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Pueblo negro de Barú busca titulación de un territorio que reclaman ancestral

Por orden del Tribunal Superior de Bogotá, la Agencia Nacional de Tierras deberá resolver la apelación que el Consejo Comunitario de Barú había presentado contra la decisión de no iniciar un proceso de titulación colectiva a su favor. Se trata de 2.476 hectáreas al sur de la isla que la comunidad afro asegura habitar hace 300 años.

Sebastián Forero Rueda / @SebastianForerr
12 de febrero de 2020 - 07:14 p. m.
“La relación nuestra con el territorio ha sido de sangre. El territorio para nosotros es la vida”, dice Leonard Vallecillas, representante del Consejo Comunitario de Barú, que hoy reclama la titulación colectiva de 2.476 hectáreas. / Cortesía María José Arrieta
“La relación nuestra con el territorio ha sido de sangre. El territorio para nosotros es la vida”, dice Leonard Vallecillas, representante del Consejo Comunitario de Barú, que hoy reclama la titulación colectiva de 2.476 hectáreas. / Cortesía María José Arrieta

Antes de que finalice febrero, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) deberá resolver la apelación del Consejo Comunitario de Barú a la decisión de no iniciar un proceso de titulación colectiva a su favor. Se trata de 2.476 hectáreas en el sur de la isla ubicada en jurisdicción de Cartagena. Así lo acaba de ordenar el Tribunal Superior de Bogotá, al decidir sobre una tutela presentada a finales de enero por dicho consejo comunitario contra la ANT, que buscaba reversar la decisión que esa entidad tomó en abril de 2019 de no iniciar el proceso de titulación colectiva a favor del pueblo negro de Barú.

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El Tribunal resolvió “ordenarle a la directora de Asuntos Étnicos de la ANT que, en el término máximo de 10 días, dé por terminado el periodo probatorio, si no hubiera finalizado, y resuelva de fondo el recurso de apelación interpuesto por el actor”. La apelación que ordena resolver el juez fue presentada por el consejo comunitario ante la ANT en abril de 2019, tan pronto conocieron la decisión por parte de esta de no iniciar la titulación colectiva. En agosto de 2019, la ANT había admitido la apelación, pero hasta hoy no ha sido resulta.

El litigio sobre el cual se pronunció el Tribunal puede rastrearse a partir de junio de 2017. El Consejo Comunitario de Barú presentó ante la ANT la solicitud para la titulación colectiva de este territorio, argumentando la titularidad de una escritura pública de Cartagena, de 1851, que da cuenta de la compra de ese territorio por parte de cinco antiguos esclavos al patrón Manuel González Brieva. De esos pobladores iniciales se desprendieron las familias Gómez, Barrios y Medrano que siguen habitando este territorio hasta hoy.

La respuesta de la ANT llegó un año y medio después, pese a que por ley esa decisión debe emitirse dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud. Si bien el 13 de diciembre de 2018, la entidad emitió el auto de aceptación de la solicitud que dio inicio al proceso de titulación colectiva al consejo comunitario,  menos de cuatro meses después  la ANT reversó esa decisión y declaró la petición improcedente. Según los argumentos de la subdirección de Asuntos Étnicos, la solicitud fallaba en que no reclamaba la titulación sobre predios baldíos de la Nación, que son aquellos susceptibles de titularse a comunidades negras, sino sobre predios de propiedad privada, refiriéndose al título de 1851. En ese sentido, decidió no iniciar el trámite para la titulación colectiva en abril de 2019.

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Óscar Chávez, abogado que acompaña el proceso del consejo comunitario, señala que “la comunidad fue clara en tanto dijo que lo que se buscaba reivindicar era el título de 1851 y que la ley 70 de 1993 establece que los predios titulados anteriormente a miembros de la comunidad pueden ser transferidos a título colectivo”. Por esa razón, el consejo comunitario apeló la decisión de la ANT de no iniciar el proceso de titulación, recurso que deberá resolverse en los próximos 10 días de acuerdo con la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Consultada por Colombia2020,  la ANT aseguró que la apelación no había sido resuelta porque no se había dado por terminada la práctica de pruebas , que incluía pedirle al representante legal del consejo la documentación que acreditara el registro de la escritura de 1851, así como solicitarles a la oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, la Notaría Segunda de Cartagena y la Notaría Cuarta de Bogotá, la información correspondiente para poder resolver ese proceso. Entre ella, copia de las escrituras públicas que pudieran tener alguna relación con dicho proceso de titulación colectiva. Ahora, ese proceso deberán concluirlo  en 10 días hábiles, de acuerdo con el fallo del Tribunal.

“La relación nuestra con el territorio ha sido de sangre. El territorio para nosotros es la vida”, dice Leonard Vallecillas, representante del Consejo Comunitario de Barú, quien detalla la historia de su comunidad desde que empezaron a habitar la isla, según él, “hace 300 años”. Por décadas vivieron del coco, luego de la agricultura y luego se lanzaron al mar a actividades de pesca. “Hoy hemos salido a reclamar nuestros derechos como consejos comunitarios, a raíz de cómo a las comunidades no se nos tiene en cuenta para las iniciativas. Por ejemplo, por lo general nos toca entutelar los proyectos turisticos para que se nos haga consulta previa”, afirma Vallecillas.

La solicitud de titulación colectiva

 

Cuando en un primer momento, en diciembre de 2018,  la ANT admitió el proceso de titulación colectiva, recibió al menos cinco derechos de petición de información detallada sobre la solicitud del consejo y tres oposiciones a este proceso de titulación. Los recursos fueron enviados por representantes de propietarios de predios aledaños al territorio solicitado e incluso algunos que sostenían que sus propiedades estaban dentro de esa solicitud.

Entre quienes presentaron derechos de petición está una inmobiliaria de Barú, dueños de casas de descanso ubicadas en el corregimiento Barú y representantes del Club Náutico Punta Iguana. En esos derechos de petición, algunos solicitaron copia de la solicitud que presentó el consejo comunitario y otros pidieron a la ANT aclarar si sus predios estaban dentro de las pretensiones del consejo.

Otros sí presentaron oposiciones como tal. Entre ellos, el representante legal de la agencia de turismo Pronaltur, quien asegura que buena parte de los predios reclamados por el consejo comunitario pertenecen a lo que antiguamente fue la hacienda Nuestra Señora de la Concepción El Pozo de Quintana y Estancia Vieja. Esos predios fueron adquiridos por Pronaltur en 1995 y 1996 y, para probarlo, presentó un estudio de tradición de los predios que rastrea su origen desde 1820 y los títulos de propiedad respectivos.

 Según Chávez, el abogado del consejo comunitario, los terrenos mencionados por Pronaltur no están dentro de sus pretensiones de titulación y, en cambio, hacen parte de lo que hoy es el corregimiento Santana. La claridad de la propiedad tendría que resolverla  la ANT en la eventualidad de que volviera a iniciar  el  proceso de titulación colectiva que en su momento decidió que no era procedente.

Los representantes del  consejo comunitario  son conscientes hoy de que, incluso si se surte el proceso, no se les podría titular la totalidad de las hectáreas que reclaman. Ello porque durante las últimas décadas del siglo pasado, buena parte de los nativos vendieron sus porciones de tierra a particulares, ventas que quedaron legalizadas, aunque en algunos casos argumentan que se hicieron aprovechando la poca regulación que había. “Mucha gente se apropió de tierras de baruleros utilizando la estrategia de que, si compro 10 hectáreas, encierro 20, porque nosotros no teníamos esos límites definidos”,  sostiene Vallecillas. Por eso aspiran a que se reviva el proceso y, al menos, puedan lograr la titulación sobre unas 800 hectáreas, donde actualmente viven los miembros de la comunidad. 

Para el consejo comunitario de Barú  la titulación colectiva de ese territorio les aseguraría la existencia de su pueblo y de sus prácticas y mejorar las condiciones que tiene su corregimiento. Hoy no tienen acueducto, el único puesto de salud que había fue derrumbado para construir uno nuevo que nunca llegó, hay una sola escuela que tiene hacinamiento de estudiantes y tienen bloqueados algunos accesos al manglar, al bosque seco y a zonas de pesca que utilizaban sus abuelos.

Por eso a quienes se han opuesto o se sienten amenazados por su solicitud, les envían un mensaje: “Nuestro interés no es entrar a disputar ni a quitarle tierras nadie. A nosotros nos interesa proteger lo que hoy tenemos como comunidad, pensando en desarrollar nuestro plan de vida como pueblo negro.  En ese sentido queremos darle tranquilidad a esos propietarios y que por el contrario nos ayuden a que esto salga adelante”, puntualiza el representante legal del consejo.

Por Sebastián Forero Rueda / @SebastianForerr

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