Por: María Elvira Samper

Crimen y castigo

CASTIGAR, CASTIGAR, CASTIGAR… Castigar a los menores con penas para mayores parece ser el criterio político-criminal que se impone como respuesta al auge de las bandas y nuevas modalidades de criminalidad en las que cada vez hay más jóvenes involucrados.

Botón de muestra es el proyecto para modificar el Código de Infancia y Adolescencia, cuyo objetivo es convertir en sujetos de responsabilidad penal a los adolescentes comprometidos en delitos graves, con penas de hasta 12 años de reclusión.

El proyecto obedece a una tendencia que ha hecho carrera en los países desarrollados y que por contagio ha llegado a los nuestros: Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Colombia. Los expertos la llaman “populismo punitivo” y se basa en la idea de que las patologías sociales pueden resolverse con el Código Penal. En otras palabras, que con el Derecho Penal puede hacerse política social.

El cuadro clínico para llegar a este tipo de propuestas es el mismo en todas partes: la gente, muy sensible a la inseguridad, confirma sus angustias y preocupaciones en las noticias sobre hechos violentos que ocupan las primeras planas de los medios —las que dan rating—, y cuando se presentan picos de criminalidad presionan por soluciones de mano dura. Los políticos, que equivocadamente creen que el Derecho Penal tiene propiedades curativas, responden con proyectos para endurecer penas y disminuir la edad de la imputabilidad penal.

El problema es que no hay evidencia empírica que indique una correlación directa entre aumento de penas y disminución del crimen. Por ejemplo, en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde acaban de aprobar una ley que tipifica como delito la sola pertenencia a bandas criminales, éstas siguen creciendo, lo mismo que los delitos atribuidos a ellas: homicidio, extorsión, secuestro, violación… Todo indica que las políticas punitivas que la sociedad pide, aprueba y aplaude sin beneficio de inventario no producen los resultados esperados y finalmente dejan intactas las organizaciones criminales, que siguen reclutando jóvenes marcados por la pobreza y la marginalidad.

Nadie niega la necesidad de tomar medidas con respecto a los menores implicados en actividades delictivas, pero hay que superar la óptica fácil y simplista de la penalización, porque esos jóvenes no sólo son victimarios: son víctimas. Víctimas de maltrato familiar, de un entorno social violento, de la falta de oportunidades, de modelos de vida en los que el dinero fácil y la violencia son ley, y que les refuerzan la creencia de que para salir de su situación de desventaja el camino son las actividades ilegales que les permiten obtener lo que no pueden lograr por la vía legal, o tener oportunidades que la sociedad no les da.

Penalizar como adultos a los menores no parece la estrategia más adecuada para ganar la guerra contra la delincuencia. Así lo entienden los enemigos de la iniciativa, entre ellos la Procuraduría que, entre muchas razones, destacan que va en contravía de la Convención de los Derechos del Niño, que exige un tratamiento diferencial para los menores que delinquen.

Más rentable que invertir en centros de reclusión es hacerlo en educación, salud, cultura, deportes, programas vocacionales y de atención a las familias y comunidades en riesgo, en políticas contra la violencia doméstica y de prevención del delito, en fin… No se trata de eximir a los menores de responsabilidad, pero endurecer las penas no ha probado ser el mejor remedio. No todo se arregla con más cárcel. A veces es peor que la enfermedad.

 

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