Temor e incertidumbre por salida de los excombatientes de Charras

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Aunque el traslado del espacio de reincorporación no se dará pronto, el anuncio causó preocupación a las comunidades de este corregimiento en Guaviare, a las que no se les han cumplido las promesas del Acuerdo de Paz.

El nuevo año para los habitantes del corregimiento de Charras, en San José del Guaviare, llegó con la noticia de que el espacio territorial de las Farc que queda a 10 minutos a pie del caserío, donde los excombatientes han hecho su proceso de reincorporación desde noviembre de 2016, será trasladado a otro lugar por arreglo entre el Gobierno y la exguerrilla.

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El anuncio lo hizo Andrés Stapper, director de la Agencia de Normalización y Reincorporación (ARN). Serán cinco los espacios de reincorporación que se van a trasladar: Tumaco (Nariño), Pradera (Putumayo), Yarí (Meta), Ituango (Antioquia) y Charras (Guaviare). Colombia 2020 estuvo en esta última zona a comienzos de este año y notó la preocupación que causó este anuncio a la comunidad. “Esta zona volverá a quedar muerta otra vez”, señaló Alberto Cifuentes, uno de los pocos habitantes que regresaron a Charras después del desplazamiento masivo de 2002.

Para la comunidad, la firma del Acuerdo de Paz fue la ilusión de una vida tranquila y digna. Con el espacio de reincorporación llegaron las promesas del Estado de comercialización de cultivos, vías, electricidad y agua potable. Mejor dicho, era la ilusión de que el abandono estatal histórico, al igual que la guerra, llegarían a su fin.

“El Estado nos volteó a mirar”

Charras es un caserío que tiene alrededor de 40 casas de madera, varias de ellas abandonadas, y cerca de 200 habitantes. Está a tres horas de San José de Guaviare por vía destapada. El agua no es potable. La recogen de la lluvia en tanques o con motobombas. La energía solo funciona hasta las 8 p.m., para que rinda el ACPM de la planta eléctrica que ellos mismos mantienen. Cada familia paga $50.000 al mes por unas horas de energía al día.

Apenas en 2013 ese caserío volvió a levantarse de nuevo, pero no es ni la sombra de lo que fue a comienzos de los años 2000: un pueblo boyante por la bonanza cocalera, con redes eléctricas, repleto de comercios y de gente que usaba relojes y collares de oro. Pero entonces vivía bajo el dominio de grupos paramilitares como el bloque Centauros y los frentes 1, 7 y 44 de las Farc.

La vía que comunica a Charras con San José, mejor conocida como la Trocha Ganadera, fue por donde pasaron los paramilitares enviados por Carlos Castaño hacia Mapiripán (Meta) para cometer la masacre ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Cinco años después, la intensificación de los enfrentamientos entre paramilitares, guerrilla y Ejército provocó el desplazamiento masivo de las familias de Charras. Era un pueblo fantasma.

“Con la dejación de las armas de las Farc y su llegada acá, a Charras, hubo más tranquilidad en el territorio. Se mejoró el trazado de la vía que nos comunica con San José, aunque la promesa era pavimentarla, y eso no ha ocurrido”, dijo Jorge Caballero, antiguo presidente de la Junta de Acción Comunal de Charras.

Contó también que el espacio de reincorporación puso de nuevo a Charras en el panorama nacional, y recordó la visita del expresidente Juan Manuel Santos, en mayo de 2017, cuando lideró la firma de los convenios de sustitución voluntaria de los cultivos de coca con 500 familias. “Ese programa ha fracasado”, agregó. “Nosotros erradicamos, pero no han llegado los proyectos productivos ni tenemos las vías para sacar el plátano o la yuca. Muchos volvieron a resembrar coca”.

Caballero explicó que Charras y las veredas de los alrededores aceptaron erradicar sus cultivos de coca y lo hicieron. No quedó mata alguna, según él. Sin embargo, solo recibieron los pagos de $1’800.000 del primer año para seguridad alimentaria. No saben qué pasó con los cultivos y la asistencia técnica que promete el programa.

Aun así, cree con que la salida de los excombatientes se alejará mucho más la poca atención del Estado que les llegó.

Pero hay una preocupación mucho más grande entre ellos: su seguridad. Así lo expresó Eugenio Tapiero, campesino del caserío: “La Policía y Ejército que cuidan el espacio de reincorporación se irán, lo mismo que la ONU. Después de que ellos se vayan volverán otra vez los grupos armados a tomarse esta región”.

Temen que, como en el pasado, los actores armados presentes en el Guaviare tomen represalias con ellos por su cercanía con el espacio de reincorporación y los excombatientes. Según la Defensoría del Pueblo, por el río Inírida y la región del Guayabero están las disidencias de los frentes 1 y 7 de las Farc. También están presentes las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Las razones de los habitantes de Charras justifican su preocupación. El aviso del Gobierno los puso en alerta, pero ante una decisión que ya no puede echarse para atrás piden que les cumplan con las promesas del Acuerdo de Paz y que se den las garantías para que no se repita la historia de violencia que vivieron años atrás.

¿Por qué se van los excombatientes?

Este espacio de reincorporación no solo beneficia a Charras, sino también a las comunidades de Caño Danta, Caño Rojo, Charrasqueras y Caño Negro. De acuerdo con el coordinador de este espacio, Francisco Gamboa, más conocido como Ricardo Semillas por sus compañeros, decidieron instalarse cerca a Charras justamente porque fue el epicentro de la confrontación armada y porque consideraron que con la implementación del Acuerdo de Paz podrían resarcir el daño causado a estas comunidades.

Sin embargo, la decisión de irse fue estudiada y consensuada con el Gobierno. Se tomó porque ese terreno está dentro de una zona de reserva forestal, es decir, en un área protegida por el Estado donde no se puede cultivar ni titular tierras. “Era inviable adelantar allí proyectos productivos para los excombatientes. Por eso les propusimos que ubicaran un predio más cercano a polos de desarrollo, que tuviera oportunidad de titularidad y vocación productiva del suelo”, explicó Andrés Stapper, director de la ARN.

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“Desde el comienzo tuvimos todos los obstáculos: esto era un desierto, no podíamos construir casas más dignas y duraderas, ni tener títulos de tierras o desarrollar nuestros proyectos. Nos preguntamos si esa Ley de Reserva Forestal solo aplica para nosotros y los campesinos, porque si usted va a mirar acá hay terratenientes sembrando palma y con ganado en grandes extensiones de tierra”, añadió Gamboa.

El predio elegido por los exguerrilleros queda en la vereda Las Lomas, en el corregimiento de Boquerón, ubicado entre Charras y San José del Guaviare, a una hora y media de distancia entre cada uno. Está en zona de reserva campesina y cuenta con mejores suelos para cultivar. Se espera que allá vivan próximamente las 146 personas que habitan el lote en Charras, entre exguerrilleros y sus familias.

Aceptaron el traslado con algunas condiciones, afirmó Gamboa. “La primera: nos vamos hasta que las viviendas y servicios públicos estén listos. Segundo, que haya inversión social en Charras y veredas cercanas. Tercero, que el proyecto de ecoturismo Manatú (el único que han podido desarrollar en ese territorio) se implemente con la gente de Charras como una manera de garantizar nuestro compromiso con ellos. Cuarto, que podamos participar en el diseño del pueblo y las viviendas. Y quinto, que también haya inversión en el Boquerón, la comunidad que nos va a recibir”.

De acuerdo con Stapper, si bien no hay certeza del tiempo exacto que tomará hacer el traslado, sí esperan que no tome más de dos años culminar todo el proyecto: viviendas, servicios públicos, puestos de salud, vías, entre otras.

“Ya activamos la ruta de compra de esta tierra en Boquerón con la Agencia Nacional de Tierras. Eso puede durar aproximadamente entre tres a siete meses”, señaló, y agregó que están trabajando en paralelo con otras entidades, como el Ministerio de Minas y el de Vivienda, para definir las rutas de conectividad, los recursos para las viviendas y la definición de los lotes para los excombatientes. También están coordinando con la Alcaldía y la Gobernación para modificar los planes de ordenamiento territorial y hacer inversión pública.

Resaltó que durante este proceso de transición, el Gobierno seguirá haciéndose cargo de los arriendos, la manutención y los arreglos locales que necesiten los excombatientes que viven en Charras. Y apenas se logre comprar el terreno, se irán adelantando los proyectos productivos.

Respecto a las preocupaciones de los habitantes de Charras, Stapper afirmó que la inversión estatal sobre esta comunidad no se irá, ya que es uno de los 170 municipios priorizados en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Según información del Gobierno, hay seis obras proyectadas en la vereda de Charras, entre ellas el mejoramiento de la escuela y la construcción de un sistema séptico, que significan una inversión de más de $450 millones.

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En cuanto a su seguridad, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU le aseguraron a este medio que seguirán las alertas que puedan presentarse en esta población tras la salida de los excombatientes.

Así los excombatientes se vayan, el Gobierno está en la obligación de cumplirles también a las comunidades con inversión social.

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