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“El llamado es a que se respete el Derecho Internacional Humanitario, la vida, la integridad de las personas que vivimos aquí y en especial la de los niños, que deben tener una especial protección. Por Dios, se trata de un niño de cinco años, cuya única preocupación debe ser jugar. Está empezando a vivir. No debemos involucrarlos en este conflicto absurdo”. La voz es de Inés Rosalía Bustos Agudelo, la personera hace dos periodos del municipio de El Carmen, en el norte de la subregión de Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.
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Se escucha preocupada. Tres horas después su voz es de ansiedad y expectativa. “Lo liberaron, parece que lo liberaron”, dice. Habla del hijo del alcalde municipal Edwin Contreras. Este miércoles, a las 7:00 a.m., fue secuestrado por dos hombres armados, que lo interceptaron en moto. En ese momento el pequeño iba caminando, acompañado por una mujer que no era su madre, rumbo al jardín que queda a pocas cuadras de su casa, en el corregimiento de Guamalito, que hace parte de ese municipio.
La primera información indicaba que había sido liberado en un paraje de la vereda El Sordo, en el corregimiento de Cartagenita, municipio de Convención, a dos horas en moto de donde lo secuestraron. Sin embargo, las autoridades y la Fuerza Pública no pudieron dar con su paradero ni saben a quién se le puede atribuir el crimen.
“Le pedimos ayuda al Gobierno Nacional, que no nos abandonen y que estos captores respeten su vida”, dijo su padre, el alcalde Edwin Contreras. Él hace parte de una familia que desde hace 12 años está en el poder político de este municipio. Su tío fue el anterior alcalde de El Carmen. Pero desde que es mandatorio local ha recibido fuertes intimidaciones.
En el 2016, tres meses después de posesionarse, Contreras se salvó de morir abaleado. Ese día iba en su camioneta cuando hombres de la guerrilla del Eln le pidieron que se detuviera. Al ver que no obedeció le dispararon. Luego, hace un año, su padre fue secuestrado y liberado posteriormente. “En esta región los alcaldes y autoridades son extorsionados, amenazados, de un lado y del otro, están muy expuestos a que estas situaciones ocurran”, explica una persona de la región que por seguridad no reveló su identidad.
La situación de violencia que vive el alcalde de El Carmen es similar a la que padecen los habitantes de otros cinco municipios de El Catatumbo. Una subregión que, aunque ha sufrido el conflicto armado por décadas, está viviendo una especial crisis por cuenta del enfrentamiento que sostienen las dos guerrillas que han tenido presencia y control de muchos de estos territorios. En enero de este año corrieron los rumores de los desencuentros entre el Eln y el Epl, grupos armados que habían sido aliados en el pasado.
Según las entrevistas con gente que conoce la región, se afirmó que los problemas empezaron porque el Eln sintió que el Epl estaba creciendo de una manera descontrolada y empezaron a disputarse zonas de frontera, históricamente controladas por los elenos. Las agresiones mutuas dieron paso a la guerra que libran desde el 14 de marzo y que ha dejado cientos de desplazamientos forzados de civiles, en especial de San Calixto, Hacarí y Teorama.
En El Carmen, un municipio de presencia histórica del Eln, se ha vivido desde esa fecha enfrentamientos entre estos actores, así como confinamiento, asesinatos selectivos, bloqueo de servicios y presencia de minas antipersonal. En abril y mayo, por ejemplo, dos hombres fueron asesinados por personas que aseguraron ser de la estructura del Eln.
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“En este municipio no se mueve una aguja sin que el Eln lo sepa”, dicen los pobladores que piden, por temor, no revelar su identidad. Su ubicación es clave, porque está a 20 kilómetros de la Ruta del Sol, la troncal que comunica con el sur de Bolívar y con el sur del Cesar, allí donde desemboca el oleoducto Caño Limón Coveñas. También ha sido un corredor estratégico de sustancias y cultivos de uso ilícito.
“Estamos tan expuestos que un día cualquiera secuestran al hijo del alcalde. Aquí no hay ni Ejército. Hay presencia de Policía, pero ellos no pueden hacer su trabajo. No pueden salir. Hemos reiterado este tema en todos los consejos de seguridad. Estamos abandonados a nuestra suerte”, reconoció la personera Inés, aunque sostiene, convencida, que la salida a la crisis no solo está en traer pie de fuerza militar, está en que, de una buena vez, las instituciones del Estado lleguen a esta subregión olvidada.