Por: Salomón Kalmanovitz

La reforma agraria en perspectiva

EN 1936 LA INICIATIVA DEL GOBIERno liberal de Alfonso López Pumarejo, de otorgar derechos a colonos, aparceros y arrendatarios, condujo a la reacción conservadora y clerical que culminó con la violencia (1946-1966). Hubo suficiente resistencia para frenar la reforma y precipitar la expulsión de muchos dependientes de haciendas, mientras se impedía que los títulos extensivos de propiedad se cuestionaran.

En política, el radicalismo conservador polarizó el país hasta llegar a armar civiles para atacar a sus enemigos en amplios territorios del país. Se trató de una guerra civil y de una persecución al pueblo liberal desde el gobierno dictatorial de Ospina Pérez y Laureano Gómez que produjo, al menos, 180.000 muertos y más de 2 millones de desplazados, según las cifras de Paul Oquist.

Para reparar los daños más notorios del conflicto, el primer gobierno del Frente Nacional, una alianza entre los sectores conservadores moderados y el Partido Liberal, aprobó una ley de reforma agraria en 1961. Eran tiempos de guerra fría en que no se implementaba el concepto de justicia transicional y sus correlatos de reparación de víctimas, y derecho a la verdad sobre torturas, muertes y desapariciones. Por lo tanto, se operó bajo un manto de silencio sobre la penosa guerra que había producido tantas víctimas y tanto despojo.

La reforma agraria de 1961 fue torpedeada política y legalmente por los terratenientes hasta el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970), que decidió que se necesitaba empoderar a los campesinos para poderla implementar. Se organizó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) que tendría representación en todas las agencias agrarias del Gobierno y que presionaría por acelerar las titulaciones de tierras y por la prestación de los apoyos requeridos para que las nuevas unidades de producción prosperaran.

Las izquierdas de la época cortejaron a la ANUC que se dividió en sectores más o menos radicales. En 1970 y 1971 se coordinó un movimiento de toma de tierras que alarmó a los propietarios y a la derecha. Bajo el gobierno de Misael Pastrana se canceló la reforma con el llamado Acuerdo de Chicoral y los programas de gobierno de allí en adelante se volvieron asistencialistas. Posiblemente, la insurgencia pudo ampliarse más fácilmente entre colonos y campesinos ante el fracaso tanto de la reforma como de la izquierda legal en la orientación de la ANUC.

La letal combinación de insurgencia, paramilitarismo y narcotráfico en los años ochenta llevó el conflicto interno a niveles superiores a los de La Violencia. En efecto, por lo menos en términos de desplazamiento, se ha duplicado la cifra de personas despojadas de su propiedad o bienes: 4 millones de personas y unos 700.000 predios afectados. En términos de muertos y desaparecidos durante los últimos veinte años la cifra puede rondar 80.000 personas.

Este monumental desplazamiento y los intentos de legalizarlo durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe han sido razones de fondo para que la administración Santos decidiera intentar de nuevo reparar los daños más evidentes del conflicto interno. Pero tiene en contra todos los factores de poder, ahora magnificados, que han impedido reformar la atrasada y despótica estructura agraria colombiana en el pasado. ¿Habrá una nueva organización campesina? ¿Combatirá por la fuerza a narcos y a superlatifundistas? Abramos el compás de la espera.

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