Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Abogado en causa propia

LA ÚLTIMA RABIETA DE URIBE NOS permitió saber que el 7 de agosto desempolvará su tarjeta de abogado, porque asumirá la defensa judicial de todos los que por su cuenta y orden andan enredados en penosos procesos.

La diferencia de presidente a penalista, en su caso, es ninguna. Durante estos años de belicoso gobierno, Uribe ha ejercido como asesor de causas impublicables, valido de su credencial poderosa de mandatario: la “parapolítica”, la “yidispolítica”, las chuzadas y seguimientos, los “falsos positivos”, entre otros crímenes ejecutados bajo la sombra de la seguridad democrática, le esperan al improvisado litigante.

Los delirantes episodios de los últimos días no dejan duda alguna de que, por ejemplo, el verdadero defensor de Aranguren no es el muy distinguido y respetado penalista Vicente Gaviria, sino Uribe. En efecto, ya el picapleitos Uribe no niega que sí hubo guerra sucia contra los magistrados, apenas la justifica, alegando que los jueces de la más altas Cortes fueron perseguidos porque había indicios de que movían platas del narcotráfico. Con esa coartada infame arrancaron su defensa Bernardo Moreno y otros más de la “Casa de Nari”, que para ser justos deberían estar acompañando a Aranguren en su penoso trance.  Sí, la única injusticia ostensible en todo esta pavorosa historia cocinada en la sede presidencial, es que el único detenido sea Aranguren, no quienes dieron las órdenes o se beneficiaron de los reportes de chuzadas y seguimientos, que siguen atrincherados hasta el 7 de agosto, deshonrando a la Nación con sus demenciales campañas contra la justicia.

Lo cierto es que la prevaricadora denuncia disciplinaria del Gobierno contra la jueza que ordenó la detención de Aranguren no es más que una delictuosa maniobra para acallarla y de paso para intimidar a los otros  fiscales y jueces que conocen de las investigaciones contra la banda de la “Casa de Nari”, por las chuzadas y seguimientos ilegales a magistrados, políticos, opositores y columnistas.

 La inmoral estrategia está clara. Las irresponsables agresiones contra la justicia, más la vulgar denuncia contra la funcionaria que tiene detenido a Aranguren, busca menguar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales, de manera que cuando el futuro abogado —que no jurista— Uribe salte a los estrados, los encuentre, si no mansitos, al menos debilitados. Se equivoca de cabo a rabo; no es con gritos ni extorsiones como los jueces y fiscales conceden la razón, sino con verdades, que es de lo que carecen Uribe y su entorno siniestro.

Da asco el ataque visceral de Fabio Valencia Cossio y su obsecuente Viceministro de Justicia contra la jueza que encarceló a Aranguren, a quien acusan de favorecer narcos, sólo porque hace un año, para cumplir la ley y no incurrir en un prevaricato, debió excarcelar a unas personas sindicadas de este delito. ¡Qué hipocresía! Cuando otro juez dejó ilegalmente en libertad a Felipe Sierra, sindicado de narcotráfico, íntimo amigo del detenido hermano del ministro Valencia Cossio e invitado a Palacio a su posesión, no hubo denuncias del Gobierno ni gritos presidenciales o ministeriales contra ese controvertido funcionario. Claro, todo quedaba en casa, hasta hoy, cuando todavía Sierra sigue prófugo de la justicia.

 Uribe y sus hombres han emprendido una cruzada ilegítima contra los fiscales y jueces para que no se sepa lo que ellos sí saben que hicieron. Ojalá no lo logren, por el bien de Colombia.

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Adenda. Son tantos los oportunistas volteados de los últimos días a la campaña de Santos, que no va alcanzar el botín para todos los tránsfugas ansiosos de prebendas. Dan risa, tratando de justificar la traicionera voltereta, pero dan más lástima, al entregarse sin dignidad y sin futuro.

 

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