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Hacia las 3:00 a.m. del lunes 24 de mayo uniformados de la Policía Nacional, la Sijín y el Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (GOES) llegaron hasta la vivienda en Cali de Sandra Castro, periodista de la Red de Medios Alternativos y Populares del Suroccidente Colombiano, con una orden de allanamiento. “Entraron a mi apartamento, prácticamente tumbando la puerta, desbarataron la casa y se llevaron parte de mis equipos: el computador, el teléfono y unas memorias USB”, aseguró la comunicadora quien además pertenece a la Cooperativa Multiactiva Rescatando Ilusiones para la Paz (Coopripaz) y a la coordinación Wilson Saavedra, ambas integradas en su mayoría por excombatientes de la guerrilla de las Farc.
La operación fue uno de los nueve allanamientos que entre las 2:00 y las 4:00 de la madrugada de ese lunes llevaron a cabo las autoridades en Cali y Buenaventura. El operativo se ejecutó para hacer efectivas las órdenes de captura que un fiscal de Bogotá había solicitado a un juez de Vista Hermosa (Meta).
El resultado de los nueve allanamientos fueron siete personas capturadas, señaladas por la Fiscalía de pertenecer a la red urbana de la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia, y “serían los principales promotores de ataques al comercio, entidades bancarias y sedes gubernamentales; además de agresiones a la fuerza pública y obstrucción de vías en Cali y su área metropolitana” en el Paro Nacional, aseveró la Fiscalía.
Los capturados fueron David Alfonso Bernal, Yidwar Mondragón Paredes, Anyi Cecilia Vallejo Angulo, Niver Andrés Vallejo Angulo, Eduar Andrés Ramírez, José Jovanny Jojoa y Leonardo Díaz Escobar. En medio de esos procedimientos la Fiscalía reportó la incautación de tres armas de fuego, cartuchos calibre 9mm, una pistola traumática, mapas de Cali, explosivo tipo pentolita, 19 teléfonos celulares, seis computadores, discos de almacenamiento, panfletos alusivos a la Segunda Marquetalia y 19′.865.000 en efectivo.
La noticia sorprendió a varias entidades estatales, municipales y agencias de cooperación internacional porque tres de los capturados, al igual que Sandra, son integrantes y además dirigentes de la cooperativa Coopripaz de Cali, reconocida en la capital del Valle y en todo el suroccidente del país como un emprendimiento sólido para la reconciliación y los excombatientes. Sandra Castro, cuya vivienda fue allanada, no hace parte de los capturados ni la Fiscalía tiene un proceso en su contra.
Se trata del representante legal de la cooperativa y su líder más visible, Leonardo Díaz, y otros dos de sus dirigentes, Eduar Ramírez y José Jovanny Jojoa, quienes desde hace meses han venido trabajando con la cooperativa en los sectores populares de la comuna 18 y en Siloé, comuna 20, de Cali. Coopripaz es una asociación que agrupa a 20 personas entre exintegrantes de las Farc en proceso de reincorporación y miembros de la comunidad. Y hace parte de la coordinación Wilson Saavedra que recoge a todas las organizaciones de excombatientes en el suroccidente colombiano, entre Nariño, Valle y Cauca, bautizada así en honor al primer excomandante de las Farc asesinado tras la firma del Acuerdo de Paz.
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Apenas hace unas semanas, la cooperativa participaba de un proyecto al que aplicaron sobre agricultura urbana para ejecutar una huerta comunitaria en la zona de ladera de Siloé. Un proyecto financiado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que ejecutó Paso Colombia y tuvo el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU. Con esas agencias, siempre los enlaces de la cooperativa fueron Leonardo Díaz, José Jovanny Jojoa y Eduar Ramírez, hoy capturados por las autoridades.
Según la ARN, la cooperativa “a través de diferentes propuestas culturales, deportivas, productivas, sociales y comunitarias ha buscado aportar en la reconstrucción del tejido social, la recuperación de la memoria y el fortalecimiento de las propuestas generadas en el territorio”. Reconocieron como su representante legal a Leonardo Díaz. Además, según la agencia, para julio de 2021, se tiene proyectada junto con el SENA del Valle una formación en huertas urbanas y abonos orgánicos para potencializar la cooperativa y esos acercamientos los venían haciendo con José Jovanny Jojoa.
En este video publicado por la página de la cooperativa, el 5 de abril de este año, Eduar Ramírez y Leonardo Díaz explicaron el trabajo que ejecutan en el barrio Alto Nápoles, de la comuna 18. “La idea es cambiar el estigma sobre el territorio, sobre los muchachos que viven allí, que ellos puedan encontrar otras fuentes de ingreso y decirles que pueden tener unas oportunidades dentro del sistema que les pueda brindar si no la totalidad de su subsistencia, sí una ayuda para sus familias y para ellos mismos”, dijo Leonardo.
La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali también ha trabajado de la mano con la cooperativa Coopripaz desde 2018 y conoce a sus miembros. “Leonardo ha sido nuestro contacto, es el representante de la organización. Viene en su reincorporación como su apuesta personal, pero la pone también en función de lo comunitario, porque en Coopripaz son muy dados al trabajo con la comunidad en Siloé a través de las huertas y toda esa línea. De él puedo decir que es muy sensible a lo social y muy firme con los compromisos que asume. Con lo que se compromete, lo cumple”, contestó sorprendido Rafael Aguado, trabajador social de la pastoral, quien también referencia de la misma forma a Jovanny.
Lo mismo dice de Eduar, otro de los integrantes de la cooperativa capturados, que no proviene de las Farc y a quien conocen en la Arquidiócesis desde 2017, como un líder de la comuna 18, con un trabajo importante con jóvenes del sector, alrededor del deporte y una cancha de fútbol. De hecho, Eduar venía trabajando con Pastoral Social para levantar un comedor comunitario para esos jóvenes, un proyecto que, según dicen, “venían acelerando durante estos días de protestas por el Paro Nacional para atender a muchos de los que salen a manifestarse pacíficamente”.
Quince días antes de ser capturado, el 14 de mayo, la cooperativa Coopripaz ya había denunciado públicamente que Eduar Ramírez había sido hostigado por miembros de la Policía y civiles que intentaron ingresar a su vivienda, sin orden de allanamiento. En esa ocasión, los uniformados argumentaron tener conocimiento de la denuncia de un vecino en su contra, pero no le dieron más explicaciones.
Los señalamientos de la Fiscalía
“Golpe a la red urbana de la Segunda Marquetalia”, anunció la Fiscalía General de la Nación. Según el ente acusador, por instrucción directa de Iván Márquez y Óscar Montero, conocido en el conflicto armado como El Paisa¸ se habría conformado una red urbana en Cali que estaría a cargo de un hombre conocido como “Richard”, exintegrante de la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc, y cuyo nombre de pila es Leonardo Díaz Escobar, el representante de la cooperativa Coopripaz. A él lo acusan de, además de ser el “cabecilla”, coordinar la supuesta entrega de dinero, explosivos, armas y material logístico para obstruir vías y atacar a la Fuerza Pública. Dice la Fiscalía que en mapas de Cali había marcado 13 puntos de bloqueo en la ciudad y que a través de radios de comunicaciones impartía instrucciones a sus enlaces en las calles.
Incluso, según información de la Fiscalía suministrada a este periódico Leonardo Díaz, antes de las jornadas de protesta que iniciaron el 28 de abril, habría viajado a Venezuela para recibir orientaciones directamente de los cabecillas de la Segunda Marquetalia que están en el país vecino. Además, que habría orientado el traslado a Cali de personas residentes en municipios de Cauca y en Buenaventura con ese propósito. Sobre Eduar Ramírez, la Fiscalía no entregó mayores detalles además de decir que se le conoce como ‘Eduardo’, y a José Jovanny Jojoa como ‘Chepe’.
A los capturados, la Fiscalía les imputará en las próximas horas los delitos de concierto para delinquir; terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
La defensa de los señalados la asumió el abogado Gustavo Gallardo, de la Fundación Lazos de Dignidad y quien ha asesorado a diferentes excombatientes de Farc ante la justicia ordinaria y transicional. En medio del proceso, varias organizaciones han enviado misivas en las que respaldan el trabajo de los tres líderes de la cooperativa, como es el caso de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali.
Tanto Rafael Aguado, de Pastoral Social, como Sandra Castro, de Remap, no niegan que los capturados han participado en las movilizaciones del último mes en el Paro Nacional, pero que lo han hecho como protestantes no “vándalos”. De hecho, Castro ha estado cubriendo las manifestaciones en varios puntos del norte de Cali y en particular en el de La Luna, como comunicadora. Aguado, aseguró además, que Eduar Ramírez tiene conocimientos de enfermero y que ha ayudado a manifestantes heridos con la Fuerza Pública. Por lo pronto, la justicia será la encargada de esclarecer la responsabilidad de estas personas capturadas y la solidez de las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra.
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