las mujeres y comunidades indígenas, quienes reivindican en esta planta una tradición ancestral.

“Vi unas mujeres que tienen sus proyectos productivos y planes de vida porque vieron la posibilidad de asociarse. Tienen la expectativa de que pueden salir adelante ellas solas con su propia capacidad. A pesar de que haya una frustración por el PNIS, ya ocurrió una transformación muy importante en esas mujeres. Eso ya no se puede echar para atrás”, concluye Caicedo.

El documento final que contiene este balance, y que analiza también a Antioquia, Guaviare y Cauca, será publicado a finales de marzo.

Este debate se dará de manera pública con distintas mujeres de organizaciones sociales, autoridades locales y expertas en el tema el próximo 27 de febrero en Mocoa (Putumayo). El evento “Las mujeres de Putumayo transforman el territorio” será realizado por Colombia2020 de El Espectador, en asocio con la Unión Europea, y el apoyo del PNUD y ACNUR.

El evento se desarrollará en el Hotel Suma Wasi, desde las 8 :00 a.m. y tendrá transmisión en vivo por la página de El Espectador y nuestro canal de Youtube.

 

 

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