Por: Gustavo Gallón

Mate ahora que le rebajan después

CURSA EN EL CONGRESO UN PROYECto para prorrogar indefinidamente la Ley 975 de 2005 (llamada “de Justicia y Paz”) que permitiría continuar reduciendo hasta cinco a ocho años, en vez de sesenta, las penas a paramilitares o guerrilleros que sigan masacrando gente de aquí en adelante.

Supuestamente, la justificación es que el Gobierno ha logrado desmovilizar, después de la vigencia de la Ley 975, más paramilitares de los que esperaba. Arguye que no sería justo con las víctimas que estos criminales no recibieran los beneficios judiciales que los incentiven a contar la verdad y facilitar que se haga justicia. Difícil concebir mayor cinismo: la justicia no consiste en reducir las penas a los victimarios, sino en garantizar verdad, sanción y reparación a las víctimas.

Así lo establecen claramente la Constitución y los tratados internacionales. Más aún, una verdadera “seguridad democrática” debería estar basada en ese propósito. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “resultan inadmisibles las amnistías, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, que pretendan impedir la investigación y, en su caso, la sanción de los responsables”.

 Doce mil paramilitares había en diciembre de 2002, cuando el Gobierno anunció su negociación con ellos. Se desmovilizaron 31.600 en forma colectiva. Se reprodujeron como conejos en las narices del Gobierno, supuestamente para desmovilizarse. Mientras se “desmovilizaban”, mataron o desaparecieron forzadamente a más de 4.300 personas. Este Gobierno cohonestó tanto el incremento como la criminalidad del paramilitarismo desde 2002: según el anterior Alto Comisionado para la Paz, “el cese al fuego (sería) una metáfora que debe(ría) manejarse con mucha flexibilidad”. Difícil encontrar una prueba más clara de complicidad con la violencia paramilitar.

Como la sociedad no ha reprochado fuertemente este descaro, el Gobierno insiste en promover mayor impunidad. Supuestamente, 25.000 paramilitares se desmovilizaron después del 25 de julio de 2005, fecha de adopción de la Ley 975, y el Gobierno pretendería con este proyecto de ley hacer extensivas a esos 25.000 paramilitares las rebajas de penas. Si ese es el caso, ¿por qué no se le informa al Congreso cuáles son los crímenes que tales grupos cometieron desde entonces, y por qué lo hicieron? ¿Por qué no se sometieron oportunamente a las negociaciones con el Gobierno (iniciadas desde diciembre de 2002) y a la Ley 975? Esa sería una discusión racional.

 Lo que no es admisible es que el Gobierno aspire en este momento a prorrogar una ley de impunidad para ser aplicada indefinidamente a cualquier criminal de lesa humanidad en el futuro. Ya es bastante absurdo que se haya aprobado en Colombia una legislación de “justicia transicional” sin transición. Más absurdo es que ahora se trate de promover una “justicia de transición permanente”, que tendría que declararla inconstitucional la Corte Constitucional colombiana, y violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos la Corte Interamericana.

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