Por: Eduardo Sarmiento

Reforma agraria

El Ministro de Agricultura presentó un proyecto de ley para acelerar la restitución de tierras a los desplazados por la violencia. La medida ha sido interpretada como la continuación o la reanudación de la reforma agraria.

El sector agrícola en los últimos veinte años ha sido materia de grandes bandazos. En 1991 la agricultura se pretendió modernizar bajando los aranceles y sometiendo al sector a la competencia internacional. La política le significo al país el desplazamiento masivo de los cultivos de granos, como arroz, maíz, algodón soya y sorgo. A los pocos meses de iniciar el experimento el área agrícola cayó 25% y nunca se recuperó en los últimos veinte años. Por lo demás, la productividad por hectárea no ha variado significativamente. De acuerdo con la FAO, la producción per cápita de Colombia descendió en los últimos nueve años, revelando el peor desempeño de Suramérica.

La respuesta a este comportamiento no podía ser más insensata. Los gobiernos se comprometieron con los TLC que profundizan la liberación comercial y, aún más grave, proscriben la protección con aranceles a tiempo que permiten la aplicación de subsidios por parte de los socios. Adicionalmente, han pretendido compensar los daños de la competencia internacional con el programa de Agro Ingreso Seguro, que canaliza un cuantioso subsidio por conducto de crédito. En razón de la enorme concentración patrimonial del sector, el subsidio por definición tiende a favorecer a los empresarios agrícolas de mayor tamaño, que usualmente registran mayor productividad.

Hoy en día el sector agrícola se encuentra ante una curiosa contradicción. De un lado se establece una entrega masiva de tierras con asistencia técnica y crédito. Del otro, se mantiene el programa de Agro Ingreso Seguro, que por su concepción y el predominio del mercado tiende a favorecer las empresas de gran tamaño, que por definición tienen mayor productividad y competitividad internacional. En este contexto, los receptores de tierras estarían expuestos a competir con las tecnologías y los subsidios de los países desarrollados y de las grandes explotaciones nacionales.

La supervivencia de las empresas de reforma agraria estaría condicionada a bajísimos ingresos para compensar las diferencias de productividad y tenderían a desaparecer. Al igual que sucede en Brasil y Argentina, a la larga la mayor parte de la producción se realizaría con un número reducido de grandes empresas.

La coexistencia entre grandes y pequeñas sólo podría mantenerse con una amplia intervención del Estado, mediante una gran empresa orientada a adquirir y guiar las unidades productivas de gran extensión. Su principal misión sería recuperar los mercados de granos y ganadería desplazados por la apertura comercial y los TLC.

Por la vía del monopolio público, ésta  estaría en capacidad de trazar la línea entre la producción de las unidades pequeñas y las empresas extensivas en tierra. Así, las empresas de reforma agraria tendrían una protección para sembrar y colocar sus cultivos especiales.

La inviabilidad del proyecto agrícola oficial surge del intento de adelantar una reforma agraria dentro de la globalización y cuantiosos incentivos a las grandes empresas y el capital. El impasse sólo podría superarse dentro de una abierta intervención oficial orientada a extender la reforma agraria a las grandes empresas.

 

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