La Lizama: la esperanza revive tras el derrame de crudo de 2018

hace 4 horas
Por: Gustavo Gallón

Víctimas: apertura y atavismos

A DIFERENCIA DE SU ANTECESOR, el Gobierno actual ha comprendido la necesidad de reconocer a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, incluidas las cometidas por agentes estatales.

Por eso, el proyecto de ley sobre víctimas presentado el 27 de septiembre al Congreso pretende que se les brinde una reparación “integral”, conforme al derecho internacional.

Allí se advierte que la reparación administrativa no impide la vía judicial, mientras que en el pasado reciente quiso reducirse todo a una ínfima indemnización decretada por el Ejecutivo. Se garantiza el derecho de las víctimas a ser informadas sobre el inicio, desarrollo y terminación de procesos, y sobre varias decisiones importantes que se adopten en ellos, aun en casos de reserva legal o de confidencialidad, y se reconoce su derecho a ser oídas y a pedir y presentar pruebas, dentro de la actuación penal. Se establece una discriminación positiva en favor de grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones (víctimas de violencia sexual, mujeres, niñas y niños, grupos étnicos, líderes sociales, defensores de derechos humanos, desplazados). Se reconoce a las víctimas su derecho a participar en la definición y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación. Además de los derechos a la verdad, justicia y reparación, se explicitan las garantías de no repetición, incluidos el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y el efectivo control civil sobre las fuerzas de seguridad. Se respeta la necesidad de realizar consulta previa en relación con medidas de reparación para las poblaciones indígenas y afrocolombianas. Y mucho más.

Pero, al igual que su antecesor, el Gobierno actual insiste tozudamente en que esta política de reparación no implica reconocimiento de la responsabilidad del Estado por el daño causado a las víctimas. Puede que tenga razón en algunos casos, pero son la minoría. En todas las violaciones cometidas por agentes del Estado y en muchísimas de las cometidas por paramilitares está implicada la responsabilidad estatal, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También puede estarlo, por omisión, en algunas de las violaciones cometidas por grupos guerrilleros. Por lo tanto, recalcar la ausencia de responsabilidad no es sólo una precaución jurídica ni un purismo semántico, sino que puede limitar la voluntad política de reparar integralmente a las víctimas. No es extraño entonces que el proyecto insista, reiteradamente también, en la “sostenibilidad fiscal” como condición para las medidas de reparación. Todo el mundo sabe que la plata es limitada, pero recordarlo a todo momento, advirtiendo además que el Estado no es responsable del daño, equivale a decir: “Te pago… si consigo con qué, y lo hago por compasión”.

Mejor sería decir: “Aunque en algunos casos el Estado puede no tener responsabilidad, hará todo lo posible para conseguir los recursos necesarios para reparar integralmente a las víctimas”. Si se avanza hasta allá, no sólo se hará justicia, sino que se hará menos difícil la reconciliación. Pero mucho depende de hasta qué punto está dispuesto este Gobierno a diferenciarse de su antecesor… o el antecesor a dejarlo.

* Director Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org.

 

 

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