Por: Cecilia Orozco Tascón

Los "jueces" y el "juez"

NO PODÍA SER SINO UN CHISME (¿O un chiste?) el que se filtró hace un par de noches a través de CM&, y que varios medios difundieron ayer con fruición mientras le bajaban importancia a los desarrollos del escándalo por el macroespionaje ilegal del DAS.

 Según el rumor, dicho con la identidad de los ‘magistrados’ del Consejo Nacional Electoral responsables del presunto concepto, este tribunal, compuesto por representantes de los partidos políticos dominantes, acusaba a los verdes de lo que siempre han practicado los sancionadores, los supuestos jueces. De acuerdo con la publicación que después el presidente del CNE desmintió, en el documento contra el Partido Verde se leía que “vender como servicio el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico brinda a los candidatos, es una reprochable práctica en la que se incuban el clientelismo y la corrupción”.

El motivo para ‘condenar’ al movimiento de los ex alcaldes era el de un contrato entre la gerente de la campaña verde y Sergio Fajardo por $48 millones, para pagarle a éste los gastos en que incurriera en la primera y la segunda vueltas presidenciales. Apenas lógico. ¿O Angelino Garzón pagó de su bolsillo las correrías que hizo como candidato a la Vicepresidencia? Para ser franca, ese valor es ínfimo si se compara con los costos que reportan al CNE, sin tanta transparencia, los aspirantes a cargos de elección popular. Los tres consejeros que emitieron tal pronunciamiento, ¿tendrían la voluntad de afirmar algo similar de la campaña de Santos, por ejemplo? La pregunta es válida porque uno de los ‘magistrados’ que regañan a los verdes es de la U; el segundo, del liberalismo gubernamental, y el tercero, de la belleza del PIN; este hombre, por cierto, hizo parte de una terna enviada por el ex presidente Uribe al Consejo Superior de la Judicatura. ¿Se imaginan ustedes a uno del PIN regañando a Fajardo o a Mockus porque éstos “incuban con sus prácticas el clientelismo y la corrupción”? ¡Ay, Dios mío! Lo que toca ver en este mundo.

A propósito. Con una habilidad política asombrosa, el Procurador General de la Nación parece calcular sus decisiones y distribuirlas en el tiempo. Primero destituye a Sabas Pretelt, ex ministro de Uribe; semanas después saca de su bolsa la cabeza de Piedad Córdoba, para saciar a la horda; y días más tarde, en una demostración teatral de equilibrismo, les da la misma medicina a altos funcionarios de la administración pasada: Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera, y Andrés Peñate, el mejor librado de los mencionados.

Claro, puedo estar equivocada y el curso de todos los procesos anteriores, junto con su cierre, se ejecutaron de manera simultánea, como en una carrera de infarto, por pura casualidad. Sea como sea, lamento que la era disciplinaria más notable del doctor Ordóñez coincida con el ascenso al poder de un nuevo Jefe de Estado. Habría sido una prueba dura del Procurador si se hubiera atrevido a ser el ‘juez’ implacable que es hoy, de Pretelt, Moreno y cía., con el señor Uribe sentado en la Casa de Nariño, como le correspondió hacerlo a la Corte Suprema contra los aliados parapolíticos del oficialismo, razón por la cual fue perseguida hasta límites inconcebibles. Entonces, Ordóñez no vio nada condenable. Se limitó a ofrecerse como “mediador” entre los togados víctimas y los victimarios que antes respetaba como interlocutores válidos, y que ahora sin jefe que los defienda, se complace en destituir.

 

 

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