Es el municipio más grande de Cundinamarca

Yacopí, el pueblo que convive con los vestigios del conflicto

Este municipio soportó los enfrentamientos entre el frente 22 de las Farc y los paramilitares. La sociedad civil quedó en el medio. Hoy, sus pobladores exigen una reparación colectiva.

Tras una historia marcada por la violencia, los pobladores de Yacopí esperan la atención del Estado. / Otoniel Umaña

El 2 de diciembre de 1952 el municipio fue bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea y quedó arrasado. El hecho se produjo porque el gobierno de la época lo consideraba un pueblo íntimamente liberal, según versiones de algunos adultos mayores. Nadie confirma de manera oficial esta versión.

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El visitante puede solicitar que lo lleven a las ruinas del antiguo caserío, ubicadas a cinco minutos, y ahí están, entre la maleza, algunos escalones de lo que fueron varias construcciones antiguas.

Llegar al municipio es atravesar la provincia de Rionegro, en el noroccidente de Cundinamarca, dejando atrás a Pacho y La Palma, por una vía que, debido a la topografía y la geología, está en pésimo estado. No obstante, vale la pena el viaje de cuatro horas y media.

Son 120.000 hectáreas, que convierten a Yacopí en el municipio más grande de Cundinamarca, con los últimos bosques de niebla del departamento y poseedor de una riqueza hídrica que aporta a las cuentas de los ríos Magdalena y Minero. Sus 20.000 habitantes se dedican a cultivar la tierra en medio de todas las dificultades que esto representa.

Yacopí ha crecido en medio de conflictos armados durante toda su historia. John Jaime Sánchez, exalcalde, recuerda que Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila, fue un reconocido jefe paramilitar, nacido en el municipio, que impulsó este grupo ilegal a comienzos de la década de los 90. Ese hecho fue suficiente para que el municipio quedara estigmatizado.

Muchos de los habitantes se desplazaron para no volver y otros, como José Fernando Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Alto de Cañas, decidió regresar. Su primer desplazamiento fue en 1975, cuando guerrilleros lo obligaron a dejar todo tirado y salir con su familia. Con su machete amarrado a la cintura y su sombrero de ala ancha, sentado al lado del humilde cementerio improvisado por ellos mismos en una finca vecina, observa las cruces caídas donde están escritos, incluso con errores de ortografía, los nombres de muchos de sus amigos. “Los que no se fueron, a la mayoría los mataron”.

El corregimiento Alto de Cañas lo habitan 350 personas y está ubicado a cuarenta minutos del casco urbano por una vía que hoy está en muy mal estado. Algunos conductores que la transitan con regularidad, como Jorge Lugo, afirman que antes era un enterradero: “Por acá uno se encontraba en la carretera con guerrilla o paramilitares y le preguntaban si pertenecía a unos o a otros, e incluso lo obligaban a transportarlos”.

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Los secretos de Altos de Cañas

Es la parte más alta del municipio, prácticamente un mirador entre las montañas. Según el personero Jairo Giovanny Beltrán, Alto de Cañas fue el epicentro del conflicto armado porque es el punto que conecta el municipio de La Palma, donde se ubicó el frente 22 de las Farc, y Caparrapí donde se asentaron los paramilitares.

El 18 de julio de 1998, a las cuatro de la tarde, llegaron cien hombres al mando de alias Hugo, del frente 22 de las Farc, con metralletas, bazucas y bombazos. Sometieron a los policías, atracaron los bancos Agrario y Cafetero del casco urbano; en el corregimiento seleccionaron a sus muertos. Berenice Ostos vio morir a muchos amigos y vecinos de toda la vida. Juan León, fue uno de ellos. Era el carnicero, que con su negocio evitaba que tuvieran que caminar dos horas hasta el pueblo: “Lo amarraron boca abajo en este lugar y le dispararon”.

Según Esdrax Silva, quien trabaja en la Alcaldía, cuenta que en esa época de terror los jóvenes se graduaban del bachillerato para irse a raspar coca o dejarse tentar por la oferta económica de un grupo al margen de la ley; en el caso de Yacopí, por los paramilitares. “Nos presentamos con mi hermano al Batallón de Infantería en Honda porque no teníamos otra opción. El capitán que nos entrevistó nos preguntó que de dónde veníamos. Al manifestarle que de Yacopí nos respondió que allá no recibían ni a paracos ni a guerrilleros”.

José Harvey Melo, representante de las víctimas, afirma que la gente está cultivando cacao, pero hacen falta recursos por parte del Estado para impulsar más proyectos productivos porque son pocos los que han sido beneficiados, entre ellos él. Eunice Olaya, quien lo acompaña en el Comité de Víctimas del corregimiento, asegura que en Alto de Cañas hay cuarenta hectáreas sembradas de cacao. El ingeniero agrónomo de la federación, Johan Rojas, manifiesta que se trata de un producto fino en sabor y aroma, convertido en todo un potencial para los cultivadores, pero que no tienen por dónde sacarlo. Cree que cuando los grandes empresarios volteen a mirar a Yacopí encontrarán dos bondades en esas tierras: es buena y barata.

Lo que reclaman las víctimas

El conflicto armado, entre 1985 y 2014, dejó 1.047 afectados en el municipio y las peticiones de ellos son varias. Se fomentó el regreso al municipio y las veredas, pero la mayoría quedaron abandonados. Yeri Escárraga, quien maneja la Oficina de Enlace con las Víctimas, asegura que muchos reclaman subsidios para vivienda, pero debido a los pocos recursos que recibe el municipio por parte del Estado es muy difícil que puedan acceder a ellos.

Los cacaoteros reclaman una procesadora para industrializar el producto. Quienes han padecido por problemas de salud solicitan que les mejoren la vía, porque cuando se enferma una persona deben sacarla cargada y caminar más de dos horas hasta el sitio llamado “La Y” para tomar un transporte hasta el casco urbano. Hay veredas que cuentan con incipientes acueductos, pero les falta energía eléctrica. El más pesimista es Fernando Lozano, rector del colegio, quien asegura que no cuenta con una buena infraestructura y reitera que las posibilidades de los jóvenes, apenas se gradúan, son nulas y quedan expuestos a la delincuencia.

La fe de los pobladores, para su completa reparación colectiva, está puesta en la Ley de Víctimas 1448, de la cual se dice que estaría vigente hasta 2030, siempre y cuando se dispongan los recursos suficientes.

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Otoniel Umaña Murgueitio - @Otonielumaa

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