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Los dos líderes indígenas, padre e hijo, fueron ajusticiados en un lugar diferente, pero el mismo día. Héctor Ramiro García, líder y fundador de la organización Camawari, fue asesinado en una casa de la guardia indígena, en la vereda Palmar, a unos 300 metros de donde otro hombre le disparó a su hijo de 28 años, Braulio Arturo García Guanga, el recién elegido gobernador indígena. Los hechos ocurrieron el pasado 1° de diciembre, pero la historia completa de este episodio de violencia tiene unos antecedentes relacionados con el control territorial que ejercen los líderes ancestrales. A la fecha, en lo que va corrido de 2018, en el sur de Nariño han sido asesinados 34 comuneros awá, entre niños, mujeres y autoridades tradicionales. Así lo relataron algunos voceros indígenas de la zona, a quienes les reservamos sus nombres porque las amenazas no cesan.
Este martes, luego de que los cuerpos de los líderes arribaran a la cabecera municipal de Ricaurte (Nariño) y fueran instalados sobre la carretera entre Pasto y Tumaco para su velación, una llamada intimidante de desconocidos alertó a los representantes del Cabildo Mayor Awa de Ricaurte (Camawari), quienes inmediatamente denunciaron los hechos.
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La tragedia no es menor, pues “en un país democrático este es un atentado contra el gobierno propio de los pueblos indígenas”, dijo Rider Pai Nastacuas, consejero mayor de la Unidad Indígena Del Pueblo Awá (Unipa), quien llegó a la zona con una comisión para insistir en que el gobierno de Iván Duque los escuche. Braulio Arturo García, el electo gobernador de ese resguardo para el periodo 2019, murió en la sala de reuniones, de juntas, donde los awá discuten y toman las decisiones para el conjunto de la comunidad. En ese mismo episodio resultaron heridos tres guardias indígenas, quienes intentaron reaccionar con sus bastones de mando ese 1° de diciembre a las 12:30 a.m. cuando estaban en el festejo de la asamblea.
“Nos genera rabia que los cuerpos de nuestros compañeros asesinados estuvieran por más de 14 horas en el sitio de los hechos, sin que los organismos competentes realizaran el levantamiento”, dijeron los otros voceros de Camawari, en medio del velorio a campo abierto, en el que les rindieron homenaje a las dos autoridades tradicionales.
Frente a los hechos, el cabildo mayor Camawari denunció la información errónea que difundió el Ejército Nacional en la zona, en cabeza del teniente coronel Óscar Salas, quien dijo que los hechos ocurrieron a raíz de una riña entre familias. Ante esta versión, Colombia2020 consultó al coronel Salas, quien negó que él haya asegurado eso y que quien lo dijo se equivocó. “De lo que me estás hablando es de una versión que surgió de manera espontánea en el lugar de los hechos, pero no es nada confirmado, pero yo no fui el que aseguró eso”, puntualizó.
La versión de los awá es que siguen siendo blanco de los armados que controlan el territorio, sin que el Estado dé una respuesta efectiva. Según el relato de un líder awá, el 14 de octubre de este año hubo un operátivo de control territorial, en el que luego de prestarle primeros auxilios a una comunera herida, en el mismo lugar la guardia indígena encontró un arma, la decomisó y la entregó a la Policía de Ricaurte. “El rumor de los armados era que la guardia se había quedado con el arma”, relató el líder desde el anonimato.
Según el secretario de Gobierno de Nariño, Edgar Insandará, en la zona hay presencia de la guerrilla del ELN; del Frente Oliver Sinisterra, de las disidencias de las Farc al mando de Walter Arisala, conocido como Guacho; de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; de las Guerrillas Unidas del Pacífico, al mando de otro disidente conocido como "David"; y "mucho Ejército". "Aumentó mucho el pie de fuerza en las últimas semanas”, dice una periodista que registra los hechos en Ricaurte.
El reclamo más grande del pueblo awá es por la falta de cumplimiento por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dijo el Secretario de Gobierno. Hace una semana, contó, estuvo en Bogotá junto a los alcaldes de Buenaventura, Medellín; a los gobernadores de Norte de Santander y Nariño; junto a distintos líderes amenazados, reunidos con magistrados de la Corte Constitucional, para hacerle seguimiento a la problemática del Pacífico, pero donde también expresaron su preocupación por la poca efectividad de esta entidad estatal.
“La responsabilidad más grande es de la UNP. Se tiene que descentralizar, porque si no pasa, esa unidad no sirve para nada. Eso no funciona porque las solicitudes que le llegan a la Unidad son 120 mil cada mes, y para que una persona analice y conozca todo el contexto del país, es muy complejo”, complementó Insandará.
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Entre tanto, los indígenas awá le exigieron al gobierno nacional y regional convocar un espacio de alto nivel para que atienda la crisis humanitaria y la falta de cumplimiento a los autos que protegen al pueblo Awá y que han sido emitidos por la Corte Constitucional. De hecho, a través del auto 012 de 2018, el alto tribunal dijo que los avances han sido muy bajos, en la búsqueda del Estado por salvaguardar, al menos, la vida de esta etnia.
“Aquí hay un abandono y esas necesidades se han convertido en un problema serio. ¿Quién maneja el territorio donde el gobierno no llega?, pues los actores armados. Y al hacer la resistencia y la defensa territorial y cultural, entonces somos amenazados y nos están matando”, concluyó el líder Pai Nastacuas, aún con el dolor de haber perdido a dos compañeros entrañables.